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Una fotografía de dos negociadores de las FARC tomando el sol en un catamarán en Cuba contrasta con el semblante severo del presidente Juan Manuel Santos pidiendo celeridad en el diálogo de paz para terminar un conflicto de casi 50 años en Colombia.

Y para muchos colombianos, la imagen ilustra los diferentes ritmos del Gobierno y la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las negociaciones de paz en La Habana, que cumplen el martes un año.

El Gobierno y la guerrilla lograron acuerdos parciales en apenas dos de los cinco puntos de una agenda diseñada para que las FARC abandonen las armas y se transformen en un movimiento político. Y aunque es más de lo conseguido en varias décadas, el proceso de paz todavía es percibido como lento y precario.

Santos, un político de centro derecha que ha invertido su capital político en las conversaciones, necesita resultados para acallar a sus críticos e impulsar su posible candidatura a la reelección en el 2014.

«Ese es un proceso que es una burla, es un engaño para los colombianos y el único propósito es ayudar para la reelección de Juan Manuel Santos», dijo Oscar Iván Zuluaga, el candidato presidencial del opositor Centro Democrático, en una reciente entrevista con Reuters.

Según las encuestas, la mayoría de colombianos apoya los esfuerzos para negociar el fin de un conflicto que ha costado más de 200.000 vidas en la quinta mayor economía de América Latina.

Pero en una señal de las profundas divisiones sobre cómo enfrentar el problema, Zuluaga, un ex ministro de Hacienda apoyado por el ex presidente Alvaro Uribe, ha sugerido que si gana las elecciones abortaría las conversaciones con las FARC.

Santos sabe lo frágil que es el proceso de paz. El ex presidente Andrés Pastrana lo intentó en 1999, pero las negociaciones fracasaron luego de tres años hundiendo su popularidad.

Por eso, en parte, desde que se inició el proceso en La Habana, ninguno los bandos ha quitado el dedo del gatillo. Las Fuerzas Armadas siguen combatiendo a los guerrilleros y las FARC intensificaron sus ataques contra la infraestructura económica del país como oleoductos y torres de transmisión de energía.

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