El miércoles 17 de julio, después de más de cinco horas de testimonios e interrogaciones, el juez Woodlock condenó al ex director de vivienda pública, Michael McLaughlin. La condena vino casi dos años después de que el director renunciara a su puesto y un mes después de que la sentencia fuera pospuesta debido a nuevas evidencias y testigos.
En una sala de la corte federal, y frente a una audiencia de más de cien personas, quienes incluían decenas de inquilinos de vivienda pública de Chelsea, miembros comunitarios, la Fiscal del Estado de Massachusetts Carmen Ortiz y familiares del señor McLaughlin.
Un mes después de lo que hubiera sido una sentencia de simplemente meses en cárcel, Michael McLaughlin se vio frente a una condena de 3 años de prisión, 2 años consecuentes de libertad condicional y $4,000 de multas. El pasado 14 de junio, el juez tomo una decisión pocas veces vista: aceptó escuchar a dos testigos nuevos que presentaron evidencias en contra del ex director en cuanto a acusaciones de obstrucción de justicia.
Uno de los testigos fue James McNichols, encargado de la contabilidad de la Autoridad de Vivienda Pública y tenía una relación muy cercana con Michael McLaughlin. McNichols admitió haber mentido en declaraciones anteriores con el fin de proteger a McLaughlin. Sin embargo, de acuerdo a su testimonio, se sintió defraudado por McLaughlin, quien hace varios años había sido como un papa para él.
Además de haber permitido que estos dos testigos testificaran y fueran contrainterrogados, el juez Woodlock accedió a que dos inquilinos de vivienda pública dieran sus testimonios de cómo sus vidas fueron afectadas negativamente bajo el mando de Michael McLaughlin. Mildred Valentin y Jean Fulco, quienes viven en viviendas públicas de Chelsea, le relataron al juez las condiciones de vivienda que ellas y sus vecinos han tenido que soportar, tales como infestación de ratas y cucarachas, falta de calefacción en el invierno, moho en los apartamentos y una falta de atención a las condiciones en general.
Además de las condiciones físicas de los apartamentos, las inquilinas también relataron la continua intimidación que ellas y cientos de inquilinos más sufrieron por parte de la administración de McLaughlin. Como lo relataron en sus testimonios, muchos de ellos fueron amenazados con ser desalojados si se quejaban por sus condiciones de vida.
Este fue un momento histórico en el cual las voces y las historias de los inquilinos de vivienda pública fueron relatadas personalmente frente a un juez federal en un caso de tan alta magnitud. Si no hubiese sido por la intervención de los inquilinos de vivienda pública de Chelsea con la ayuda técnica de Nixon Peabody y Servicios Legales de Boston, la sentencia del señor Michael McLaughlin hubiese sido mínima y la justicia no hubiese llegado a Chelsea.
Durante la deliberación de la condena, la cual duro más de una hora, el juez Woodlock explicó la gravedad de la malversación de fondos públicos y reflexionó sobre la posibilidad de que McLaughlin no hubiera sido una persona privilegiada. Fue asi como explicó el porqué de una condena mucho más alta de lo esperado.
