Con un breve tuit enviado temprano por la mañana el día viernes 7 de junio por Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República de Venezuela, se inició una nueva fase en el largo calvario de la jueza María Lourdes Afiuni. Detenida desde el 10 de diciembre de 2009, primero en la cárcel de mujeres (INOF) y luego bajo arresto domiciliario por presunta colusión y corrupción al haber concedido libertad condicional a un empresario, María Lourdes Afiuni se convirtió ante los ojos de su país y del mundo, en el símbolo más notorio de cómo el sistema judicial venezolano ha sido convertido en un instrumento de retaliación política y personal de quienes dirigen el país.
El tuit de la Fiscal General que decía “Ministerio Público solicito aplicación de medida menos gravosa para la ciudadana María Afiuniâ€, cayó enteramente por sorpresa entre las personas vinculadas a la lucha por su liberación tanto dentro como fuera de Venezuela. De hecho, apenas se iniciaba una nueva campaña por su libertad y una decisión por parte de la fiscalía de aplicar “una medida menos gravosa†no aparecía en los planes de nadie. Pero incluso la decisión de aligerar su situación personal para afrontar el juicio que se le sigue ha sido un peldaño más en sus tribulaciones: el tribunal 17 del circuito judicial de la capital que debía traducir la solicitud de la fiscalía en acciones declaró ese día y la semana siguiente que “no había despachoâ€, con lo cual su liberación se prolongó por una semana. Finalmente, el viernes 14 el tribunal del caso tramitó la boleta de excarcelación y la juez Afiuni pudo salir a la calle como cualquier persona. Como condición se le impuso la presentación cada quince días al tribunal y la prohibición expresa de declaraciones a la prensa o comunicarse por los medios sociales. Las tres fases del caso El caso Afiuni puede dividirse en tres fases, que responden al tratamiento al cual fue sometida y a las variaciones en la presión nacional e internacional por su liberación.
La primera fase, la cárcel, fue la más dramática. En ese tiempo se puso de relieve de manera desnuda la actuación de la justicia como un acto de venganza personal del desaparecido presidente Chávez. La jueza María Lourdes Afiuni fue detenida el 10 de diciembre de 2009 por haber otorgado la libertad condicional al empresario Eligio Cedeño por presunta corrupción en el manejo de dólares preferenciales. El citado empresario había permanecido detenido sin juicio por cerca de tres años y respecto a su caso se había pronunciado en dos ocasiones el Comité de Naciones Unidas contra la Detención Arbitraria. Fueron esos pronunciamientos de Naciones Unidas y la ausencia en el expediente de prueba alguna de los hechos que se le imputaban, lo que condujo a la jueza Afiuni a decidir a favor de la libertad con régimen de presentación para Cedeño.
Para entonces la justicia venezolana ya había dejado de ser un poder con relativa autonomía para convertirse en herramienta accesoria del poder ejecutivo, de modo que su encarcelamiento no fue fortuito: el 11 de diciembre de 2009 a las 9:30 de la noche, en cadena de radio y televisión, el presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, ordenó al Poder Judicial condenar a la jueza María Lourdes Afiuni a la pena máxima de 30 años de cárcel. El día siguiente Afiuni fue acusada por cargos de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal y el 18 de diciembre, sin orden judicial, trasladada de los calabozos del Sebin (policía política) a una cárcel de mujeres (Instituto Nacional de Orientación Femenina INOF).
En la cárcel la jueza Afiuni fue sometida a todo tipo de vejámenes, humillaciones permanentes y amenazas de muerte. Contra lo dispuesto en la legislación nacional e internacional, fue encarcelada con personas que ella había procesado condenado. Peor aún, en dos ocasiones fue violada, primero por otras detenidas y luego por guardias nacionales en una ocasión en que fue dejada sola con un grupo de ellos en la enfermería. Como consecuencia su salud se deterioró a pasos agigantados y a fines de 2010 tuvo un aborto que la puso al borde de la muerte.
Durante su período en prisión le fue negado el derecho a ser examinada por médicos de su confianza y en una ocasión en que fue llevada al Hospital Militar le quisieron practicar exámenes en presencia de los guardias nacionales. A inicios del año siguiente, dada su gravedad, le fue practicada de emergencia una histerectomía y cambiado su estatus por arresto domiciliario.
Desde el mismo momento de su arresto se encendieron todas las alarmas entre las organizaciones nacionales y regionales de derechos humanos. Primero por tratarse de un juez en pleno ejercicio y segundo por ser mujer, lo que hacía mucho más gravosa su condición y las interminables acciones en contra de su salud física y mental. Especial relevancia tuvieron el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y el Comité de Naciones Unidas contra la Detención Arbitraria, cuyas resoluciones la jueza había seguido en su dictamen a favor del empresario Eligio Cedeño, pero también organizaciones regionales e internacionales como el Comité Internacional de Juristas, así como diversas organizaciones europeas. También se manifestaron personalidades como Noam Chomsky, una de las figuras más conocidas de la izquierda mundial, inicialmente de manera privada y con posterioridad de manera pública.
Una segunda fase se inició una vez abandonó la cárcel por el arresto domiciliario. Salir de prisión representó una mejora sustancial, pues pasó a vivir bajo los cuidados de su familia, pero impedida de tomar sol, declarar a la prensa, así como continuar sus cuidados médicos con personas de su confianza. Numerosas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, tomaron la defensa de sus derechos como bandera. En mayo del año 2011 el profesor Chomsky publicó una carta abierta a los venezolanos y al mundo en la cual solicitaba una medida humanitaria para la juez argumentando que “había sufrido demasiado†y en consideración a la vocación humanista que la revolución bolivariana reclamaba para sí.
Entretanto se produjeron contactos con personeros del gobierno para solicitar su liberación por parte de Chomsky y un grupo de personas de la Universidad de Harvard. Como resultado, el esfuerzo internacional arreció. Chomsky y su grupo intentaron una presión por parte de los gobiernos de Argentina y Brasil que no dio resultado porque ya el Presidente Chávez estaba muy enfermo y su enfermedad copaba la escena. También en octubre de 2011 se produjo en Ginebra el Examen Periódico de los Derechos Humanos en Venezuela por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde el caso Afiuni tuvo un lugar prominente tanto en término de argumentación formal como en las discusiones informales.
Pero el gobierno no daba su brazo a torcer. Como se aproximaba el tiempo electoral, el caso corría el riesgo de politizarse al extremo, disminuyendo las posibilidades de una medida humanitaria. En efecto, a pesar de otra carta abierta del profesor Chomsky a fines de 2011 y de la intensa presión desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el caso fue perdiendo fuerza en Venezuela, no así internacionalmente.
Entrado el año 2012 y ya en plena campaña electoral, el caso Afiuni pasó a engrosar la lista de otros casos considerados como presos políticos.
En julio de 2012 y a pesar de la intensa campaña electoral que obligó al finado presidente Chávez a un esfuerzo sobrehumano por el cáncer que lo aquejaba, el profesor Chomsky volvió a la arena pública, esta vez por televisión en una entrevista por CNN.
Entretanto en Venezuela la situación de la jueza sufrió un cambio importante. Desde el inicio Afiuni había rehusado presentarse a juicio, primero por la parcialización del juez de la causa y segundo porque tanto ella como sus defensores argumentaban que a la fiscalía venezolana no le asistía la razón ni para su encarcelamiento ni para llevarla a juicio. Hasta mediados de 2012 el juicio estuvo paralizado porque las leyes venezolanas no la obligaban a presentarse. Pero alrededor de septiembre la legislación fue modificada y se pudo iniciar el juicio. Desde entonces, el juicio ha ocurrido a cuentagotas, con la presentación de una larga lista de testigos, todos los cuales han verificado la versión de la juez y sus abogados: ninguna irregularidad fue cometida en la decisión de la Afiuni de liberar a Eligio Cedeño. También se publicó el libro del periodista Francisco Olivares “Afiuni, la presa del Comandante†(Syngular, Caracas, 2012) donde se revelaron al público por primera vez las violaciones de que fue objeto y el aborto que tuvo en la cárcel.
La tercera fase recién se inicia, ahora que la juez Afiuni ha sido puesta en libertad condicional con régimen de presentación.
La decisión de concederle libertad condicional se hace a cambio de negarle derechos cívicos como la expresión de su opinión, tanto en declaraciones a la prensa como a través de los medios sociales, especialmente Twitter que en Venezuela ha logrado un papel muy relevante en la opinión. Su caso no termina. Al poco tiempo de dictarse la nueva decisión, organizaciones como Amnistía Internacional plantearon su inconformidad, pidiendo que fuera liberada de manera definitiva, restituida en su cargo y devueltos sus derechos cívicos más básicos.
El efecto Afiuni Lejos de ser un caso aislado, el caso de María Lourdes Afiuni se convirtió en el símbolo más elocuente de cómo la justicia en Venezuela ha devenido un instrumento del gobierno para criminalizar a sus adversarios. Pero si en otros casos la conexión política es bastante obvia, no ha sido así en el caso Afiuni. En cambio las consecuencias al interior del sistema judicial han sido funestas pues el miedo ha terminado por imponerse y ningún juez se atreve a tomar una decisión que involucre la libertad condicional o que signifique contrariar a algún político oficialista. Esto conspira contra la fluidez de las decisiones judiciales y conduce al alargamiento de casos que perfectamente podrían ser tratados en libertad.
Es el efecto Afiuni. Como resultado, a la sobrepoblación de las cárceles se añade la acumulación de casos no resueltos o de crímenes menores que sobrecargan al sistema carcelario. Es de esperar que en un futuro no demasiado lejano Venezuela pueda volver a un mínimo de regularidad en su sistema judicial, extirpando para siempre su rol de instrumento del gobierno y facilitando la fluidez en la toma de decisiones. Si ello ocurriera, los sufrimientos de María Lourdes Afiuni no habrán sido en vano.
