Hasta no hace mucho, acusar a grandes compañías multinacionales ※especialmente si son petroleras※ de desastres ecológicos en América Latina equivalía poco menos que soñar despierto. Si en algo las circunstancias han cambiado, en no poca medida ello se debe a la decisión de un tribunal ecuatoriano tomada en febrero de 2011 que obliga a Chevron a pagar un monto de alrededor de $18 billones de dólares. En términos monetarios constituye el segundo pago por compensación de daños, detrás de los $20 billones acordados a BP por el derrame en el Golfo de México.
El caso se inicia hace varias décadas, cuando a fines de los años sesenta Texaco incursiona en la exploración y explotación de pozos petroleros en Lago Agrio, ubicado en Sucumbíos, en el Oriente ecuatoriano, zona selvática ubicada a unas diez millas de la frontera con Colombia. Como era moneda corriente en la época, el agua que fluye cuando se hace la perforación nunca fue procesada, ni tampoco reinyectada en los pozos ※otro mecanismo utilizado por las compañías petroleras ※para la recuperación secundaria. El litigio se inicia en 1993 cuando una coalición de individuos, grupos indígenas, organizaciones ecologistas del país y de EEUU introdujeron una demanda en un tribunal de Nueva York por graves daños contra Chevron, que en 1992 había absorbido a Texaco, sus activos y sus pasivos. A partir de allí se inicia el larguísimo proceso judicial, el cual se ha litigado inicialmente en Nueva York, luego en Ecuador en relación con los impactos ambientales y de nuevo en EEUU por parte de Chevron contra promotores de la demanda por falsificación de pruebas.
Conforme a los argumentos de la demanda inicial, mientras Texaco operó en Ecuador derramó en la zona alrededor de 18 billones de galones de desperdicios tóxicos, principalmente en cientos de lagunas y pozos abiertos que han ocasionado gravísimos daños ambientales, así como impactos a la salud de las poblaciones indígenas de la zona. Chevron se ha negado sistemáticamente a compensar los daños aludiendo inicialmente que el juicio no podía ocurrir en Nueva York; luego, cuando el juicio fue trasladado a Ecuador intentó por todos los medios torpedear la acción judicial o propiciar un arreglo con el gobierno simulando que limpiaba zonas afectadas.
Cuando al fin se produce en 2011 la sentencia del juez que favorece a un grupo de 47 indígenas que han asumido la vocería de la causa, lograron una decisión favorable de un tribunal comercial en Holanda porque la sentencia inicial contradice acuerdos comerciales entre EEUU y Ecuador. Sin embargo, el juez ecuatoriano en cuyas manos cayó la apelación por esta decisión estableció que los derechos humanos de los habitantes de la zona prevalecen por sobre los intereses comerciales, por lo cual ratificó la decisión.
Frente a esta situación legal Chevron ha actuado de nuevo en un tribunal neoyorquino ※extrañamente ahora sí fue acordada la radicación del juicio en EEUU※ demandando a la parte acusadora de haber torcido los elementos técnicos sobre el impacto ambiental. Entretanto, se han realizado nuevas acciones contra Chevron en 6 países y en particular Argentina le congeló los activos a la empresa mientras se acuerda una decisión definitiva.
El grupo indígena que interpuso la demanda todavía no ha recibido compensación ni justicia pero con su acción ha hecho valer derechos esenciales frente a una de las corporaciones más grandes del mundo. De hecho, Chevron se ha visto obligada a actuar de manera diferente en otros países, como es el caso de Nigeria, pero la mancha negra de su responsabilidad por el crimen ecológico de Texaco en Lago Agrio la perseguirá por siempre.
