Antes de ser electo y en el período posterior a su elección como presidente de México, de Peña Nieto se decían muchas cosas: que podía representar la vuelta del populismo rampante, que el PRI no había cambiado realmente para poder asumir los retos actuales del país, o que era un “niño bonito†modelado por la TV. En síntesis, poco prometían cambiar las cosas en México. Quien esto escribe llegó a manifestar dudas similares. Pero en el poco tiempo tras su toma posesión ha adelantado acciones que desdicen de estas primeras interpretaciones.
Por una parte, se ha rodeado de un equipo de gente de cuya seriedad profesional pocos dudan. No estamos en presencia de la clásica composición del priismo antes de su caída en donde había esencialmente representación de grupos de interés muy poderosos. Acá hay naturalmente políticos curtidos del PRI pero en buena medida reflejan una nueva generación que ha intentado cambiar las claves de funcionamiento del partido en varios estados, sazonados por prestigiosos expertos.
Por otra parte, ha mostrado cautela frente al narcotráfico, un tema que en ningún momento fue el eje de la campaña electoral de ninguno de los candidatos. Pero tampoco ha sido el foco de su acción más directa por dos razones adicionales: porque el margen de maniobra de cualquier gobierno al respecto es limitado y porque si reniega abiertamente de su predecesor puede lucir como echado en los brazos de los “cartelesâ€. Al respecto, apenas ha manifestado Peña Nieto que seguirá combatiendo con firmeza a la delincuencia organizada.
Sin embargo, ha tomado dos decisiones de gran importancia para restablecer la confianza con el público, que terminó muy desesperanzado con el sexenio de Calderón. Por una parte, le dio luz verde a la Ley General de Víctimas, frente al cual la administración saliente había interpuesto un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que la había retrasado. Por la otra, en una señal rotunda para diferenciarse sin mucho aspaviento del presidente anterior, admitió la existencia de 26.121 desaparecidos, lo que también representa una bocanada de aire fresco en la búsqueda de una acción sólida en pro de la justicia y un paso importante en la lucha contra la impunidad.
Pero también ha actuado con sentido estratégico y audacia táctica. Lo prueba la decisión de iniciar su acción de gobierno propiciando una reforma educativa que facilite la mejora en la calidad con que son formados los mexicanos. Normalmente las acciones gubernamentales dejan los temas estratégicos para después y se ocupan de lo más urgente. Pero el nuevo presidente decidió iniciarse con un problema que amenaza con hacer perder a México el tren del progreso si no es atacado pronta y eficazmente, cuando el capital político del presidente está intacto.
Pero, más que la reforma en sí misma, que refleja una vocación de largo plazo, la nueva administración ha decidido actual sin dejarse presionar por los poderosos intereses sindicales que han obrado tradicionalmente en el sector educativo mexicano, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Este sindicato ha estado conducido por 23 años por la dirigente Elba Esther Gordillo, reelecta en 2012 por 6 años a la cabeza del sindicato y de quien se pensaba que era demasiado grande para caer. En una acción drástica, digna de Hollywood, la Procuraduría mexicana la ha acusado de “violación a la Ley contra la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícitaâ€. Con ello cristaliza una importante decisión contra la impunidad. La imagen de la otrora todopoderosa dirigente tras las rejas hace pensar que Peña Nieto va en serio.
Leonardo Vivas Peñalver es director de la Iniciativa Latinoamericana del Carr Center for Human Rights Policy de la Kennedy School de Harvard University, y conductor del programa Detrás de la Noticia que se transmite por MasTV los martes a las 10:00am. Su e-mail es leonardo_vivas@harvard.edu Twitter: @Leovivasp
