Cuando Lugo fue destituido por el Congreso de Paraguay en una suerte de mociA\0xB3n de censura, la respuesta de los gobiernos suramericanos agrupados en torno a UNASUR no se hizo esperar: condena, quiebre de la democracia, A»golpe parlamentarioA» y otras lindezas. Todo sonA\0xB3 a A»dA ja vuA», a pelA\0xADcula repetida, a la misma reacciA\0xB3n ocurrida cuando el golpe de estado en Honduras. La diferencia estriba en que en Paraguay no se produjo golpe de estado. Ciertamente la decisiA\0xB3n fue apresurada pero se realizA\0xB3 conforme a lo establecido en el texto constitucional de ese paA\0xADs. Que hubiera sido preferible un proceso menos abrupto, seguramente. Pero eso no hubiera cambiado las cosas: tarde o temprano iba a ser destituido, a juzgar por la casi unanimidad de la cA!mara baja y la casi totalidad del senado. El argumento del debido proceso, esgrimido por UNASUR, no aplica en este caso porque no se trata de un proceso judicial. Al ser estrictamente polA\0xADtico no hay confrontaciA\0xB3n y refutaciA\0xB3n de pruebas basadas en evidencias materiales, jurisdiccionales o forenses. A
Frente a la aceptaciA\0xB3n inicial de Lugo destaca la reacciA\0xB3n de los paA\0xADses suramericanos. Agrupados en torno a UNASUR, los paA\0xADses condenaron de inmediato la decisiA\0xB3n, sin tomar en cuenta las particularidades constitucionales de Paraguay. De igual manera MERCOSUR, la organizaciA\0xB3n comercial del AtlA!ntico Sur en el continente ha negado la participaciA\0xB3n del nuevo presidente designado por el Congreso paraguayo. La OEA, en cambio, ha sido prudente. A juzgar por su retA\0xB3rica y decisiones, para la mayorA\0xADa de esos paA\0xADses la democracia es sA\0xB3lo la presidencia. Tampoco importa que otros presidentes hayan sido destituidos en Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador. A los gobiernos resultantes de esas crisis nadie les negA\0xB3 su carA!cter democrA!tico. Tal pareciera que UNASUR ha sido creada para defender los intereses de los presidentes sudamericanos. Un Club de Presidentes, pues.
Aunque los mA!s vehementes han sido los paA\0xADses de la ALBA, especialmente Venezuela y Ecuador, no han sido sA\0xB3lo regA\0xADmenes izquierdistas los que se han manifestado. Este coro presidencial responde a una tendencia erizada de peligros. Se defiende a capa y espada a presidentes mientras los organismos regionales se hacen la vista gorda frente a los abusos presidenciales, como la larga lista de violaciones constitucionales del aspirante a monarca en Venezuela, el copamiento del tribunal supremo en PanamA! con jueces favorables a su presidente, o los innumerables agravios del Presidente Uribe contra el estado de derecho en Colombia, escondidos bajo el manto de sus A(c)xitos contra las FARC. Pero tambiA(c)n la torsiA\0xB3n indiscriminada de la constituciA\0xB3n por parte del presidente nicaragA\0xBCense para mantenerse en el poder o los abusos contra la prensa por parte del presidente ecuatoriano. Ciertamente la andanada contra la democracia en el continente no guarda comparaciA\0xB3n con las dictaduras del pasado, pero no es menos cierto que estamos en presencia de una guerra de baja intensidad contra poderes pAoblicos distintos al ejecutivo.A
La propia OEA ha sufrido estos embates en carne propia. En una asamblea reciente de la organizaciA\0xB3n, el mismo club de presidentes que hoy critica a Paraguay se trazA\0xB3 como objetivo menoscabar y descalificar el papel de organizaciones autA\0xB3nomas del organismo regional como son la ComisiA\0xB3n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la corte respectiva. El presidente venezolano, que hoy lanza denuestos contra la violaciA\0xB3n de los derechos del ex-presidente Lugo es el mismo que hace poco llamA\0xB3 a su paA\0xADs a salirse de la CIDH, so pretexto de que ese organismo viola la soberanA\0xADa de su paA\0xADs, la misma soberanA\0xADa ejercida constitucionalmente por el Congreso de Paraguay en ocasiA\0xB3n del juicio polA\0xADtico a su presidente.Cosas veredes, Sancho.