Inmigrantes y activistas en Estados Unidos se enfocarán en el 2012 en evitar que más estados del país aprueben duras leyes migratorias que han impactado la vida de los hispanos.
Julia Cáceres nunca olvidará cuando cinco agentes se plantaron en la puerta de su casa de Queens a las 06.30 del 20 de septiembre.
«Dijeron que venían por mí. Me sacaron en pijama. Ni me dejaron decir nada a mis hijos», relató la ecuatoriana que no tiene autorización para residir en Estados Unidos. Fue llevada a la sede policial de Nueva York, a una cárcel de Elizabeth, en Nueva Jersey, a otra de Newark, en el mismo estado, para acabar en un centro de detención de Jena, en Luisiana.
El 20 de octubre, una agente a bordo del avión que la iba a deportar a Ecuador se dio cuenta de que sangraba y la sacó del aparato. Cáceres estaba embarazada, pero en medio de esta experiencia perdió el bebé. Las autoridades la devolvieron a Nueva York por razones médicas.
La prometida reforma migratoria que al presidente Barack Obama le valió el apoyo hispano en las pasadas elecciones, parece ahora esfumarse como el humo. Tanto organizaciones de defensa de inmigrantes como el gobierno de Obama consideran improbable su aprobación antes de noviembre de 2012.
Así que los esfuerzos se centrarán en impedir que se propague por el país la tendencia de imponer rigurosas legislaciones a nivel estatal que están causando estragos, no sólo a nivel social entre los inmigrantes sino en la economía.
Activistas como Sarahi Uribe, coordinadora de campaña para la Red nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) saben que «esperanzas para una reforma migratoria a nivel federal no existen porque la política ahora es que realmente no tenemos los votos. No hay suficientes demócratas ni republicanos con la voluntad de aprobarla».
«Tampoco ocurrirá en los próximos años. Por eso nos estamos enfocando en las batallas locales», explicó.
La directora del Centro Nacional de Ley de Inmigración, con sede en Los Angeles, Marielena Hincapié, coincidió en que «el clima político no parece estar ahora abierto a un proyecto federal de ley migratoria. Los republicanos no querrán darle a Obama esa victoria».
El panorama está pintado por las cifras de deportaciones más altas de la historia, que reflejan una persecución a los inmigrantes como pocas veces antes se vio y con ello proliferan historias de distanciamiento entre familiares y desarraigo.
Con esa coyuntura, la reforma migratoria quedó desplazada por debates sobre el papel que juegan los estados y departamentos de policía locales en políticas de inmigración y sobre si la autoridad sigue la directriz del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de deportar especialmente a quienes representen un peligro para la seguridad.
Ese giro se dio en virtud de que a falta de una reforma federal, estados como Arizona o Alabama impulsaron sus propias leyes de inmigración, forzando en algunos casos a padres a mostrar el estatus migratorio de sus hijos cuando los inscriben en la escuela o promoviendo que policías interroguen a alguien sobre su estatus si tienen «sospechas razonables» de que no está autorizado para permanecer en el país.
Este año 30 estados presentaron su propia legislación migratoria, aunque en 20 fueron rechazadas. En otros cinco, estas leyes podrían ser consideradas y en los cinco restantes – Alabama, Utah, Indiana, Georgia y Carolina del Sur – legislaciones en contra de la llegada de inmigrantes sin autorización han sido aprobadas. El Departamento de Justicia ha presentado demandas contra varias de esas legislaciones.
Aproximadamente 820.000 inmigrantes sin autorización para residir en Estados Unidos habitan en los cinco estados donde se aprobaron dichas leyes, según datos del Hispanic Pew Center.
La misma organización calcula que al menos
