AVENTURA, Florida, EE.UU. (AP) – Daniela Peláez respira tranquila: al menos por dos años no será deportada a Colombia. Pero su anhelo de legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos, donde ha vivido la mayor parte de su vida, aún se vislumbra distante.
La joven de 18 años sabe que la decisión de las autoridades sólo es un parche, no una solución definitiva para su sueño de convertirse en médica en una universidad estadounidense.
También es consciente de que la atención que ganó su caso no ha allanado el camino para que cerca de dos millones de estudiantes que se encuentran sin documentos en el país puedan conseguir la ciudadanía si terminan sus estudios universitarios o lograr una suspensión de sus deportaciones.
«Tengo fe y esperanzas … Siempre tienes miedo de que las cosas vayan a salir mal y te vayan a deportar, pero estos dos años te dan tranquilidad», expresó Daniela en inglés en entrevista con The Associated Press en el estudio jurídico de su abogada Nera Shefer.
En un español mucho menos fluido que su inglés, explicó que será la voz de otros estudiantes como ella.
Su objetivo: «que todo el mundo vea que también somos buenos estudiantes los indocumentados» y «demostrarle a los congresistas y a los políticos quiénes somos», dijo refiriéndose a los jóvenes que sueñan con una ley que les abra camino a la ciudadanía a través de estudios universitarios, conocida como «dream act».
La ley recibió la aprobación de la cámara baja en diciembre de 2010, pero no obtuvo los votos necesarios en el Senado.
Daniela casi ni recuerda cuando llegó a Estados Unidos con 4 años. Está orgullosa de vivir en Miami, de conocer las leyes de Estados Unidos. Se siente igual que sus amigas estadounidenses y por eso aspira a gozar de los mismos derechos que los chicos que nacieron aquí.
De su Colombia natal casi no rememora nada: «Solo algunas tradiciones, los carnavales, las comidas… y ya».
La familia Peláez llegó desde Barranquilla a Miami en 1999. El matrimonio y sus tres hijos vinieron con visa de turista, pero decidieron quedarse más tiempo del que le habían autorizado a su ingreso.
En Estados Unidos, los Peláez se divorciaron; y la madre de Daniela se casó nuevamente con un cubano-estadounidense en 2003, lo que le abrió el camino para obtener la ciudadanía de ella y sus dos hijas.
Los trámites, sin embargo, se demoraron años y la mujer decidió viajar a Colombia en 2006 para tratarse por un cáncer de colon, sin advertir que no podría regresar a Estados Unidos porque su situación legal aún no estaba regularizada. Así es que hasta el día de hoy no ha vuelto.
Al enterarse de que la mujer ya no estaba en el país, las autoridades de inmigración cerraron el caso en el 2009, dejando a las chicas en un «limbo migratorio», de acuerdo con la abogada Shefer.
El hermano de Daniela se casó con una ciudadana estadounidense y regularizó su situación migratoria. El padre consiguió en 2010 la residencia permanente a través de una petición de su hijo Johan.
Pero Daniela y su hermana mayor Dayana quedaron afuera de la petición porque pensaron que el proceso podría demorar más de 10 años.
El caso salió a la luz después que un juez de inmigración desechó el pedido de residencia y ordenó a las hermanas que salieran voluntariamente del país antes del 28 de marzo.
Daniela compartió la noticia con algunos de sus amigos, que rápidamente se organizaron y realizaron una masiva marcha para exigir la suspensión de la deportación en la escuela North Miami Senior High, a la que asiste Daniela. Participaron también maestros y autoridades locales.
Varios legisladores de la Florida también enviaron cartas a las autoridades de inmigración, que accedieron a la solicitud y les permitieron a Daniela y Dayana, de 26 años, permanecer en el país por dos años más, mientras su caso termina de ventilarse en los tribunales.
Su abogada dijo que planea apelar la decisión del juez en los próximos días.
La suspensión de la deport
