La periodista Rosa Isela Pérez no cree en una profesión libre de intereses de las empresas, los gobiernos y los propios reporteros. «También hay gente deshonesta en este oficio, como ocurre con otros», se lamenta.
Esta mexicana de Ciudad Juárez, refugiada en España por las amenazas de muerte recibidas en su país natal, cree que informar sin ataduras es especialmente difícil porque el periodismo es también denuncia y análisis, y porque «los periodistas que trabajan con honestidad pueden ser factores de cambio en cualquier sociedad».
Esas cortapisas las ha vivida ella en sus propias carnes. Como redactora del diario El Norte de Ciudad Juárez, se dedicó a investigar y denunciar los feminicidios, las irregularidades en las pesquisas de los crímenes, la impunidad y vinculación entre delitos, la corrupción del Gobierno, la corresponsabilidad de empresarios y crímenes organizados.
Sus informaciones pronto atrajeron la atención internacional, hasta que el gobernador Reyes Baeza, del estado fronterizo de Chihuahua, donde se encuentra Cd. Juárez, «pidió su cabeza» y el periódico se la dio. El motivo por el que huyó a España, en 24 horas y con lo puesto, llegó poco tiempo después. En 2009 testificó en el conocido caso del campo Algodonero, en el que ocho mujeres fueron asesinadas.
Lo hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que finalmente condenó al Estado mexicano por violar los derechos humanos y al gobierno de Felipe Calderón a indemnizar y proteger a los familiares de las víctimas. Desde ese momento, las amenazas nunca cesaron y ella optó por dejar todo para salvar su vida y la de su familia.
Rosa Isela lucha por mantener una visión positiva sobre el futuro del oficio, pero subraya que los profesionales honrados a veces generan malestar en ciertas personas y que son por ello sometidos a la ley del silencio y a una enorme inseguridad.
En países como México, considerado como un lugar peligroso para ejercer la profesión, los periodistas «no tienen opciones». En este territorio, donde sólo en la primera década del siglo XXI hubo más de 70 informadores asesinados y 12 desaparecidos, según la ONU, no se puede denunciar ni recurrir a las autoridades. La protección institucional es inexistente y la impunidad, muy grande. Por eso, dice, «la autocensura, o se van».
Justo la semana pasada, la periodista Regina Martínez apareció muerta en el estado oriental de Veracruz. El cuerpo de la corresponsal de la revista mexicana Proceso fue encontrado en su casa de Xalapa, la capital estatal, en lo que se cree fue un homicidio por razones aún sin precisar. El cadáver fue hallado en el baño de la casa y «presentaba golpes contusos en el rostro y el cuerpo».
Veracruz ha sido uno de los estados afectados por la violencia del narcotráfico, tema que Martínez solía cubrir como corresponsal en Xalapa para Proceso, una revista política de larga trayectoria en el país.
«En el caso de Ciudad Juárez, los periodistas perciben sueldos muy bajos, las empresas se deshacen de aquellos que representan un obstáculo para cumplir con sus compromisos y es frecuente que sean agredidos, encarcelados o amenazados por las autoridades policíacas o por militares, por el solo hecho de intentar cubrir una noticia», explica.
La situación de crisis actual poco ayuda. Sin generalizar, opina que en el mundo predominan los intereses económicos de las empresas sobre el derecho a la información de la gente y a la libertad de expresión.
Rosa Isela señala que existen periodistas muy conscientes de su función social, que ven esta profesión no sólo como una responsabilidad, sino que la asumen también como una oportunidad para contribuir con un cambio positivo en las condiciones de cualquier sociedad, sobre todo en estos momentos tan convulsos en el mundo.
El problema al que se enfrentan, según incide, es la falta de compromiso de los medios de comunicación.
EL PERIODISMO «DESHUMANIZADO»
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