CARACAS (AP) – La barriada popular del 23 de Enero fue concebida hace más de cinco décadas pensando en una ciudad moderna, resultado de una minuciosa planeación. Pero hoy exhibe una de las caras más violentas de la capital, donde grupos armados pro oficialistas detentan el control territorial y mantienen sometidos y aterrorizados a sus habitantes.
Con el apoyo de cámaras de circuito cerrado instaladas en lo alto de los postes de luz, estas milicias populares vigilan a todo el que entra y sale en las aproximadamente diez cuadras que controlan.
En las noches, hombres armados y encapuchados montan retenes en los que, a punta de pistola, obligan a los habitantes a identificarse e impiden el paso de personas que no viven en la comunidad.
En el barrio ellos son la ley. La policía no se aventura a entrar a la zona y cuando deciden hacerlo deben notificar a este poder armado de facto.
En pancartas y murales se leen frases como «por la defensa de la revolución vota por Chávez. La Piedrita (uno de los grupos armados)». Uno de los murales más emblemáticos de ese grupo lo constituye una Virgen que lleva cargado a un niño Jesús que porta un fusil, y que está junto a un Jesucristo también armado.
A un lado de una empinada y estrecha calle, casi diagonal a un centro de meteorología de la Armada venezolana, se levanta una inmensa reja pintada de rojo y blanco que marca la entrada a la edificación llamada «Bloque Siete», donde se concentran los miembros de «La Piedrita».
Detrás de la reja puede observarse a un grupo de delgados jóvenes, vestidos con franelas azules y gorras verde oliva, quienes, como disciplinados vigilantes, resguardan la entrada y limitan el acceso de cualquier visitante.
«Le agradecemos que se retiren pacíficamente», dijo uno de los jóvenes del grupo, que no quiso dar su nombre, y que salió frente a la reja para impedir el paso del equipo periodístico de The Associated Press que visitó el lugar. «Desde los mandos altos hasta los bajos nadie va a dar declaraciones porque van a tergiversar la información».
Mientras uno de los miembros del grupo conversaba con la reportera, otro apuntó con una pistola 9 milímetros al fotógrafo y al conductor que lo transportaba. El hombre armado los obligó a bajarse de la motocicleta y posteriormente exigió al equipo periodístico abandonar el lugar.
«Después de las 10, 11 de la noche uno no puede estar por la zona del 23 de Enero porque hay momentos en los se montan alcabalas (puntos de control), y paran los vehículos», dijo el dirigente vecinal Manuel Mir, quien ha vivido durante 52 años en el populoso barrio. «El que no es de la zona lo bajan. Son encapuchados y gentes armadas. Yo no puedo concebir que a nosotros como comunidad nos garantice la seguridad grupos de esta naturaleza donde inclusive en algunos casos… son elementos que también cometen actos delictivos como tal».
Algunos de los opositores de Chávez dicen que esos grupos armados son una amenaza tolerada por el gobierno por razones políticas, y que es difícil predecir cuál sería su reacción si el candidato presidencial opositor, Henrique Capriles, derrota a Chávez en las elecciones de octubre o en caso de que suceda un vacío de poder si el mandatario sucumbe al cáncer que lo aqueja.
«Estos grupos armados de forma ilegal pudieran en algún momento dado utilizar esas armas para cometer delitos o para desestabilizar cualquier gobierno», dijo Luis Izquiel, quien dirige un comité de seguridad para la oposición. Dijo que si Chávez es derrotado y un nuevo gobierno asume el control, «las autoridades tendrían que ir a buscar esas armas ilegales».
Pero el ex director de la policía judicial, Miguel Dao, descartó que estas milicias puedan representar un riesgo. Pero dice que la policía ya no puede contener sus acciones. «Hoy por hoy yo pienso que estos grupos irregulares están mejor armados que las policías», dijo.
Chávez, que está luchando por su vida combatiendo un cán
