Realmente, hay que sacarse el sombrero ante el gobierno de Obama. No siempre hace lo correcto, pero sin duda sabe cómo cubrir sus huellas cuando hace algo mal.
Cambia de tema, dice lo que no es, echa la culpa a otro, manipula las estadísticas y crea una niebla de confusión tan espesa que le permite escaparse y evadir su responsabilidad.
Sé que la gente está confundida porque, cuando viajo por el país, escucho una y otra vez, de funcionarios latinos y activistas de la inmigración, los mismos argumentos del gobierno –ninguno de los cuales es ni siquiera parcialmente cierto.
He aquí tres cosas de las que el gobierno preferiría no tener que rendir cuentas ante los electores hispanos, especialmente durante la campaña de reelección:
(1) El hecho de que el gobierno, por razones políticas, ha acumulado un número récord de deportaciones en los tres años que el presidente Obama ha ocupado su cargo. Todas las capturas y deportaciones –más de 1.2 millones desde la inauguración de Obama– están ocurriendo a través de la rama ejecutiva.
(2) El hecho de que estas deportaciones hayan podido realizarse mediante un programa peligroso y mal diseñado, denominado Comunidades Seguras, que les fue impuesto a gobiernos locales y estatales, y que utiliza a la policía local para multiplicar fuerzas, obligando a los oficiales a aplicar la ley de inmigración federal.
(3) El hecho de que el Gobierno parece estar tratando, activamente, de engañar a sus seguidores para que crean que la mayoría de las personas deportadas fueron «delincuentes» y no gente que sólo estaba tratando de ganarse la vida.
O que está utilizando «discrecionalidad para acusar» a fin de que los inmigrantes ilegales cuya única infracción es carecer de categoría legal o que tienen circunstancias atenuantes –estudiantes universitarios, padres con hijos nacidos en Estados Unidos, o ancianos que han vivido en el país muchos años– puedan permanecer en Estados Unidos.
Ninguna de estas dos últimas afirmaciones es cierta, según un grupo de persistentes investigadores en el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de Syracuse University.
¿Por qué persistentes? Estos investigadores intentaron obtener información sobre quiénes eran los deportados del Departamento de Seguridad del Territorio, bajo la Ley de Libertad de la Información. El departamento no quiso proporcionarla. Entonces los investigadores sortearon el obstáculo pidiendo información al Departamento de Justicia. Después de todo, el Departamento de Justicia es el que procesa a «delincuentes», por lo que habría de saber cuántas personas de las arrestadas y enviadas fuera del país respondían a esa descripción; y compartió la información.
En octubre de 2011, la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, sostuvo que el 55% de los deportados en el año fiscal 2011 eran «inmigrantes delincuentes». Cecilia Muñoz, directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, escribió un artículo en el blog de la Casa Blanca, en el que afirmó que «más de la mitad de los trasladados eran personas con antecedentes penales».
¿Y qué encontraron los investigadores? Examinando los expedientes de miles de procedimientos de deportación en los tribunales de inmigración de los 50 estados, descubrieron que el porcentaje real de deportados que eran delincuentes inmigrantes es mucho menor que lo establecido por el gobierno. Según TRAC, sólo el 14.9% de los deportados este año fueron acusados de un delito. Eso significa que el 85.1% no cometió infracción alguna, aparte de estar ilegalmente en el país, que es un delito civil. Estas personas no son delincuentes. Son mucamas y jardineros, a quienes damos nuestros códigos de seguridad.
¿Por qué importa eso? Porque parece que los funcionarios del Gobierno han sido pescados en una mentira. La verdad es que esta gente está tratando de deportar a todos los inmigrantes ilegales que pueda agarrar –ya sean narcotraficantes o jar
