Un militar retirado salvadoreño presuntamente implicado en la matanza de seis sacerdotes jesuitas en 1989 fue detenido esta semana en Massachusetts.
Inocente Orlando Montano, de 69 años de edad, quedo en custodia, dijo un portavoz de la oficina del fiscal de distrito en Boston. Posteriormente, la corte sentenció a Montano a arresto domiciliario en Saugus, donde vive su hermana. El salvadoreño afronta un cargo en Estados Unidos de hacer declaraciones falsas en un documento de inmigración.
El militar tuvo una comparecencia breve inicial ante un tribunal federal. Se le permitió irse a vivir a casa de su hermana, con la condición de que pague una fianza de $50,000. Además, tiene que portar un brazalete electrónico en todo momento.
El Centro de Justicia y Responsabilidad, una organización defensora de los derechos humanos con sede en San Francisco, había avisado a principios de mes que Montano estaba viviendo en Everett bajo su propio nombre.
Una comisión de la ONU en 1993 nombró a Montano, un ex viceministro del gobierno salvadoreño para seguridad pública y coronel del ejército, como participante en una reunión en la que se planeó el asesinato de un sacerdote que se sospechaba apoyaba a los rebeldes izquierdistas.
Montano ha negado previamente estar involucrado en la masacre.
Otros nueve militares salvadoreños que formaron parte de la cúpula militar durante la guerra civil del país cen-troamericano se pusieron a disposición de las autoridades judiciales. Un juez español pidió la orden de captura de los 10 oficiales para ser extraditados a España y responder por el asesinato de los curas.
PIDEN JUSTICIA
Por su parte, en El Salvador, representantes de organizaciones de solidaridad se concentraron frente al cuartel donde se resguardan los militares retirados implicados en el asesinato de sacerdotes jesuitas españoles en 1989 y exigieron que sean capturados y puestos a disposición de las autoridades judiciales.
«También exigimos que la Corte Suprema de Justicia no siga dándole vueltas al asunto y decida la situación jurídica de esta gente que es reclamada por la justicia internacional», dijo esta semana una abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.
Los nueve ex oficiales se entregaron a un cuartel y no fueron detenidos por las autoridades ante una orden de captura emitida por un juez español por su implicación como autores intelectuales del asesinato de los sacerdotes.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Néstor Castaneda dijo que continúan las reuniones de Corte Plena (los 15 magistrados) para analizar si procede la orden de captura internacional y un eventual pedido de extradición por parte de España.
El juez Eloy Velasco, del juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, pidió a la Interpol a principios de agosto que emitiese alerta roja para la detención para procesar un pedido de extradición ya que ninguno de los oficiales castrenses se presentó voluntariamente a declarar sobre el caso.
Los militares fueron identificados como Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Avalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.
El décimo supuesto implicado es el coronel retirado Montano, quien vivía en Everett hasta que fue capturado la semana pasada por haber violado leyes migratorias aquí en EE.UU. Se le acusa de haber mentido en
