Por Perla Chaparro
Legisladores del estado rechazaron la mayoría de las medidas de la enmienda anti inmigrante, consideradas como una de las más fuertes en contra de personas indocumentadas.
Para Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, dijo a El Planeta que este es un primer paso por que se encamina en una buena dirección aunque dijo esperaban fueran removidas todas las provisiones.
«Pero sí es una victoria», enfatizó.
Entre las leyes no aprobadas se encuentran una línea telefónica para reportar si una persona no está de manera legal en el país y la verificación del estatus migratorio de trabajadores de compañías que hacen negocios con el estado.
Lo que se decidió fue seguir adelante con las provisiones para limitar el acceso de indocumentados a programas sociales del estado.
El senador Steven Panagiotakos presidente de la comisión del Ways and Means del senado refirió que sólo se incorporarán algunas políticas ya existentes en cuanto a inmigrantes ilegales.
En lo que se dijo ser una unión cada vez más fuerte, activistas de grupos por los derechos de los inmigrantes habían entregado en días pasados a miembros del comité de conferencias de Massachusetts unas 1,000 firmas en oposición a las enmiendas.
Y es que bajo días soleados, nublados o con lluvia, desde el 4 de junio los miembros del Movimiento Inmigrante Estudiantil (SIMS, por sus siglas en inglés) mantuvieron una vigila de 24 horas al día frente a la Casa del Estado, donde transeúntes del área podían firmar las peticiones de rechazo hacia la enmienda.
Montes dijo durante la entrega de firmas que con esta acción esperaban dejar saber a los políticos que toman las decisiones y a la comunidad en general que hay un descontrol y descontento colectivo en razón a la manera como se están tomando decisiones que van a afectar e incrementar la discriminación.
Sobre la posición por parte de Senadores, como el republicano Bruce Tarr y grupos a favor de la enmienda, quienes dicen las medidas protegerían a los contribuyentes de impuestos y se dejarían beneficios sólo para quienes estén legalmente en el país, Jeannette Huezo, coordinadora del United Fair Economy, aseguró ser todo lo contrario.
«Primero ésta línea telefónica es costosísima y eso va a salir de los impuestos que cada contribuyente tiene, además el impacto racial que se le está poniendo, sin saber si tienen documentos o no, se puede hablar a esa línea y el proceso de hacer la investigación es un presupuesto grandísimo», precisó Huezo previo a la decisión de los legisladores.
A lo que agregó, «Ese dinero puede ser puesto en las escuelas, los colegios, cuidado de salud, en lugar de ponerlo en espionajes, porque básicamente es eso».
Acerca de la provisión que marca que personas sin documentos no tendrían acceso a distintos servicios estatales como seguro médico y vivienda, dijo esas medidas son innecesarias puesto que si la persona no es residente legal no tiene acceso a esos beneficios, así como en vivienda pública o subsidiada se necesita una documentación.
«Yo creo que el impacto que se ha logrado [con la entrega de firmas] es tener influencia en nuestra comunidad, y no sólo, sino en diferentes comunidades, porque unas de las cosas donde hemos cometido un error es que trasladamos el problema de inmigración a la comunidad latina y creo con esto se logra que es un problema de diferentes comunidades», dijo José Palma, miembro de SIM.
Palma expresó sobre la reciente autorización para quedarse en el caso del estudiante de Harvard Eric Balderas y de que tan posible se ve la puerta abierta para la legislación del DREAM Act, ley de la cual el movimiento apoya su pase.
«Hay que darle gracias a Dios y a la comunidad que muestra el apoyo ya que con la manera de mantenernos callados no logramos nada y reclamand
