El gobierno de Utah dijo que posiblemente se necesitarán días para determinar si algún funcionario estatal filtró información de más de 1,300 personas a las que un grupo anónimo acusa de ser inmigrantes ilegales.
Varios medios de comunicación, agencias de seguridad y otras organizaciones recibieron la lista distribuida por un grupo anónimo a través del correo esta semana. En el documento se exigía que aquellos incluidos fueran deportados de forma inmediata.
El gobernador republicano Gary Herbert no ha fijado fechas para terminar la investigación, pero es una de sus prioridades, dijo su vocera Angie Welling. El Departamento de Tecnología del estado apoya en la pesquisa para determinar cuáles agencias estatales tienen archivos que coinciden con aquellos incluidos en la lista.
La lista generó pánico entre la comunidad hispana del estado y es el ejemplo más reciente de la histeria que se ha generado tras la aprobación de la ley contra la inmigración ilegal en Arizona.
Una mujer de 36 años de Salt Lake City, cuyo nombre estaba incluido en la lista junto con el de su esposo y tres hijos, dijo a The Associated Press a través de un intérprete que está totalmente atemorizada. «Nuestra mayor preocupación es que las autoridades migratorias nos detengan cuando estemos manejando o en la calle», dijo la mujer, la cual pidió no ser identificada para proteger la identidad de su familia. La mujer señaló que ha vivido ocho años en Estados Unidos, pero que su familia analiza la posibilidad de regresar a su casa en las afueras de la Ciudad de México.
«Esto es real. Esta es una manera de hacer las cosas como si se tratara de una cacería de brujas», dijo el activista hispano Tony Yapias, que tradujo las declaraciones de la mujer.
«Lo que más me preocupa en este debate es la cobardía, la intolerancia», agregó Yapias, que dijo no haber podido contestar siete llamadas telefónicas de hispanos atemorizados tan sólo mientras realizaba su breve entrevista telefónica con la AP.
Los legisladores conservadores de Utah consideran adoptar una medida similar a la de Arizona y esperan plantearla para su próxima reunión en enero.
La ley de Arizona, que entra en vigor el 29 de julio, obliga a que la policía interrogue a las personas sobre su situación migratoria, aún si son detenidas por otros motivos, en caso de que existan razones suficientes para sospechar que se encuentran en el país de forma ilegal.
El gobierno federal demandó a Arizona para que revoque la ley y evitar así que otros estados emitan iniciativas parecidas.
Welling hizo notar la dificultad para determinar cómo se filtró la información, pues se utiliza a diario para propósitos legales.
«Obviamente estamos trabajando en eso y nos interesa llegar a un resultado», dijo. «Se necesitarán varios días porque es mucha información y se requiere algo de trabajo para determinarlo, pues obviamente esos datos se utilizan a diario con propósitos legítimos».
La ciudadana mexicana dijo que varios burócratas pudieron tener acceso a la información personal de su familia, pues ésta había solicitado inscribirse al Programa Estatal de Seguro de Salud Para Menores.
