Por Felicitas Baruch
Los sueños de justicia sufrieron un nuevo revés el pasado 23 de abril, cuando Arizona aprobó la Ley del Senado 1070, conocida como SB 1070. Entonces era el fronterizo estado del sur, pero hoy, a menos de dos meses de su aprobación, la severa medida se ha convertido en una creciente amenaza a nivel nacional para aquellos que sin documentos, trabajan en este país movidos por la esperanza de una vida mejor. Ayer era Arizona, hoy, el fantasma ha alcanzado a Massachusetts.
Con 28 votos a favor y 10 en contra, el Senado de Massachusetts aprobó el pasado 27 de mayo la enmienda 172.1 que evitaría que inmigrantes indocumentados tengan acceso a servicios gubernamentales de asistencia social. La medida sacudió a grupos pro-inmigrantes y defensores de derechos humanos locales que hasta hace poco soñaban con sumar a Massachusetts en su lucha por una reforma migratoria integral. Marchas y manifestaciones de protesta no se han hecho esperar, pero el peligro es creciente.
«Para nosotros esta enmienda [en Massachusetts] es un aviso, una llamada de atención de que tenemos que unirnos como comunidad para enviar un mensaje claro de rechazo», dijo la directora ejecutiva de Latinos Unidos en Massachusetts (LUMA), Lucy Pineda, una de las organizadoras de las movilizaciones que grupos pro-inmigrantes realizan en el estado para impedir la concreción de la medida que afectaría a los inmigrantes que viven en la entidad.
«En especial queremos enviar un mensaje al senador [Scott] Brown, que nos tiene que apoyar. Estamos en un momento de reflexión económica y esta medida va a empeorar las cosas, no solo para los inmigrantes indocumentados, sino para todos en el Estado», dijo Pineda en entrevista con El Planeta, al recordar que aun aquellos que carecen de documentos trabajan y pagan impuestos en Massachusetts, a pesar de las acusaciones contrarias.
En una de las acciones locales más recientes para protestar contra la medida anti-inmigrante, cientos de manifestantes se dieron cita el pasado jueves 3 de junio, en la Casa de Estado en Boston, para exigir que Massachusetts vuelva a ser un estado amigable para los inmigrantes. Los participantes en la protesta marcharon hacia las oficinas del senador Scott Brown, ubicadas en Government Center.
En la movilización participaron organizaciones pro-inmigrantes incluidas Massachusetts Inmigrant and Refugee Advocacy Coalition (MIRA), LUMA, Centro Presente, la agencia ALPHA, Greater Boston Interfaith Organization y el SEIU Local 615. La manifestación contó con importantes oradores tales como la representante de Estado Denise Provost; el secretario del Tesoro del Consejo Laboral de Boston, Rich Rodgers; Rocío Sáenz, Presidenta de SEIU Local 615; y Eva Millona, directora ejecutiva de MIRA.
La enmienda aprobada por el Senado de Massachusetts, que debe sobrevivir aún a negociaciones presupuestales a puerta cerrada para concretarse, impediría que las personas sin documentos accedieran a un sinfín de servicios estatales como seguro médico y vivienda, además de negarles el pago de colegiaturas interestatales. Entre otras cosas, la medida prohibiría además al Estado establecer negociaciones comerciales con empresas que contraten a personas indocumentadas, recrudecería las sanciones por manejar sin licencia y establecería la creación de una línea telefónica anónima para denunciar a presuntos inmigrantes indocumentados, así como a las empresas que los contraten.
Las movilizaciones, explicó Pineda, pretenden hacer explícito el rechazo a medidas antiinmigrantes en Massachusetts, y ya que es una lucha contra el tiempo, señaló que la participación es clave para frenar la enmienda.
«En este momento no se han reunido los votos necesarios [para la aprobación final de la enmienda], pero necesitamos que la gente nos apoye, que llame a la casa de Estado y que haga saber que están en contra de esta medida, que
