Por Adriana Recchia
Después de nueve meses de investigación, finalmente la verdad se abre paso en el sonado caso del Superintendente Escolar de Lawrence, Wilfredo Laboy. El pasado martes Laboy fue acusado formalmente de nueve cargos de fraude, malversación de fondos públicos y abuso de autoridad, que lo ponen bajo el riesgo de purgar una condena en la cárcel.
Laboy, un hombre que se dio a conocer en Lawrence por su gran fe religiosa y quien solía dirigirse desde el púlpito a la feligresía de su Iglesia, hoy muestra una cara que nada tiene que ver con su oratoria cristiana. Detrás de su prédica devota, se alega que Laboy escondía actos criminales tales como el manejo ilegal de la imprenta escolar que benefició a políticos de la ciudad y que Laboy utilizó para hacer los menús de la pizzería de su hijo. También fue acusado de posesión de alcohol en su oficina.
Los cargos que enfrenta muestran claramente la forma desvergonzada en que Laboy se benefició de su alta posición al frente del sistema escolar de Lawrence, uno de los más pobres de la región y cuyo presupuesto se sostiene exclusivamente con el dinero de los contribuyentes del estado.
Entre otras cosas, la investigación reveló que Laboy manejó el departamento como si fuera su propio imperio, obligando a sus empleados a realizar trabajos de limpieza y reparaciones su casa, llevar a su hijo adulto a la pizzería de la que es propietario en Methuen y recoger a sus nietos de la escuela.
Junto con Laboy, la fiscalía del distrito imputó cargos criminales a su asistente personal Marc Rivera, quien enfrenta siete acusaciones de robo. La investigación descubrió que él gestionó en la imprenta de las escuelas la propaganda política de miembros del Comité Escolar y varios políticos de Lawrence.
Rivera fue suspendido de sus labores meses atrás luego de conocerse que estaba vinculado al escándalo de espionaje a más de 400 figuras públicas de la ciudad.
Según la investigación, Rivera encargó en la imprenta panfletos y literatura política para las campañas electorales de Peter Larocque, Greg Morris, su hermana Priscilla Báez y Omaira Mejía, todos
miembros del Comité Escolar conocidos por sus votos sumisos de todas las directivas que presentaba Laboy ente ese organismo.
También Israel Reyes, ex candidato a la Alcaldía, fue acusado formalmente de cargos de robo y vinculación con el uso irregular de la imprenta para políticos de la región. Él fue implicado de encargar propaganda política para sus propias campañas electorales y las del Representante Estatal Barry Finegold.
MÁS ACUSACIONES
El desvelamiento público de la investigación judicial sacó a relucir el nombre del actual Alcalde de Lawrence, William Lantigua, como uno de los políticos a quienes se le confeccionó material de campaña política en la imprenta escolar.
Durante los meses de investigación, el nombre de Lantigua nunca había trascendido, pero en declaraciones a la prensa local, el Alcalde reconoció esta semana que él había sido citado meses atrás por la fiscalía para hablar «temas generales» vinculados al caso.
Sin embargo, Lantigua desmintió categóricamente – como lo hizo antes Finegold – que tenía conocimiento de que el material utilizado en su campaña para la reelección en la Casa del Estado provenía de la imprenta escolar.
Los investigadores han aceptado que no todos los políticos estaban al corriente del uso irregular de la impresora escolar.
Trascendió que la fiscalía dará a conocer en los próximos días los nombres de otros seis nuevos acusados en el escándalo.
PEDIRÁN REMOCIûN DE LABOY
La noticia de la acusación formal de Laboy coincidió con la aprobación e
