Legisladores de Arizona aprobaron el lunes pasado una iniciativa que busca reforzar el combate a la inmigración ilegal, así como endurecer las sanciones contra los indocumentados y aquéllos que los contraten.
Los defensores de los derechos civiles afirman que la medida es radical por lo que podría propiciar persecución y otro tipo de atropellos contra personas sólo por sus características raciales.
Tras su aprobación en el Senado estatal, por 17 votos a favor y 11 en contra, el proyecto de ley será remitido a la gobernadora Jan Brewer, quien no ha adoptado una postura en torno a la medida impulsada por sus correligionarios republicanos.
El 13 de abril, la Cámara de Representantes estatal había dado luz verde a la propuesta migratoria. «Esta iniciativa contribuirá a que regrese la ley y el orden al estado», expresó el senador Al Melvin, republicano de Tucson.
El legislador dijo que el proyecto de ley se justifica debido a los costosos servicios provistos para los indocumentados y el reciente homicidio de un ciudadano del sureste de Arizona cerca de la frontera de Estados Unidos con México.
La medida aprobada por los legisladores locales es la más reciente para el combate a la inmigración ilegal en Arizona, donde, a decir de las autoridades, viven unos 460,000 indocumentados y es el estado de mayor tránsito fronterizo de personas en Estados Unidos.
El proyecto de ley convertirá en delito estatal que los inmigrantes carezcan de un documento migratorio que los identifique, el cual deberán portar en todo momento.
También requerirá que la policía interrogue a personas sobre su condición migratoria, si existe alguna razón para sospechar que residen de manera ilegal en Estados Unidos.
De acuerdo con la propuesta, los ciudadanos podrán demandar a agencias del gobierno que obstruyan la aplicación de las leyes migratorias y prohibirá a los patrones que contraten indocumentados por día o que los transporten a sabiendas de su condición migratoria ilegal.
El senador republicano de Mesa, Rusell Pearce, quien impulsó la propuesta, dijo que la iniciativa le quitará las esposas a la policía para ponérselas a los criminales violentos. «Â¡Ya basta, punto!», expresó Pearce.
El senador federal John Mc- Cain calificó el lunes a la propuesta como una «herramienta que a mi consideración debe utilizarse», aunque después su oficina aclaró que sus palabras no significaban que la avale.
«También es un comentario sobre la frustración de nuestra legislatura estatal hacia el gobierno federal por incumplir sus responsabilidades constitucionales de garantizar la seguridad en nuestras fronteras», expresó el republicano.
La senadora Leah Landrum Taylor, demócrata por Phoenix, dijo que la legislación causará caos debido a que suscitará que vecinos, amigos y parientes sospechen unos de otros en cuanto a quién podría ser ilegal en el país.
El domingo, casi 30 personas realizaron una vigilia fuera de la casa de Brewer para protestar por la iniciativa.
La organización civil Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación anunció que impugnará la iniciativa si es convertida en ley.
Por otro lado, tras la muerte a balazos de un hacendado, McCain y otro senador federal pidieron de nuevo el lunes que se envíen tropas de la Guardia Nacional a la frontera de Arizona con México. La solicitud de 3,000 soldados forma parte de un plan