Por Laura Del Castillo
Jairo Fuentes Epiayú no pudo evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza cuando vio por primera vez la planta eléctrica de Salem, durante su reciente visita a Massachusetts. Como gobernador indígena de Tamaquito, un pequeño poblado habitado por miembros de la etnia Wayúu en el departamento de La Guajira, en Colombia, no le es fácil aceptar que la electricidad de la que gozan los habitantes de Nueva Inglaterra, proviene de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo que desde hace varios años ha ocasionado graves consecuencias sociales y ambientales a su territorio.
Si bien la mina de El Cerrejón es actualmente propiedad de un consorcio de compañías mineras basadas en Europa, un 17% de sus exportaciones de carbón llega a Estados Unidos donde es comprado por enormes empresas de energía como Dominion Resources, propietaria de las plantas de Salem y Somerset, que suministran electricidad a Boston y sus alrededores.
La idea de concientizar sobre esta problemática a diversos sectores de la comunidad de Massachusetts, fue lo que motivó a Epiayú a realizar una gira durante los primeros días del presente mes en Boston y Salem. La iniciativa fue de «Colombia Vive», una organización no gubernamental conformada por colombianos residentes en Boston que busca promover la defensa y la protección de los derechos humanos en Colombia.
Epiayú llevó a cabo presentaciones para auditorios de diferentes universidades tales como Harvard, UMass y Salem College, así como en la Iglesia de Covenant y algunos medios de comunicación.
EPIAYÚ: «LA EMPRESA ES EL GOBIERNO DE NOSOTROS»
La lucha de Jairo y la comunidad de Tamaquito, empezó el 9 de agosto de 2001, cuando guardias de seguridad de El Cerrejón, acompañados por miembros del Ejército Nacional, obligaron a los habitantes de Tabaco a dejar su territorio a la fuerza. Derrumbaron casas con maquinaria pesada, maltrataron físicamente a varios pobladores y cometieron otros atropellos que quedaron registrados en dramáticas imágenes capturadas por las cámaras de algunos medios de comunicación que se encontraban presentes allí en ese momento.
Esta acción, que buscaba extender el territorio ocupado por la mina, trajo como consecuencia el desplazamiento forzado de más de 60 familias afrocolombianas, según un informe reciente de la organización ambiental Greenpeace.
El desalojo ilegal de la comunidad de Tabaco afectó también a los habitantes de poblaciones aledañas como Tamaquito, que se encuentran en la pobreza y sin acceso a servicios básicos como electricidad y agua potable. Según contó Epiayú a El Planeta, justamente era en Tabaco donde las poblaciones aledañas tenían acceso a una escuela para los niños y a un centro de salud.
Después de tomarse los predios de Tabaco, la mina ha continuado ampliando su área de acción, hasta el punto de que ha aislado a estas poblaciones aledañas en pequeños terrenos no aptos para el cultivo o para alimentar a los pocos animales que tienen como parte de su sustento. Además, la libre circulación del territorio, que facilita actividades de sobrevivencia para estas comunidades, como la caza o la pesca, está restringida por dispositivos de seguridad ubicados en territorios de la mina que son custodiados por miembros del Ejército colombiano y personal de seguridad privada.
A esto se suma la contaminación del agua y del aire provocada por los residuos de la mina.
«Antes la comunidad contaba con agua pura a través de un río que atravesaba el territorio. Pero ahora ese río se secó y no llueve. Eso hace que se mueran las pocas siembras que tenemos, co
