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Por EFE

El Gobierno de Estados Unidos ha decidido imponer a los 50 estados el programa «Comunidades Seguras», pese a los problemas que encara y que erosionan la confianza de la comunidad inmigrante en las autoridades policiales.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) informó la semana pasada que ampliará la aplicación del programa «Comunidades Seguras» aún si los gobiernos estatales no quieren participar, y deja sin efecto los acuerdos hasta ahora pactados.

En una carta enviada a 40 gobernadores y funcionarios locales, el director de ICE, John Morton, explicó que su agencia busca eliminar la confusión que ha creado «Comunidades Seguras» respecto a si esos acuerdos con Gobernadores verdaderamente eran necesarios para aplicar el programa en las jurisdicciones locales.

El paso unilateral de ICE hasta cierto punto elimina las presiones políticas que han venido afrontando los gobiernos estatales opuestos al programa, entre ellos Illinois, Nueva York y Massachusetts.

Esa decisión, sin embargo, no resuelve los problemas que aquejan al controvertido programa, puesto en marcha en 2008 y que, según activistas pro reforma, han erosionado la confianza y la cooperación de la comunidad inmigrante con las autoridades policiales.

El programa «Comunidades Seguras», que constituye una piedra angular de la estrategia de seguridad nacional de EE.UU., permite que las autoridades locales compartan con el Gobierno federal las huellas digitales y otros datos biométricos de los indocumentados en cárceles locales y de los condados.

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Casi la mitad de los fichados bajo «Comunidades Seguras» no eran criminales.

Los presos con serios antecedentes penales, entre éstos violadores, homicidas y secuestradores, quedan sujetos a un proceso de deportación.

Pero a los activistas les preocupa que el programa vaya a atrapar, además de criminales peligrosos, a personas con infracciones menores de tránsito u otros delitos de menor cuantía.

La presencia ilegal en Estados Unidos es tan sólo una violación civil, no un crimen «deportable», y ha habido casos en que los indocumentados han sido fichados y deportados sin derecho a un juicio o apelación.

Los propios datos de ICE demuestran que casi la mitad de los fichados bajo «Comunidades Seguras» no eran criminales o sólo habían cometido delitos menores.

El año pasado, las autoridades deportaron a 72,000 criminales indocumentados a través de «Comunidades Seguras», de los cuales sólo 26,000 habían sido condenados por delitos graves.

Frente a las críticas, la respuesta de Morton es que «Comunidades Seguras» fue diseñado para atrapar a criminales peligrosos y que, en aras de la seguridad nacional, tiene mucho sentido y valor.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aún no ha completado una investigación sobre los fallos del programa, y la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO, siglas en inglés) prevé divulgar un informe similar el próximo año.

Más de 200 grupos defensores de los inmigrantes han exigido que la Administración Obama reforme el programa, de tal manera que sólo se deporte a los indocumentados con antecedentes criminales.

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