Por Daniel Feder
Martha Lucía Giraldo se convirtió en defensora de los derechos humanos el día que mataron a su papá. Fue el 11 de marzo de 2006 cuando llegó a la finca de su padre, José Orlando Giraldo, en Valle de Cauca, Colombia, y la encontró llena de militares.
Atrás de la casa estaba su padre en el piso, muerto y casi desnudo. El ejército registró al campesino como guerrillero «dado de baja» en combate. Pero ella se ha dedicado desde ese entonces a exigir justicia por lo que ella insiste que fue el asesinato de un civil inocente.
Esa misión la trajo hasta Boston, así como a otras ciudades del noreste de EE.UU., para hablar sobre este tema. Su denuncia es sólo una de miles en el fenómeno de los llamados «falsos positivos», asesinatos de civiles por parte del ejército colombiano que después los presenta como supuestos combatientes de los grupos rebeldes de izquierda.
Giraldo habló en iglesias, salones de clase, centros comunitarios y en cualquier espacio donde la gente le quería escuchar. El pasado 12 de noviembre estuvo en la Universidad de Harvard, hasta donde asistió un oficial las Fuerzas Armadas colombianas, quien casualmente está estudiando ahí.
Ella explicó que su campaña no se trata sólo de su padre, porque «hubiera podido ser cualquier otro campesino, o persona de comunidad marginada». Afirma que bajo el actual gobierno de Álvaro Uribe ha sido tanta la presión de mostrar «resultados», y tan buenas las recompensas por enemigos muertos, que este tipo de crimen llegó a ser sistemático en muchas partes de su país.
Las organizaciones con las que trabaja tienen casi 3,000 denuncias de asesinatos de este tipo, y creen que hay muchas más que todavía no se conocen.
«Todas estas ejecuciones están pasando porque existen beneficios», explicó, citando un informe reciente de las Naciones Unidas. «Se les dan recompensas económicas, o diez días de descanso, o ascensos militares por los muertos que presentan como dados de baja en combate».
El caso que más llamó la atención de la opinión pública fue el de 11 jóvenes de Soacha, en las afueras de Bogotá, hace un año. Tentados con promesas de trabajo, viajaron 600 kilómetros a donde fueron fusilados y presentados como integrantes del ELN o grupos paramilitares de derecha.
Pero varios grupos pro derechos humanos ya llevaban años denunciando esta práctica.
«Es muy fácil deducirlo», dijo Giraldo, «porque en muchos casos, le colocan calzado mucho más grande que el tamaño de su pie. O el camuflado que le colocan encima, el disparo que está, por decir algo, en el brazo, no está en la ropa.».
«En el caso de mi padre, nosotros pudimos llegar y pudimos grabar un video. Ese video se constituyó en una prueba fundamental en la investigación», agregó. Dicho video se puede encontrar en el sitio web de la organización que patrocina la gira de Giraldo, Wittness for Peace. Gracias a él, la Fiscalía de Colombia está investigando y no acepta la versión del ejército. Pero de todas formas, los obstáculos son muchos.
Por su trabajo, Giraldo ha recibido amenazas de muerte, y según ella, acusaciones por parte de un general del ejército de ser «guerrillera».
El coronel Juan Carlos Gómez Ramírez, profesor visitante en Harvard y director de Derechos Humanos para el Ministerio de Defensa hasta abril de este mismo año, estuvo también en la plática. Su presencia generó algunos momentos muy tensos que revelaron las divisiones que el conflicto ha generado en el país.
«Si algo así me hubiera pasado, creo que hablaría con igual o más rabia», dijo Gómez, quien lamentó la pérdida del padre de Giraldo. Dijo
