Por Felicitas Baruch
Jornadas de trabajo extenuantes, salarios por debajo del mínimo exigido por la ley, maltratos y abusos, fueron algunas de las denuncias expuestas por trabajadores inmigrantes en el marco de la audiencia pública celebrada el pasado 10 de diciembre en el centro de Boston, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.
«Trabajábamos 10 horas diarias. Desafortunadamente por nuestra situación legal, que no teníamos documentos, nos trataban mal, los managers nos exigían mucho y nos pagaban $6.50 la hora», dijo el mexicano Fernando Cervantes, al narrar en la audiencia su experiencia como afanador para una conocida cadena de mariscos con sucursales en Boston.
«Ellos [los jefes] dicen que por nuestra situación no tenemos derechos; las necesidades de trabajo nos hacen acceder a sus demandas», dijo Cervantes al explicar a uno de los miembros de la Junta de Lideres de Derechos Laborales, el reverendo Peter D. Weaver, de la Iglesia Metodista Unida de Nueva Inglaterra, las razones que llevan a los trabajadores inmigrantes a no revelar los abusos que padecen en sus lugares de trabajo.
«Hay que educar a la población sobre sus derechos, sobre cómo defenderse», dijo el inmigrante al ser cuestionado sobre la manera en la que se podría ayudar a evitar la violación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores que llegan a Estados Unidos provenientes de otros países con la ilusión de ganar dinero y darle una vida mejor a sus familias.
Uno a uno, trabajadores sin documentos migratorios, expusieron sus respectivos casos ante el público presente en la audiencia, así como ante los seis miembros que conformaban la Junta de Lideres de Derechos Laborales. En muchos casos, los testimonios se hicieron sin revelar sus hombres y ayudados por traductores que transmitían las experiencias al público de habla inglesa.
«Estamos aquí porque queremos saber lo que ustedes pueden hacer por nosotros, tenemos familias y no podemos sobrevivir», dijo por su parte en condición anónima uno de los trabajadores que participó en la audiencia y quien, junto con otros 152 inmigrantes, fue despedido en noviembre pasado sin ningún tipo de explicación e indemnización, de la empresa en la que laboraba.
Los testimonios dieron cuenta de un sin número de abusos laborales incluidos discriminaciones por nombres, exposición a trabajos de riesgo sin ninguna protección y la carencia de todo tipo de beneficios que obliga a aquellos necesitados de un sueldo a trabajar incluso cuando se encuentran enfermos por temor a perder sus empleos.
La audiencia, organizada por la coalición Massachusetts Jobs With Justice (Trabajos con Justicia de Massachusetts), que integra alrededor de un centenar de organizaciones comunitarias y laborales, se pronunció por la necesidad de pugnar por reformas migratorias que permitan integrar a los trabajadores nacidos en otros países a gozar no solo de los beneficios que merecen como resultado de su trabajo, sino también a ver respetados sus derechos humanos y laborales.
«Los derechos de inmigrantes son derechos humanos, y los derechos de los trabajadores son derechos humanos», recordó a los presentes en la audiencia Maria Elena Letona, directora asociada de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe, al referirse a la necesidad de poner fin a los abusos contra los trabajadores que contribuyen a mantener activo no solo al estado, sino al país.
Alrededor de 11.9 millones de inmigrantes viven sin documentos en este país, donde constituyen el 4% de la población total y el 5.4 % de la fuerza laboral, de acuerdo con un reporte emitido en 2008 por el Pew Hispanic Center, que indicó asimismo que los hispanos constituyen
