Miguel Rivera es una figura polarizadora. Para algunos es un valiente e ingenioso luchador a favor de inmigrantes indocumentados. Para otros, es una persona confundida que puede causar la pérdida de billones de dólares federales a barrios latinos que más lo necesitan.
Su idea es simple: boicotear el Censo de 2010. La meta es poner suficiente presión en el congreso para que aprueben una reforma migratoria antes del 1 de abril de 2010, la fecha límite para entregar el formulario del censo.
La estrategia es enfocarse en ciertos estados en donde un boicot del censo puede tener mayor efecto, o sea que el estado puede perder una silla en la Cámara de Representantes si cierta cantidad de personas se niegan a ser contadas en el censo.
Para Rivera, los estados más vulnerables a perder una silla son Georgia, Nueva Jersey, Pennsylvania, Arizona y Carolina del Sur. «Estamos haciendo énfasis fuerte en esos estados de tal manera que los gobernadores inmediatamente se den cuenta del impacto negativo que puede traer el boicot al censo. Queremos que esos gobernadores se unan en una voz solida pidiéndole al congreso que resuelve la reforma migratoria», dijo Rivera.
Cada 10 años, se realiza un censo a través de todo el país para contar la cantidad de personas que se hospedan en todos los barrios, ciudades y estados. Esos números se utilizan para decidir cómo se repartirán los más de $400 billones anuales que el gobierno federal da a los gobiernos locales y estatales.
Por años, grupos latinos han trabajado con la comunidad indocumentada en promover la participación en el censo y asegurarles que sus respuestas no serán revisadas por otras agencias como el FBI o ICE. Aunque el censo es parte del gobierno federal, en ninguna parte se pregunta por el estatus de ciudadanía.
Esos años de trabajo de grupos como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Electos (NALEO) pueden ser borrados en menos de un año si la campaña de Rivera tiene éxito. Es que Rivera no está solamente interesado en conseguir la reforma migratoria pero es claramente anti-censo. «[Queremos educar al indocumentado] para que entienda que participando en el censo, primero no recibe ningún beneficio por ser indocumentado y en segundo lugar lo que hace es exponiéndose más para que los operativos del censo y luego los intereses políticos oportunistas utilicen la información», dijo Rivera.
Para Brent Wilkes, director ejecutivo de LULAC, la postura de Rivera es «insultante» para los grupos que han promovido al censo por tanto tiempo.
«Hemos estado [apoyando el censo] por 40 años. ¿Por qué no nos avisó o consultó con nosotros? Es muy insultante», dijo Wilkes. Para Rivera, un reverendo y presidente de la Coalición Nacional Latina de Ministros y Líderes Cristianos (CONLAMIC), un grupo que él dice representa a más de 20,000 iglesias en 34 estados, el boicot es una respuesta a la falta de diálogo acerca de una reforma por parte de la administración del presidente Barack Obama, quien había dicho que iba a tratar el tema en los primeros 100 días de su cargo.
«La decisión de boicotear el censo es plenamente porque estamos cansados de ver el atropello de nuestra gente indocumentada, de ver como el Congreso continua jugando con la dignidad del pueblo, de ver un presidente que dice, ‘los primeros cien días’ y después, ‘el primer año’, y todavía no hay nada en concreto», dijo Rivera. «No nos queda otro remedio que decir, ‘antes de contar, nos tienen que legalizar'».
Esa es la mantra del boicot y un mensaje que repite Rivera y sus seguidores. Uno de ellos es Fausto Da Rocha, director d
