Por Felicitas Baruch
Fueron 23 días los que le tomó a Moisés Hernández llegar a Estados Unidos. Cruzó la frontera sur de México escondido en un camión. Durante cinco días, la arena del desierto le quemó los pies. Un poco de agua y mucha fe fueron su único alimento.
Finalmente, atravesó el río Bravo y alcanzó su meta: Estados Unidos. Sin embargo, el viaje de Hernández no terminó ese día. Cuatro años después aún vive entre sombras. Camina en silencio por las calles de Everett, Massachusetts, tratando de pasar desapercibido.
Sin nombre, sin visa y sin hablar inglés, dedica sus días a trabajar para una compañía de construcción. Hernández, cuyo verdadero nombre ha sido cambiado para ésta historia, es uno de los cerca de 12 millones de trabajadores que viven sin documentos en este país, donde constituyen el 4% de la población y el 5.4% de la fuerza laboral, de acuerdo con datos del Pew
Hispanic Center. Hernández envía la mayor parte de su sueldo a su madre y sus dos hijas en El Salvador, esperando que eso las ayude a tener una vida mejor.
Gana $12 la hora, pero su horario no es estable, algunos días trabaja más de 10 horas y otros, menos de cinco. Fuera de su trabajo, no es fácil para Hernández tener una vida normal: no puede tener a una licencia de manejo, un teléfono en casa o rentar un lugar propio.
Para algunos, la gente como Hernández no pertenece aquí. Apoyan muros, redadas y deportaciones que los mantengan fuera. Sin embargo, el sufrimiento de aquellos como Hernández, es lo que ha inspirado a líderes comunitarios a coordinar esfuerzos para presionar a una reforma migratoria. La iniciativa, relanzada este mes en 40 ciudades del país a través de la campaña Reforma Migratoria PRO América, pretende convencer a los legisladores de aprobar lo que considera, son leyes justas e integrales, que mejoren la calidad de vida de aquellos que trabajan en esta nación sin documentos.
Las reformas propuestas comprenden la legalización de trabajadores indocumentados, la despolitización del sistema de visas a fin de evitar la separación de padres e hijos, la defensa de los derechos de trabajadores, el castigo a empleadores que violan las leyes migratorias y la suspensión de redadas indiscriminadas en los lugares de trabajo, indicó la coalición para la defensa de inmigrantes y refugiados en Massachusetts, MIRA (por sus siglas en inglés), al lanzar a nivel local la campaña Reforma Migratoria PRO América el pasado 1 de junio.
«La reforma es necesaria porque las leyes migratorias se han mantenido sin cambios por más de 10 años y resultan obsoletas», dijo Shuya Ohno, miembro del Foro Nacional de Inmigración, que lidera la campaña promovida en 35 estados. «Hoy, (las leyes migratorias) resultan disfuncionales.
No reflejan las necesidades actuales de este país», dijo Ohno a El Planeta. Por su parte Lucy Pineda, directora ejecutiva de la organización Latinos Unidos en Massachusetts (LUMA), lamentó los prejuicios que existen hacia los inmigrantes, a quienes se culpa, dijo, de ser una carga para la economía, y señalo que por el contrario, la reforma migratoria también traería beneficios económicos al país, al regular la situación de los trabajadores.
«Si la reforma migratoria se da en medio de esta crisis. la economía del país crecería. Este país tiene que entender que la comunidad latina es grande, y aporta a la economía», apuntó Pineda.
La reforma migratoria, dijo Pineda, también ayudaría no solo a mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes en este país, sino también las laborales, ya que en muchas ocas
