Robert Silverblatt

Llegaron a la Casa del Estado llevando llaves y pidiendo apoyo, pero salieron con las manos vacías. A pesar de los esfuerzos de varios activistas, sigue siendo improbable que los legisladores de Massachusetts aprueben tres propuestas relacionadas con los préstamos usureros antes de que termine la sesión legislativa el último día de julio.

«Ya está tarde. Es la última semana… y se va a requerir un milagro para que se aprueben», dijo el representante estatal Frank Israel Smizik a El Planeta.

Todo tiene que ver con la tendencia que han tenido últimamente los bancos y otras compañías que ofrecen préstamos hipotecarios a gente con poco crédito para después cobrar niveles altos de interés. El resultado ha sido la ejecución de un gran número de hipotecas; en Massachusetts, puede haber hasta 41,000 intentos de ejecuciones este año.

Esto ha afectado mucho la comunidad latina. «Sabemos que las hipotecas subprime han estado dirigidas más que nada a la gente de color, así que sí habrá un impacto desigual», según Grace Ross, miembro del partido Green-Rainbow que se presentó como candidata en 2006 para ser gobernadora.

Actualmente hay una moratoria en cuanto a las ejecuciones de las hipotecas, pero concluye el 1 de agosto. Existen proyectos de ley para extenderlo seis meses, y también para darles a los propietarios acceso a un tribunal antes de que se desalojen de sus casas y ofrecer más protección a los inquilinos, pero si los legisladores no los consideran antes del cierre de la sesión, tendrían que esperar hasta enero.

«Si la legislatura no actúa ahora mismo, habrá ciudades en este estado que ni siquiera serán reconocibles», dijo a El Planeta. Por eso, ella y otros defensores de las propuestas fueron el martes al State House con llaves que representaron las casas que todavía se pueden salvar.

«No creo que los legisladores vean lo que de verdad le está pasando a la gente», afirmó Ross.

La representante estatal Liz Malia, cuyo distrito se compone de partes de Boston, estuvo de acuerdo. «Creo que muchos ya esperarían que este fenómeno hubiese terminado. Pero no ha pasado; es peor», dijo. «Ha habido mucha negación por parte de todos».

Malia ha propuesto una ley que requería que en el caso de una ejecución hipotecaria, el nuevo dueño de la propiedad no desaloje a los inquilinos con contratos de renta a menos que cometan alguna violación o lleguen a algún acuerdo.

Según Chuck Turner, concejal de Boston, esta propuesta es importante porque después de ejecutar las hipotecas, muchos bancos no quieren vender las propiedades por los precios bajos prevalentes en la actual economía. Así que en lugar de vender, desalojan a los inquilinos y esperan que suba el valor de la vivienda.

«Por todo el estado hay miles de cases que no solo se ejecutan sino que también las cierran con tablas porque los bancos no pueden subastarlas», comentó.

También hay una propuesta presentada por Smizik, quien representa a partes de Brookline, que obligaría a los bancos a conseguir el permiso de un juez antes de desalojar a alguien.

Según Smizik, a veces los bancos ofrecen préstamos ilegales a poblaciones vulnerables, y el acceso al tribunal puede asegurar que el proceso de la ejecución sea justo.

«Tengo confianza de que esto es mejor que depender de un subastador o las autoridades… para tomar esas decisiones», afirmó.

La tercera propuest

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