Por Josiane Martínez
Entre las llamadas más difíciles y sensibles que puede recibir una estación de policía se encuentran las relacionadas a la violencia doméstica. Aunque estas llamadas provienen en su mayoría de hogares, el abuso puede ocurrir en cualquier lugar.
La decisión de arrestar al agresor, según las normas de la Oficina Ejecutiva de Seguridad estatal, debe estar acompañada por una serie de medidas que salvaguarden la seguridad de la víctima y los menores. Medidas como el no preguntarles sobre su estatus migratorio, y asegurarse que la víctima y los testigos reciban asistencia a través de un esfuerzo coordinado entre las distintas instituciones gubernamentales y comunitarias, las cortes, la fiscalía, los programas de apoyo a víctimas de violencia doméstica, los programas de intervención con agresores y los programas de abuso de substancias, entre otras.
Dependiendo de la peligrosidad del caso, la corte puede ordenar la detención del agresor previo a ser juzgado, en otros casos el agresores puesto en libertad después de pagar una fianza para luego ser llevado frente a un juez quien determinará su sentencia.
«Mi trabajo es hacer que se cumplan las órdenes del juez», explicó uno de los oficiales de libertad condicional para la Corte de Waltham, quien decidió mantener su nombre en anonimato por razones de confidencialidad. Según las estadísticas del más reciente censo y del Instituto Gastón de la Universidad de Massachusetts, los latinos constituyen aproximadamente un 9.5% de la población en esta ciudad. Este oficial dice atender más de 100 casos al año de agresores de descendencia hispana que son sentenciados a libertad condicional y ordenados a asistir a un programa de intervención con agresores.
«Te diría que la mayoría de los latinos que me toca supervisar son indocumentados y su mayor reto es la situación económica», indicó el oficial de Waltahm, quien piensa que la falta de dinero para pagar las multas o el programa de intervención con agresores es uno de los principales obstáculos para el cumplimiento de las condiciones otorgadas por el juez y, por ende, causa para emitir una orden de arresto. «El miedo a ser deportados siempre está presente, pero si no son capaces de pagar sus multas, o comienzan a faltar a sus citas en la corte y a los programas, esto los lleva eventualmente a un arresto y una posible deportación».
En Massachusetts, según las estadísticas del Departamento de Salud Pública, aproximadamente un 20% de los hombres que asisten a programas de intervención con agresores son de descendencia latina, y el 84% de los casos son referidos por las cortes. Los agresores tienen que pagar las multas establecidas por el juez y el costo de los programas de intervención. «La crisis económica ha marcado una gran diferencia para los latinos que carecen de estatus migratorio», indicó el oficial. Recomendó a los latinos involucrados en casos de violencia doméstica a seguir las condiciones otorgadas por el juez, y a preguntar por programas alternativos – como el de servicio comunitario – en caso de no poder costear las multas o los programas.
