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Investigación: Fallas Del Estado Para Atender Las Muertes Por Abuso Y Negligencia Infantil (Parte Ii)

Este artículo fue traducido por Tibisay Zea para El Planeta y autorizado por el New England Center for Investigative Reporting, una organización de noticias independiente y sin fines de lucro con sede en Boston University y WGBH News. La versión original fue escrita por la reportera Jenifer McKim, quien habla español y puede ser contactada en jmckim@bu.edu. Su cuenta de Twitter es @jbmckim.


En la primera parte del artículo, publicada en El Planeta la semana pasada, se presentó el problema de la cantidad de niños que mueren por negligencia o abuso de los familiares que están a su cargo, y las fallas del Departamento de Niños y Familias del Estado.

En esta segunda entrega ampliamos sobre cómo funciona el sistema de custodia y cuidado de niños cuyos cuidadores han sido denunciados por negligencia o abuso. Muchos de los infantes que han muerto, son latinos.


Entre 2009 y 2013 fallecieron en Massachusetts al menos 110 niños y 17 jóvenes cuyas muertes han estado vinculadas al abuso y negligencia, un tercio de los cuales en algún momento estuvieron bajo la vigilancia del Departamento de Niños y Familias del Estado (DFC). Muchos otros casos probablemente eran conocidos por el estado, pero nunca fueron sujetos a la supervisión del DCF. El resto murió sin tener una oportunidad de protección por parte del Estado.

Los registros obtenidos por el New England Center for Investigative Reporting (NECIR) muestran que la gran mayoría de los muertos eran menores de tres años, golpeados, ahogados, asfixiados, abusados de otra manera o descuidados por sus cuidadores. Y las cifras han aumentado de manera constante, según los documentos, de 14 muertes por abuso y negligencia reportadas en 2009 a 38 en 2013. Y los funcionarios estatales sostienen que los números probablemente van permanecer elevados cuando se hagan públicos los datos de fallecimientos en 2014.

La mayoría de estas historias han pasado desapercibidas, ya sea porque la situación no era conocida por el estado hasta que los niños murieron, o porque los errores y fracasos de las agencias estatales fueron ocultados por las leyes de confidencialidad. Un examen de estos tristes casos muestra que los errores ocurren en todos los niveles del proceso de bienestar infantil: desde jóvenes en riesgo que el sistema no pudo acoger o infantes con casos abiertos de servicios sociales que cayeron en el olvido, a bebés como William que fueron canalizados a un programa destinado a jóvenes de bajo riesgo que no pudo salvarlos.

El dilema del trabajador social: ¿Es un caso de bajo o de alto riesgo?

La impresionante muerte de William James Berry, algunos dicen, pone en evidencia las debilidades de un sistema creado en 2009 para ayudar a los trabajadores sociales a separar los casos de los niños que están en peligro inminente de aquellos cuya familia simplemente necesita ayuda.

Esta política, que forma parte de un movimiento nacional, fue adoptada rápidamente en Massachusetts: en 2013, 38 por ciento de los informes de abuso infantil fueron asignados al grupo de bajo riesgo, según muestran los registros del DCF.

Los casos de mayor riesgo, incluyendo acusaciones de abuso o negligencia física o sexual grave, son referidos a los trabajadores sociales cuyo "objetivo principal" es investigar y "determinar la seguridad del niño”, según muestran documentos estatales. Los trabajadores sociales se supone que deben "participar y apoyar a las familias" cuando el niño está en el grupo de menor riesgo.

El sindicato de trabajadores sociales del Estado se opuso a este sistema de dos niveles desde el inicio, dijo MacKinnon, debido a la preocupación de que las familias consideradas de bajo riesgo pueden tener poca importancia. A los trabajadores sociales que hacen las investigaciones de abuso infantil se les ofrece más formación sobre cómo entrevistar a los niños y descubrir a los signos de abuso de menores, dijo, dejando al personal cuya formación es menos especializada el manejo de los casos de menor riesgo.

Actualmente, los trabajadores sociales que se ocupan de casos de bajo riesgo son menos capaces de entrevistar a los niños sin la presencia de los padres, lo cual a menudo es la clave para llegar a la verdad, según explicó una trabajadora social del DCF Taunton, Laurie Cyphers. Y también son menos capaces, dijo, de empujar a los padres a cooperar si se niegan a dar ayuda estatal. Ella se preocupa de que los trabajadores sociales con menos experiencia y menos formación no sean capaces de evaluar con precisión los riesgos de seguridad.

"Ellos no tienen la formación y no tienen la experiencia", dijo Cyphers, veterana que tiene 14 años en el DCF, y quien supervisa principalmente casos de menor riesgo.

No hay datos nacionales de seguimiento de muertes de niños que habían sido colocados en la categoría de menor riesgo. Pero ha habido bastantes incidentes, aquí y en otros lugares, que han llevado a defensores del bienestar infantil a cuestionar la idea de un sistema de dos niveles. En Minnesota, por ejemplo, el asesinato de un niño de 4 años de edad en un caso que había sido categorizado como de menor riesgo impulsó el escrutinio y produjo recomendaciones a nivel estatal para reducir, y quizás acabar con el programa.

En Massachusetts, la niña autista de 3 años de edad Alyvia Navarro fue categorizada en los casos de menor riesgo antes de que se ahogara en un estanque, una muerte que el DCF atribuye a negligencia, según muestran registros estatales. También, el niño de 10 años Isaías Buckner de Athol, murió a causa de abusos y lesiones relacionadas con el abandono, en julio de 2013, de acuerdo con el DCF, un caso que sigue sin resolverse. Al menos otros cuatro niños en la categoría de bajo riesgo murieron por problemas de sueño inseguro relacionado con negligencia, según muestran los registros.

Sharon Crawford, la abuela materna de Buckner, dijo que no estaba consciente de que su hija estaba siendo visitado por trabajadores sociales, y mucho menos que había sido calificada en una situación de menor riesgo. Opinó que el estado debería haber tenido un cuidado especial ya que su nieto era sordo y ciego. La abuela está muy molesta de que los trabajadores sociales nunca se hayan acercado a ella, ya que ella estaba muy involucrado en la vida de Isaías.

"Algo no está bien aquí", dijo Crawford, de 53 años, quien vive en Whitinsville. "¿Por qué él fue colocado en la categoría de bajo riesgo si no podía oír ni hablar?”

Una nueva revisión que hizo DCF en Loiselle, sobre un niño de apellido Hardwick ahora en estado de coma, mostró que los trabajadores sociales habían despedido múltiples acusaciones de abuso y negligencia ya en 2008. Pero cuando finalmente se abrió una causa en el niño, en febrero de 2015, en respuesta a dos nuevas quejas, los trabajadores sociales le colocaron en la categoría de menor riesgo, según los documentos.

Elizabeth Bartholet, profesora de derecho de Harvard y crítica nacional del programa de dos niveles, opina que el informe de Hardwick muestra claramente que los trabajadores sociales involucrados con el caso estaban más preocupados por mantener unida a la familia que por garantizar la seguridad del niño.

Especialmente para los niños en la categoría de menor riesgo, dijo Bartholet, “dar prioridad al interés del niño no es claramente la norma”.

Faltan señales: Sin verificación de antecedentes penales

Los problemas de Christopher Berry comenzaron mucho antes de que él matara a su propio hijo recién nacido, en 2013. Después de sobrevivir a un atentado suicida y regresar de Afganistán con estrés post-traumático en 2011, Berry acumuló arrestos por presuntamente dar empujones a su novia adolescente, correr deliberadamente sobre palomas, y robar a su empleador.

Sin embargo, cuando trabajadores sociales del estado recibieron un informe de que la pareja Lowell estaba tratando negligentemente a su bebé William James Berry en la primavera de 2013, los registros muestran que asignaron a la familia a la categoría de "riesgo menor" de protección estatal, para los niños que se cree que no están en peligro inmediato. Estas familias reciben un aumento de los servicios sociales en lugar de una investigación exhaustiva sobre el abuso.

Un mes más tarde, Christopher Berry perdió los estribos mientras su bebé lloraba, y lo sacudió durante 30 segundos hasta que su cuerpo quedó inerte.

El caso de William Berry, que no recibió el mismo tipo de escrutinio público que el de Loiselle, también plantea preguntas sobre cómo los trabajadores sociales estudian de cerca la vida del hogar del bebé antes de concluir que un caso es o no es de bajo riesgo.

Cuando los trabajadores sociales reciben una denuncia sobre maltrato infantil, deben decidir qué seguimiento darle, basándose en gran medida en los archivos de la agencia y las conversaciones telefónicas, según muestran documentos del DCF. También pueden solicitar una revisión de antecedentes penales o un "Criminal Offense Record information" (CORI), a pesar de que no es necesario.

El DCF no va a decir si sus empleados hicieron un CORI de Christopher Berry cuando recibieron una denuncia de abandono en 2013. Si lo hubieran hecho, el registro habría mostrado que Berry tenía deudas pendientes con la justicia, incluyendo una acusación de haber empujado repetidamente a Tabatha Cupan, su novia de 18 años de edad, quien estaba embarazada de Guillermo, durante una disputa en su apartamento Lowell.

María McGeown, presidenta de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Niños en Massachusetts, dijo que, el solo hecho de que Berry era un veterano de guerra debió haber sido razón suficiente para dar una mirada más cercana al caso, debido a que muchas personas regresan de la guerra sufriendo problemas mentales, lo que lleva a un aumento de casos de abuso doméstico. Al final, el DCF calificó a la familia en el grupo de menor riesgo, un mes antes de que Berry matara a su hijo, según muestran los registros estatales.

El pediatra y experto en abuso infantil Eli Newberger aseguró que estaba "horrorizado" al enterarse de que los trabajadores sociales no están obligados a solicitar los antecedentes penales de una persona como parte de una investigación, y agregó que el estado está ignorando evidencia clave que pone a un niño en situación de riesgo.

La comisionada Linda Spears, a cargo del DCF, reconoció que su departamento no siempre ha creído necesario ese nivel de escrutinio, pero está de acuerdo en que deben volver a examinar el papel que desempeña la revisión de antecedentes o CORI en la evaluación de las quejas de abuso y negligencia.

Por supuesto, incluso una investigación a escala completa por parte del DCF no es garantía de que los niños estarán a salvo. Dejalyse Alcántara, por ejemplo, murió en marzo de 2012 a pesar de que había estado bajo la supervisión del Estado desde su nacimiento, a causa del abuso de sustancias por parte de su madre, según muestran documentos del DCF.

D. J. Alcántara, el padre de Dejalyse, se había separado de la madre de la niña antes de su nacimiento para lidiar con sus propios problemas de drogas. Pero ahora no puede dejar de pensar en lo que podría haber hecho para salvar a su bebé, quien murió por la sobre exposición al calor en el asiento trasero de un coche mientras su madre estaba aparentemente se desmayó delante.

El padre asegura que él advirtió a la policía de Boston un mes antes de la muerte de Dejalyse acerca de sus preocupaciones sobre la seguridad de su hija, a causa de consumo de drogas de la madre. Pero el informe de la policía muestra que la preocupación no fue transmitida al DCF.

Marivette Morales, la madre, se negó a hacer comentarios para este artículo. Pero Alcántara se pregunta cómo los trabajadores sociales podrían haber fallado en ver que su hija estaba en peligro. Dijo que la bebé no tenía ni siquiera una cuna y durmió en el sofá por meses.

Algunos argumentan que, hasta que el DCF haga un compromiso claro de poner la seguridad del niño por encima de todo, incluyendo mantener a las familias juntas, muertes infantiles como la de Dejalyse del seguirán siendo un problema preocupante.

“Tanto el fortalecimiento de las familias como el mantener a los niños seguros son vitales, pero la seguridad del niño siempre debe prevalecer", dijo Gail Garinger, ex jefe de la Oficina estatal para la Defensa del Niño. "En algunos casos, no es posible que los niños estén seguros en sus hogares, especialmente los que han nacido prematuramente o con drogas en sus sistemas”.

Los niños que nunca fueron identificados por el sistema

Quizás tan preocupante como los niños que mueren bajo la vigilancia de los trabajadores sociales encargados de protegerlos, son los que fallecieron por abuso y negligencia entre 2009 y 2013, y que el sistema estatal nunca supo de ellos. Hubo 72 de estos casos.

Los trabajadores sociales, ya sea ignoraron las denuncias de supuesto maltrato o nunca escucharon de los profesores, policías, trabajadores de hospitales u otros informantes que están obligados a denunciar.

Algunos casos revisados por NECIR incluyen señales claras de que el estado perdió oportunidades para salvar niños. Por ejemplo, los funcionarios estatales sabían que Alexis Medina había asaltado varias veces a su hija bebé -estuvo preso 18 meses por ese crimen. Pero en 2013, mientras estuvo en libertad condicional, asfixió a otro bebé de tres meses de edad, hijo de otra relación. Los funcionarios del Estado dijeron que el caso de Medina había sido cerrado y los trabajadores sociales no eran conscientes de que estaba viviendo de nuevo con los niños.

Tampoco está claro cómo muchas veces los trabajadores sociales ignoraron quejas de abuso y negligencia sobre niños que más tarde murieron por esas causas. El estado, citando problemas legales, se negó a proporcionar esta información para los niños que murieron entre 2009 y 2013. NECIR está apelando esta decisión ante el Secretario de Estado. Pero es probable que muchos hayan sido conocidos por las agencias estatales: Un informe de 2013 del estado, por ejemplo, encontró que en el 65 por ciento de las muertes por maltrato infantil entre 2001 y 2010, las familias eran conocidos por el DCF.

Para Laura Cyphers, la trabajadora social de Taunton que se encarga de los casos de bajo riesgo, cada nueva tragedia es un doloroso recordatorio de los problemas que los trabajadores de primera línea conocen demasiado bien. A ella le gustaría que la agencia fuera más transparente e introspectiva, pero, en su experiencia, ese no ha sido el caso.

Cuando un niño muere, dice, los compañeros de trabajo son interrogados por los altos funcionarios sobre lo que pasó, pero nunca verán un informe final o sabrán acerca de los resultados.

"Ellos van y dicen: ‘Yo no hice nada malo’, y salen devastados", dijo. "Si podemos aprender de algo, es importante”.