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INVESTIGACIÓN: Fallas del Estado para atender las muertes por abuso y negligencia infantil (PARTE I)

El New England Center for Investigative Reporting investigó las muertes de más de una centena de niños que han fallecido por abuso o negligencia de sus cuidadores entre 2009 y 2013. En su website, publican una inforgrafía donde se describe cada caso

El New England Center for Investigative Reporting investigó las muertes de más de una centena de niños que han fallecido por abuso o negligencia de sus cuidadores entre 2009 y 2013. En su website, publican una inforgrafía donde se describe cada caso NECIR

Este artículo fue traducido por El Planeta para el New England Center for Investigative Reporting, una organización de noticias independiente y sin fines de lucro con sede en Boston University y WGBH News. La versión original fue escrita por la reportera Jenifer McKim, quien habla español y puede ser contactada en jmckim@bu.edu. Su cuenta de Twitter es @jbmckim.


Los problemas de Christopher Berry comenzaron mucho antes de que él matara a su propio hijo recién nacido, en 2013. Después de sobrevivir a un atentado suicida y regresar de Afganistán con estrés posttraumático en 2011, Berry acumuló arrestos por presuntamente dar empujones a su novia adolescente, correr deliberadamente sobre palomas, y robar a su empleador.

Sin embargo, cuando trabajadores sociales del estado recibieron un informe de que la pareja Lowell estaba tratando negligentemente a su bebé William James Berry en la primavera de 2013, los registros muestran que asignaron a la familia a la categoría de “riesgo menor” de protección estatal, para los niños que se cree que no están en peligro inmediato. Estas familias reciben un aumento de los servicios sociales en lugar de una investigación exhaustiva sobre el abuso.

Un mes más tarde, Christopher Berry perdió los estribos mientras su bebé lloraba, y lo sacudió durante 30 segundos hasta que su cuerpo quedó inerte.

“Yo lo sostenía mientras decía: “Oh, Dios mío, oh Dios mío, ¿qué acabo de hacer?”, confesó Berry a la policía.

William es uno de al menos 110 niños y 17 jóvenes cuyas muertes han estado vinculadas al abuso y negligencia entre 2009 y 2013 en Massachusetts, un tercio de los cuales en algún momento estuvieron bajo la vigilancia del Departamento de Niños y Familias del Estado (DCF). Muchos otros casos probablemente eran conocidos por el estado, pero nunca fueron sujetos a la supervisión del DCF. El resto murió sin tener una oportunidad de protección por parte del Estado.

Los registros obtenidos por el New England Center for Investigative Reporting (NECIR) muestran que la gran mayoría de los muertos eran menores de tres años, golpeados, ahogados, asfixiados, abusados de otra manera o descuidados por sus cuidadores. Y las cifras han aumentado de manera constante, según los documentos, de 14 muertes por abuso y negligencia reportadas en 2009 a 38 en 2013. Y los funcionarios estatales sostienen que los números probablemente van permanecer elevados cuando se hagan públicos los datos de fallecimientos en 2014.

La mayoría de estas historias han pasado desapercibidas, ya sea porque la situación no era conocida por el estado hasta que los niños murieron, o porque los errores y fracasos de las agencias estatales fueron ocultados por las leyes de confidencialidad. Un examen de estos tristes casos muestra que los errores ocurren en todos los niveles del proceso de bienestar infantil: desde jóvenes en riesgo que el sistema no pudo acoger o infantes con casos abiertos de servicios sociales que cayeron en el olvido, a bebés como William que fueron canalizados a un programa destinado a jóvenes de bajo riesgo que no pudo salvarlos. El DCF ya se ha enfrentado a duras críticas por no proteger adecuadamente a los niños bajo su vigilancia, incluyendo a Jeremías Oliver, el niño de 7 años de edad de Fitchburg que desapareció y más tarde fue encontrado muerto en una carretera en 2014, Jack Loiselle de Hardwick quien cayó en estado de coma en julio, después de que su padre supuestamente lo dejó morir de hambre y lo golpeó.

Un examen de estos tristes casos muestra que los errores ocurren en todos los niveles del proceso: desde jóvenes en riesgo que el sistema no pudo acoger o infantes con casos abiertos de servicios sociales que cayeron en el olvido, a bebés que fueron canalizados a un programa destinado a jóvenes de bajo riesgo que no pudo salvarlos.

Y sin ir muy lejos, el pasado 18 de septiembre, el DCF recibió más críticas con la revelación de que “Baby Doe”, quien fue hallada muerta en una bolsa de basura en Deer Island este verano, era Bella Bond, una bebé de 2 años que había estado dos veces bajo la supervisión de los trabajadores sociales del estado. A principios de este mes, el gobernador Charlie Baker celebró una conferencia de prensa en la que reconoció que el DCF “tiene muchos problemas sistémicos y vamos a solucionarlos... Nadie está de pie aquí diciendo que todo está bien”. Sin embargo, muchos especialistas en niños ven con preocupación que se pasa de una tragedia a la siguiente sin aprender de los errores del pasado o aplicar una reforma duradera. Los propios datos de mortalidad infantil del estado son defectuosos, los equipos de trabajo para analizar las muertes no suelen reunirse, y los trabajadores sociales de la DCF dicen que a menudo se les impide saber cualquier cosa acerca de lo que salió mal cuando un niño murió, según encontró la investigación del Centro.

“Es un sistema muy disfuncional. No sólo está fallando el, sino que también el otro ojo del estado, los grupos de trabajo de revisión de mortalidad infantil, son en gran parte disfuncionales”, dijo el doctor Robert Sege, vicepresidente de la organización sin fines de lucro Health Resources in Action, con base en Boston, quien pertenece a un equipo de revisión en el condado de Suffolk que no se ha reunido en más de un año. “¿Cómo se hacen mejoras si no abres los ojos y miras lo que está pasando?”

El New England Center for Investigative Reporting y el Boston Globe obtuvieron información sobre muertes de niños por abuso y negligencia de los padres y cuidadores a través de una solicitud de registros públicos que tardó siete meses en completarse y costó cerca de $4500 dólares. El personal del centro también pasó meses revisando los registros judiciales y policiales, y entrevistando a familias y expertos para esta historia, y encontró que:

• Treinta y ocho niños que murieron entre 2009 y 2013 habían recibido servicios de los trabajadores sociales del estado, y 26 de ellos estaban bajo la supervisión del Estado en el momento de sus muertes. Otros niños fallecidos tuvieron contacto con la DCF, ya sea para recibir servicios voluntarios o porque su familia fue objeto de una denuncia que fue ignorada por los trabajadores sociales. Pero el DCF se negó a divulgar información sobre las quejas que habían sido ignoradas.

• El sistema del DCF para recibir quejas sobre maltrato -que fue hecho hace seis años, y al cual se opone el sindicato que representa a los trabajadores sociales- divide a los niños en categorías de alto riesgo y de bajo riesgo, y los casos de menor riesgo son asignados a los trabajadores que requieren menos entrenamiento. Entre 2009 y 2013, 10 niños en la categoría de bajo riesgo murieron, incluyendo 7 en 2013, según los documentos, que plantea interrogantes sobre si el sistema tiene suficientes salvaguardas para proteger a los niños.

• El sistema de selección del DCF no requiere a los trabajadores sociales hacer verificaciones de antecedentes penales de los cuidadores de un niño para hacer un análisis de las quejas sobre negligencia y abuso, un descuido que algunos defensores de los niños dicen que deja un gran vacío en la evaluación de riesgos.

• El estado tiene un sistema de muy baja calidad para almacenar datos sobre las muertes de niños, que se ve mermado por la falta de fondos y recursos. NECIR encontró que 10 niños no fueron incluidos en los datos del estado a pesar de que sus muertes fueron por homicidio y, en la mayoría de los casos, los padres u otros cuidadores estaban implicados.

No aprender de los errores

La comisionada Linda Spears, nombrada a la cabeza de la DCF en enero, no quiso hablar sobre los casos individuales que precedieron su mandato, pero dijo que, así como una sala de emergencias de un hospital tiene que determinar cuáles son los pacientes en necesidad más urgente, el DCF tiene que identificar y proteger a los niños más vulnerables.

El DCF se enfrenta a una tarea de enormes proporciones: responder a las quejas de abuso de más de 92.000 niños tan sólo el año pasado y averiguar qué situaciones son tan graves que los niños necesitan ser removidos de su hogar, a pesar de que eso signifique ser enviados a casas hogares que tienen sus propios problemas. El año pasado, los trabajadores sociales fundamentaron 62.452 denuncias de maltrato, un aumento del 34 por ciento respecto de 2013, según los documentos.

Lo que hay que refinar, Spears dijo, es “¿cómo tomamos decisiones con base en los factores de riesgo que sabemos en el caso?… Estoy teniendo una visión muy amplia y sistémica”.

En contraste con los titulares sobre Oliver y Loiselle, la mayoría de las víctimas de abuso y negligencia mueren sin que haya mucho ruido mediático. Eso incluye a Dejalyse Alcántara de Boston, que fue puesta bajo vigilancia estatal al nacer en 2011 porque su madre consumía drogas. La niña murió seis meses más tarde en un coche recalentado, mientras su madre estaba dormida o inconsciente en el asiento delantero. Yarelis Rosario-Pereyra, de dos años de edad y residente de Boston, murió supuestamente de abuso y negligencia en el 2013 a pesar de que los trabajadores sociales han confirmado que ella sufrió episodios de maltrato a lo largo de su vida. Nadie ha sido acusado en su caso.

Peter MacKinnon, presidente del sindicato local de SEIU 509 del DCF, dijo que los trabajadores sociales están devastados cada vez que un niño muere bajo su custodia, pero rara vez sus gerentes les explican acerca de lo que salió mal o cómo podrían mejorar su trabajo.

“Si estás buscando tener una idea de lo que hiciste bien o lo que podrías haber mejorado, tienes que ver cuál es el análisis”, dijo. “Si no sabes lo que estás haciendo, ¿cómo se puede arreglar? Se entra en este agujero negro”.

Las muertes infantiles -por causas naturales y relacionadas con el abuso- se supone que deben ser revisadas por un panel de expertos, pero el sistema se ha paralizado. El equipo de revisión del Estado, presidido por la Oficina del Médico Forense Principal, ha presentado cuatro informes desde su lanzamiento hace 15 años, a pesar de que la ley estatal requiere presentar conclusiones y recomendaciones anualmente.

Funcionarios estatales dicen que los grupo de trabajo de revisión carecen de fondos, pero las apelaciones regulares para obtener más dinero de la Oficina estatal para la Defensa del Niño, no han ido a ninguna parte.

Al ser informados sobre 10 casos de homicidios de niños no incluidos en los datos de 2009 a 2013, los funcionarios del DCF reconocieron que las muertes por maltrato a veces pierden el rastro, porque no siempre se oye hablar de ellas. En algunos casos, dijeron, los médicos forenses no alertan al DCF cuando la muerte de un niño estaba vinculada al abuso y la negligencia, como lo requiere la ley. Como resultado, la agencia ha sub-contabilizado muertes de abuso de menores y podría estar dejando a padres abusivos a cargo de niños.

Spears calificó el aumento de muertes por maltrato infantil “trágico pero no sorprendente”, culpando a los efectos de la crisis de opiáceos del estado, así como a un aumento en la presentación de informes de niños que mueren repentinamente debido a prácticas inseguras durante el sueño, como dormir con un adulto, lo que funcionarios estatales consideran una forma de negligencia. Dieciséis muertes infantiles en 2013 se relacionaron con el sueño, registros estatales muestran, cinco de ellos tenían antecedentes de maltrato.

Y Spears dijo que espera que 2014 los datos sobre muertes, aún no finalizados, sigan siendo elevados. “No creo que nada de ninguna indicación de que el número va a bajar”, dijo.

En la segunda parte de esta investigación, lea los dilemas por los que pasan los trabajadores para calificar un caso como de alto riesgo o de bajo riesgo, y cómo es posible que no soliciten una revisión de antecedentes penales a muchos de los cuidadores contra quienes se presentan las quejas.