Fiscal Maura Healey exige mayores controles para frenar las llamadas automáticas conocidas como “robocalls”

por | Ene 13, 2022

La fiscal general Maura Healey instó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a que tome medidas para proteger a los consumidores de las llamadas automáticas ilegales que se realizan desde el extranjero con las que se busca estafar a los estadounidenses.

Healey y un grupo bipartidista de 51 fiscales generales enviaron una carta a la FCC el lunes 12 de enero pidiendo a la FCC que exija a los proveedores de servicio (compañías que permiten llamadas extranjeras a los Estados Unidos) a tomar medidas que mitiguen las llamadas automáticas tomando en cuenta la implementación de STIR/SHAKEN, una tecnología de autenticación de identificador de llamadas que ayuda a evitar las robocalls.

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“Mi oficina escucha con frecuencia a los consumidores que han sido perjudicados por las estafas a través de llamadas automáticas”, señaló Healey en un comunicado. “No solo son invasivas y no deseadas, sino que también están sacando millones de las billeteras de nuestros residentes. Me uno a mis colegas de todo el país para pedirle a la FCC que implemente las medidas adecuadas para proteger a las personas de estos estafadores”.

En su carta, los fiscales generales solicitan específicamente a la FCC que exija a todos los proveedores lo siguiente:


  • Responder a las solicitudes de las fuerzas del orden público, a los fiscales generales del estado o el Industry Traceback Group de la FCC para rastrear las llamadas dentro de las 24 horas.
  • Bloquear las llamadas cuando los proveedores tengan conocimiento de un número ilegal o sospechoso de estafa.
  • Asegurarse de que las compañías telefónicas extranjeras con las que se asocian verifiquen que las llamadas se realicen desde números legítimos.

Los fiscales generales también alientan a la FCC a exigir a todas las compañías telefónicas que bloqueen las llamadas de cualquier proveedor si no cumple con dichos requisitos.

En 2020, los estadounidenses perdieron más de $520 millones a través de estafas ilegales de llamadas automáticas, según el comunicado de la fiscal general.


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