Cuando el pasado mes de marzo la administración Biden se involucró en el desarrollo del pasaporte de vacunas junto al sector privado, jamás supo que el hecho despertaría todo tipo de reacciones.
La arena política tomó un tema sanitario en un país que avanza a buen ritmo en la vacunación para una pronta reapertura. Sin embargo, demócratas y republicanos se vieron enfrentados una vez más, mientras que el gobierno federal se hizo a un lado.
12 de marzo: En busca de soluciones
La administración del demócrata y las empresas privadas apuntaron a un trabajo en conjunto para desarrollar una forma estándar de manejar las credenciales que determinen si alguien ha sido vacunado contra la pandemia del COVID-19.
La iniciativa, que fue impulsada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, brindó a la figura del coordinador del coronavirus en la Casa Blanca, Jeff Zients, el objetivo de anunciar actualizaciones sobre el tema: «Nuestro papel es ayudar a garantizar que cualquier solución en esta área sea simple, gratuita, de código abierto, accesible para las personas tanto digitalmente como en papel, y diseñada desde el principio para proteger la privacidad de las personas», comentó el funcionario en una sesión informativa.
26 de marzo: Nueva York da el primer paso
En la recta final del pasado mes, el gobernador Andrew Cuomo anunció el lanzamiento del programa Excelsior Pass, bajo el cual se confirmarían pruebas negativas de COVID-19 o aplicación de vacunas en personas, un certificado que intenta ayudar a la reapertura.
En un comunicado, el demócrata explicó que el certificado «utiliza tecnología probada y segura para confirmar el resultado de prueba de antígeno o PCR negativo reciente de un individuo o prueba de vacunación para ayudar a acelerar la reapertura de negocios y lugares para eventos de acuerdo con las pautas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York».
Una vez se hizo el anuncio, lugares como el Madison Square Garden y el Times Union Center confirmaron que solicitarán el Excelsior Pass.
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2 de abril: El rechazo en Florida
Ron DeSantis, gobernador del estado Florida y uno de los funcionarios republicanos más críticos al gobierno de Biden, fue la primera figura en tomar acciones legales ante la posible creación de los pasaportes de vacunas y su implementación en la entidad.
A través de su cuenta de Twitter, el republicano confirmó la emisión de “una orden ejecutiva que prohíbe el uso de los llamados pasaportes de la vacuna COVID-19. La Legislatura está trabajando para hacer que estas protecciones sean permanentes para los floridanos y espero convertirlas en ley pronto».
Su designio impide que empresas del estado Florida soliciten tanto a clientes como a patrocinadores el documento para poder brindarles sus servicios; sin embargo, las compañías aún pueden instruir protocolos propios.
5 de abril: Posible salida
El rechazo republicano puso presión sobre el gobierno. Así lo adelantó el asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, quien dijo a Politico Dispatch que muy probablemente la administración Biden no se involucraría en la creación de los pasaportes.
«Dudo que el gobierno federal sea el principal impulsor de un concepto de pasaporte de vacuna», manifestó el experto. «Pueden estar involucrados en asegurarse de que las cosas se hagan de manera justa y equitativa, pero dudo que el gobierno federal sea el elemento principal de eso».
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6 de abril: Texas se suma y la Casa Blanca reacciona
El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva que prohíbe el pasaporte de vacunas en el estado, diciendo que las vacunas contra el COVID-19 son voluntarias y no deben impedir que los residentes sigan con su vida diaria.
“Todos los días, los tejanos regresan a la vida normal a medida que más personas reciben la vacuna COVID-19 segura y eficaz (…) Pero, como he dicho todo el tiempo, estas vacunas son siempre voluntarias y nunca forzadas. El gobierno no debería exigir a ningún residente que muestre un comprobante de vacunación y que revele información médica privada solo para seguir con su vida diaria”, argumentó Abbott en un comunicado.
La orden prohíbe a las agencias estatales crear como requisito un pasaporte de vacunas, “o condicionar la recepción de servicios al estado de vacunación COVID-19 de una persona”.
Ese mismo día, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, descartó que el gobierno de Joe Biden tenga que ver con la producción de pasaportes de vacunas, luego de las acciones de los gobernadores republicanos.
«No apoyaremos un sistema que requiera que los estadounidenses porten una credencial. No habrá una base de datos federal de vacunas ni un mandato federal que requiera que todos obtengan una única credencial de vacunación», señaló la vocera en una sesión informativa.
