La Cámara de Representantes de Massachusetts aprobó este miércoles 8 de abril la ley que prohíbe el acceso de menores de 14 años a las redes sociales y el uso de celulares en las escuelas públicas del estado. La votación fue 129 a favor y 25 en contra — una mayoría contundente que convierte a Massachusetts en uno de los estados con las restricciones más estrictas del país para proteger a los niños en el entorno digital.
El presidente de la Cámara, Ron Mariano, representante demócrata por Quincy, dijo en el comunicado oficial del 8 de abril que la ley "protegerá a los niños del contenido dañino y los algoritmos adictivos, y garantizará que nuestros estudiantes puedan concentrarse en el salón de clases sin la distracción de los celulares".
La legislación ya había pasado por el Senado. Ahora regresa a esa cámara para una revisión final antes de presentarla a la gobernadora Maura Healey.
Lo que aprobó la Cámara
La ley establece tres obligaciones principales para las plataformas de redes sociales.
- Primero, deben implementar un sistema de verificación de edad para identificar a sus usuarios.
- Segundo, a partir del 1 de octubre de 2026, deben terminar las cuentas de usuarios menores de 14 años y borrar su información personal.
- Tercero, para usuarios de 14 y 15 años, deben obtener el consentimiento verificable de un padre o tutor antes de permitir el acceso.
A los jóvenes de 16 años, pueden acceder sin restricciones adicionales.
La ley también prohíbe explícitamente que las plataformas compartan información sobre el estatus LGBTQ+ de un menor u otras características protegidas bajo la ley estatal.
En cuanto a los celulares en las escuelas, los distritos deberán adoptar una política que prohíba los dispositivos electrónicos personales desde la llegada hasta la salida — lo que se conoce como "bell-to-bell".
El representante Kenneth Gordon, presidente demócrata por Bedford del Comité Conjunto de Educación, agregó que "una gran mayoría de superintendentes nos instó a tomar la iniciativa en restringir el uso de celulares de campana a campana en nuestras escuelas", según el mismo comunicado.
Cada distrito decidirá cómo implementarlo: guardado seguro de los teléfonos, tecnología que los inhabilita u otros métodos aprobados por DESE. Los distritos deberán presentar su política ante DESE antes del 1 de septiembre de cada año.
Las excepciones
La ley reconoce que no todos los estudiantes pueden separarse de sus dispositivos por razones médicas o de aprendizaje. Los distritos deberán hacer excepciones obligatorias para estudiantes con Planes de Educación Individualizados (IEP), con discapacidades que requieran el uso de dispositivos, con necesidades médicas documentadas — como el monitoreo de glucosa — y con necesidades de traducción o acceso al idioma, autorizadas por el superintendente.
También se garantiza el acceso en caso de emergencia. Y los padres siempre tendrán la posibilidad de comunicarse con sus hijos durante el día escolar, aunque el teléfono esté guardado.
Esa última garantía es importante para muchas familias latinas donde los padres trabajan en horarios variables y dependen del celular del hijo para coordinar transporte, recoger a hermanos menores o comunicarse en situaciones de urgencia. La ley lo prevé.
Un programa piloto de tecnología en 10 distritos
La ley también crea un programa piloto en el que DESE seleccionará 10 distritos para probar tecnología de geofencing — sistemas que inhabilitan los dispositivos electrónicos dentro de los predios escolares durante el horario de clases. El programa incluye salvaguardas de privacidad: los proveedores de la tecnología no podrán recolectar datos para publicidad ni para perfiles de usuarios.
La selección de los distritos piloto considerará que la tecnología cumpla con las leyes de privacidad estatales y federales, que permita el acceso a aplicaciones educativas, y que garantice la comunicación con padres y con servicios de emergencia (911).
Qué seguiría
Si se promulga sin cambios, las plataformas de redes sociales tendrán hasta el 1 de octubre de 2026 para cumplir con la prohibición para menores de 14 años. La Fiscalía General tendrá hasta el 1 de septiembre de 2026 para emitir las regulaciones correspondientes.
