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Los demócratas del Senado de Massachusetts planean incluir más fondos para un programa de defensa legal destinado a ayudar a inmigrantes que enfrentan procesos de deportación, dentro de un proyecto de ley de gastos suplementarios que se prevé publicar el jueves por la mañana.
El programa, conocido como la Massachusetts Access to Counsel Initiative, fue creado durante el verano como parte del presupuesto estatal y ha permitido que cientos de personas puedan contar con abogados sin costo. A diferencia de la mayoría de los acusados en casos penales, las personas en procesos de inmigración generalmente no tienen derecho a un abogado gratuito asignado por el tribunal.
La presidenta del Senado, Karen Spilka, dijo que quiere añadir 1 millón de dólares adicionales a la iniciativa como parte de un proyecto de gastos que utiliza ingresos del llamado “impuesto a los millonarios”, un recargo del 4% sobre quienes ganan más de 1 millón de dólares al año.
“Necesitamos asegurarnos de que los fondos estén ahí, porque desafortunadamente la administración Trump sigue aumentando el número de personas que están —odio usar el término ‘secuestrando’ en ocasiones— pero que de repente aparecen y detienen a personas”, dijo la demócrata de Ashland en una entrevista.
Los legisladores asignaron 5 millones de dólares al fondo de defensa legal en el presupuesto del año fiscal 2026 firmado en julio por la gobernadora Maura Healey. El grupo de defensa Massachusetts Immigrant & Refugee Coalition obtuvo un contrato para supervisar el programa. Con esos fondos, ayudó a contratar 24 abogados de inmigración a tiempo completo que trabajan en organizaciones en todo el estado.
Hasta finales de marzo, esos abogados habían asumido más de 400 casos, mientras que cerca de otras 700 personas habían sido aprobadas para recibir servicios, según habían informado previamente funcionarios estatales. Sin embargo, la magnitud total de la demanda era aún mayor: miles de personas habían llamado a una línea telefónica creada para recibir solicitudes de asistencia legal.
La coalición está presionando a los legisladores para que destinen 15 millones de dólares en el próximo presupuesto estatal para ampliar el tamaño y el alcance de la iniciativa.
La organización ha señalado que existen programas similares en California, Colorado, Illinois, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Washington.
Mike Kennealy, uno de los tres republicanos que buscan desafiar a Healey en la carrera por la gobernación, criticó el programa en un comunicado el jueves: “Si Maura Healey gastara menos de su dinero de los contribuyentes ayudando a inmigrantes indocumentados a evitar deportaciones y más de su energía en revitalizar la economía de nuestro estado, Massachusetts estaría en una posición mucho mejor hoy”.
Spilka afirmó que cree que el fondo de defensa legal en Massachusetts ofrece “servicios críticos”.
“Claramente esto está funcionando de una manera en la que, cuando las personas son detenidas repentinamente, hay abogados que pueden reunirse con ellas y ayudarles a obtener fianza si corresponde, o a conocer sus derechos legales”, dijo.