La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el miércoles 1 de abril argumentos orales en el caso Trump v. Barbara, un caso histórico que determinará si el presidente Donald Trump puede restringir la ciudadanía automática para bebés nacidos en suelo estadounidense de padres sin estatus migratorio legal o con estatus temporal.
Los jueces se mostraron escépticos ante los argumentos de la administración Trump, que sostiene que la Enmienda 14 de la Constitución no otorga ciudadanía automática a hijos de personas que se encuentran en el país de forma no autorizada. El caso podría redefinir quién es considerado ciudadano estadounidense de una forma sin precedentes en más de 150 años.
Trump asiste por primera vez a argumentos orales en la Corte
Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a argumentos orales ante la Corte Suprema, según reportó PBS News. Su caravana recorrió las avenidas Constitution e Independence, pasando frente al Monumento a Washington, hasta llegar al edificio del tribunal. La procuradora general adjunta, Pam Bondi, lo acompañó.
La presencia presidencial generó debate. Adam Winkler, profesor de derecho constitucional en UCLA, declaró a Associated Press que la asistencia de Trump señala la importancia que el presidente le da al caso, pero que es poco probable que influya en los jueces.
Jueces cuestionan el concepto de "domicilio" del gobierno
El argumento central de la administración giró en torno al concepto de "domicilio". El procurador general D. John Sauer argumentó que solo los hijos de inmigrantes que establecen un domicilio permanente en EE.UU. deberían recibir ciudadanía por nacimiento.
El juez Neil Gorsuch presionó a Sauer con una pregunta sobre si los bebés nativos americanos nacidos hoy tendrían derecho a la ciudadanía bajo esa interpretación, según reportó CNN. Sauer respondió que creía que sí, pero solo porque una ley federal de la década de 1920 les otorgó ese derecho por estatuto, no necesariamente por la Constitución.
La jueza Sonia Sotomayor preguntó si la administración buscaría retroactivamente revocar la ciudadanía a personas que ya la obtuvieron por nacimiento. Sauer respondió que el gobierno no tiene intención de tomar acciones retroactivas. La jueza Ketanji Brown Jackson planteó cómo se verificaría en la práctica el estatus migratorio de los padres de un recién nacido.
Más de 250,000 bebés al año podrían perder la ciudadanía
Según proyecciones del Migration Policy Institute y la Universidad Estatal de Pensilvania citadas por PBS, más de 250,000 bebés nacidos en EE.UU. cada año no recibirían ciudadanía si la orden se aplica. Para 2045, el número de personas sin autorización en el país podría aumentar en 2.7 millones adicionales, y para 2075 en 5.4 millones.
La directora legal nacional de la ACLU, Cecillia Wang, hija de inmigrantes chinos, presentó los argumentos contra la orden ejecutiva. Wang argumentó que establecer un domicilio permanente no era el enfoque de la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14.
Fiscal general de Massachusetts entre los opositores a la orden
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, se unió a 23 fiscales generales demócratas que presentaron documentos respaldando la posición contra la orden de Trump, según reportó NBC Boston. En contraste, 25 fiscales generales republicanos presentaron escritos apoyando a la administración. New Hampshire fue el único estado que no tomó posición.
La orden ejecutiva fue firmada el 20 de enero de 2025, el primer día del segundo mandato de Trump, como parte de su política migratoria. Todos los tribunales inferiores que han evaluado el caso declararon la orden ilegal y la bloquearon. Se espera una decisión definitiva de la Corte Suprema para inicios de verano.
Para la comunidad latina e inmigrante de Massachusetts, este caso tiene implicaciones directas. Como reportó El Planeta, los inmigrantes en el estado pueden acceder a ayuda legal gratuita, un recurso clave mientras se define el futuro de estas protecciones constitucionales.
