Por Eve Zuckoff
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Durante 32 años, Olive McSweeney Sheehan ha dirigido un centro de cuidado infantil familiar desde su casa en Brighton. Le encanta el trabajo que hace, pero enfrenta una dura realidad financiera.
Su presupuesto semanal para leche, pan, frutas y verduras para los seis bebés y niños pequeños que cuida en Over the Rainbow Family Childcare se ha duplicado en los últimos años. Dice que sus facturas de servicios públicos han aumentado entre $200 y $300 al mes. Y ahora, el aumento de los impuestos a la propiedad amenaza con ser la gota que colma el vaso.
“He estado haciendo esto por mucho tiempo y, la verdad, estoy cansada de luchar”, dijo. “O sea, ¿cuándo se detiene?”
Los propietarios de viviendas en Boston enfrentan este año un aumento del 13% en los impuestos — unos $780 más para la vivienda unifamiliar promedio. McSweeney Sheehan calcula que pagará alrededor de $1,100 más este año.
Ella es una de miles de residentes de Boston atrapados en la disputa fiscal entre la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, y el Senado estatal. Wu quiere trasladar temporalmente una mayor parte de la carga de los impuestos a la propiedad desde los residentes hacia los propietarios de inmuebles comerciales. Pero sus esfuerzos han fracasado en múltiples ocasiones.
Se ha convertido en una tormenta política: Wu dice que los senadores se han opuesto a ella porque han sido influenciados por intereses inmobiliarios. Por otro lado, los legisladores afirman que su plan impondría demasiada presión a las empresas que ya están en dificultades y que, en su lugar, debería recortar el presupuesto de la ciudad.
Para entender por qué la Legislatura puede decirle a Boston (y a otras comunidades) cómo establecer sus impuestos, se requiere un análisis profundo. Varios legisladores y analistas contactados por WBUR tenían poca idea de cómo se llegó a esta situación.
“Tenemos que trabajar con las enmiendas de gobierno local (home rule) que se promulgaron en la década de 1960”, dijo Janice Griffith, profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk.
Estas enmiendas permiten a las ciudades y pueblos crear leyes locales y ejercer gran parte de su propio poder, pero existen límites.
“No pueden regular las elecciones… Tampoco pueden pedir préstamos ni comprometer el crédito de la ciudad o del pueblo sin la aprobación del estado”, dijo Griffith. “No tienen ningún poder para imponer, evaluar o recaudar impuestos".
Por eso Wu tuvo que presentar una petición de gobierno local (home rule petition) para intentar trasladar la carga del impuesto a la propiedad, aunque el concejo municipal y muchos otros líderes de la ciudad estaban de acuerdo con su plan.
En general, dijo Griffith, no cree que depender de las peticiones de home rule sea un buen sistema.
“Violan el concepto de trato igualitario entre los municipios”, afirmó. “Cada municipio puede acudir a la Corte General y obtener lo que quiera, suponiendo que la Corte General lo apruebe. Y luego los demás municipios no necesariamente tienen la misma legislación".
En muchas de las entrevistas y discursos públicos recientes de Wu, ha expresado su frustración con este sistema por otra razón.
“Decisiones que en la mayoría de los estados se dejan en manos de los líderes locales, aquí son tomadas en cambio por senadores u otros desde cientos de millas de distancia”, dijo frente a un público de cientos de personas en la conferencia de la Asociación Municipal de Massachusetts la semana pasada. “Necesitamos que el estado nos ayude a brindar a nuestros municipios la flexibilidad para responder de manera rápida y eficaz a las necesidades de nuestros residentes".
Pero otros dicen que las peticiones de home rule permiten un sano sistema de pesos y contrapesos sobre propuestas que requieren mayor consideración.
“Definitivamente puedo hablar de manera más general sobre por qué, cuando pueblos y ciudades quieren llevar adelante ideas descabelladas, es bueno tener cierta supervisión estatal”, dijo Paul Craney, director ejecutivo de la Massachusetts Fiscal Alliance, de tendencia conservadora.
Él no es partidario de la propuesta de traslado de impuestos de la alcaldesa, y comparó la iniciativa de Wu con los esfuerzos por aprobar el voto por clasificación (ranked-choice voting). Tras ser ampliamente rechazada por los votantes en todo el estado en una pregunta de votación de 2020, las propuestas sobre el voto por clasificación han sido llevadas a comunidades locales.
“Los pesos y contrapesos existen por una razón”, dijo. “Es para que, cuando se hagan cambios drásticos, haya más consenso además de unas pocas personas en el gobierno municipal tomando todas las decisiones".
Por ahora, el punto ha quedado claro respecto a la propuesta de Wu para trasladar el impuesto a la propiedad: los senadores estatales la rechazaron con un voto de 33 a 5 este mes. Así que, a pesar de su frustración, la alcaldesa tendrá que volver a la mesa de trabajo en la próxima sesión, mientras continúan madurando otros esfuerzos para reducir la carga sobre los propietarios de viviendas.
Para la proveedora de cuidado infantil familiar, Olive McSweeney Sheehan, el alivio no puede llegar lo suficientemente pronto.
Ella dijo que necesitará aumentar su tarifa a las familias para llegar a fin de mes. Pero el año pasado ya la aumentó en $25 por semana, y no quiere hacerlo de nuevo.
“Simplemente se siente mal”, dijo McSweeney Sheehan. “Son parejas jóvenes. Están empezando. Todos estamos recibiendo las mismas facturas. Pagan los mismos servicios, los mismos precios de los alimentos. Y además no puedo ponerme un precio que me saque del negocio, ¿sabes?”
En septiembre, dijo, revisará los números de inscripción y decidirá si es momento de cerrar el negocio.
