En Massachusetts han surgido nuevas preocupaciones tras un aumento en las detenciones realizadas por ICE en tribunales estatales, de las cuales cerca del 20 % se concentraron en cortes del área de Boston. GBH News informó, con base en datos del Tribunal de Massachusetts, que en 2025 hubo al menos 614 arrestos en tribunales estatales, incluidos más de 30 en Chelsea, más de 20 en East Boston y más de 15 en Brooke Court.
Según abogados y activistas, los agentes federales suelen esperar a que las personas salgan de audiencias —muchas veces por asuntos civiles como casos de vivienda— o sean liberadas bajo palabra, para arrestarlas fuera de los edificios judiciales. Varias de estas detenciones se realizan sin órdenes firmadas por un juez, lo que ha reavivado el debate sobre el acceso seguro a los tribunales.
De acuerdo con las regulaciones judiciales, los agentes pueden acceder a las áreas de detención de los tribunales para efectuar una custodia, pero el personal judicial no está autorizado a colaborar ni a impedir operativos de ICE.
Ante esta situación, el Caucus Legislativo Afroamericano y Latino de Massachusetts (MBLLC) presentó el miércoles 28 la propuesta de ley PROTECT Act, diseñada para proteger a las comunidades inmigrantes, garantizar el acceso seguro a los tribunales y mantener la confianza en la policía local.
“Al elaborar esta propuesta, establecimos… que esté guiada por las voces y experiencias de las familias inmigrantes, y que cuente con un sólido respaldo legal, aprovechando al máximo las facultades del Estado de Massachusetts”, dijo el representante Andy Vargas y Chair del caucus.
Segun varios de los Representantes que asistieron a la rueda de prensa presentando el PROTECT Act le confirmaron a El Planeta que el proximo paso es que esta ley sea discutida y aprobada en el Joint Committee on the Judiciary o quizas otro comité. Lo importante es que esta propuesta sea convertida en ley lo mas pronto posible, todos los entrevistados afirmaron.
Un paso para detener los arrestos de ICE en tribunales
Los miembros del caucus señalaron que se tiene que separar la seguridad pública de la aplicación de leyes migratorias civiles, para que las agencias locales puedan enfocarse en prevenir y resolver delitos.
“Eso es lo que hace el PROTECT Act. Establece una regla clara: los arrestos civiles por inmigración no deben realizarse dentro o alrededor de los tribunales de Massachusetts, ni mientras alguien se dirige hacia o desde ellos, a menos que haya una orden judicial”, explicó la representante estatal Judith Garcia.
La propuesta también exige informes públicos trimestrales sobre acciones de inmigración en los tribunales, sin incluir nombres ni datos personales, para que comunidades, jueces y legisladores puedan entender mejor lo que ocurre. “Esta ley permite que jueces, oficiales y personal hagan su trabajo, y que víctimas, testigos y familias puedan acudir a la corte sin miedo”, agregó Garcia.
Nuevo límite reduce cooperación con ICE
En el estado algunos inmigrantes son arrestados o acusados por delitos menores, y la policía estatal y local envía automáticamente sus huellas digitales al FBI, que luego las comparte con ICE. Esto permite que la agencia federal sepa de inmediato quién ha sido detenido.
La propuesta prohíbe este tipo de participación de la policía local de los acuerdos 287(g) civiles, que antes permitían a algunas fuerzas locales colaborar con ICE incluso en casos menores. Con la nueva normativa, solo se permitirán acuerdos centrados en delitos graves, bajo estricta supervisión estatal.
“Queremos que todo esto sea aplicable legalmente, y por eso otorgamos a la Fiscal General amplios poderes para hacer cumplir lo establecido en este proyecto de ley”, dijo el representante Vargas.
Bajo este nuevo marco los acuerdos locales se tendrían que autorizar si reciben aprobación de la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública y Seguridad (EOPSS), después de aviso público, períodos de comentarios, consulta con el Fiscal General, publicación de análisis legal y reportes periódicos.
Actualmente en el estado, solo el Departamento de Corrección tiene un contrato 287(g) y según el Departamento de Seguridad Nacional, en todo el país ya existen más de 1,000 acuerdos de este tipo.
Garantizar el debido proceso a las familias
Reportes recientes muestran casos en los que padres desaparecen sin previo aviso, dejando a sus hijos en un limbo legal y emocional. En New Bedford, niños ciudadanos estadounidenses han perdido contacto inmediato con sus padres después de estos quedar detenidos.
“Hay familias que viven con la incertidumbre diaria de no saber dónde están sus seres queridos. Ellos deberían poder localizarlos rápidamente y garantizar el debido proceso en las instalaciones donde se encuentran”, dijo Vargas.
Son estas situaciones las que el PROTECT Act busca transparencia estableciendo derechos claros para los detenidos al ingresar a los centros de detención, garantizando acceso a intérpretes, comunicación legal confidencial y rápida, y un sistema seguro para que las familias los localicen; además de asegurar el cumplimiento de citas con EOIR y USCIS, evitando que “desaparezcan” dentro del sistema.
“Esta ley no es solo un conjunto de reglas. Protege a las familias y permite que el sistema funcione con transparencia, sin que el miedo impida que las personas acudan a los tribunales o mantengan contacto con sus seres queridos”, añadió Vargas.
Durante la rueda de prensa, Gladys Vega, directora de La Colaborativa, destacó la importancia de proteger a las comunidades inmigrantes, y recordó que Massachusetts ha sido históricamente un estado formado por inmigrantes.
“Reconocemos las contribuciones de nuestras comunidades y creemos que con este proyecto de ley podremos proteger mejor a nuestras familias”, concluyó Vega.
