Por Simón Rios y Eve Zuckoff
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En una carta dirigida al secretario municipal de Boston, Cox indicó que el departamento recibió 57 solicitudes de detención civil por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el año pasado, varias veces más que en años anteriores. En cada uno de los 57 casos, dijo Cox, el Departamento de Seguridad Nacional dio la misma razón para su solicitud: “El DHS ha determinado que existe causa probable para creer que la persona es deportable”.
La carta de Cox es requerida anualmente por la ciudad para demostrar el cumplimiento de la Ley de Confianza de Boston (Trust Act).
Bajo esa ley, la policía de Boston no puede detener a una persona después de que sea elegible para su liberación, a menos que ICE tenga una orden judicial penal contra esa persona. Eso significa que la policía de Boston no puede cumplir con solicitudes de detención civil ni con órdenes administrativas firmadas por funcionarios de la agencia. La ley de Boston se ve reforzada por un fallo de la Corte Judicial Suprema de 2017 que prohíbe a las fuerzas del orden locales retener a una persona para ICE más allá de su hora de liberación.
En septiembre, la Administración Trump demandó a la ciudad por lo que calificó como políticas migratorias “obstruccionistas”, argumentando que la Ley de Confianza viola la ley federal. La demanda alega que la policía de Boston no permite que los agentes tengan acceso a las áreas de detención, “incluso cuando agentes de ICE están presentes en la estación de policía y son capaces de tomar custodia de ese extranjero".
La demanda también afirma que Boston cumplía con las solicitudes de detención de ICE hasta 2015, después de que se adoptara por primera vez la Ley de Confianza.
Funcionarios de Boston han dicho que la ciudad es una de las más seguras del país, en parte porque los inmigrantes pueden sentirse seguros al cooperar con la policía.
“El Departamento sigue comprometido a cumplir con la Ley de Confianza de Boston, así como con la ley estatal, y a construir y fortalecer las relaciones y la confianza con todas nuestras comunidades en toda la ciudad”, escribió Cox en su carta a la ciudad.
Bajo la Ley de Confianza o "Trust Act", la policía de Boston tiene permitido colaborar con ICE en asuntos penales. Pero no está facultada para realizar labores de control migratorio federal cuando las personas se encuentran en el país sin estatus legal pero no están acusadas de violar otras leyes.
El director interino de ICE, Todd Lyons, ha dicho que recibe información de amigos dentro de la policía de Boston, aunque la alcaldesa Michelle Wu ha advertido que cualquier oficial que filtre información a ICE en violación de la Ley de Confianza enfrentaría sanciones.
Joshua Dankoff, de la organización sin fines de lucro Citizens for Juvenile Justice, está analizando las relaciones entre ICE y los departamentos de policía locales en todo Massachusetts. Dankoff elogió a la policía de Boston por no cumplir con las solicitudes de detención de ICE, pero dijo que se necesitan más salvaguardas para garantizar que la policía no esté ayudando a los agentes de inmigración de manera informal, ya sea dentro o fuera de las restricciones de la Ley de Confianza.
Dankoff también forma parte de la Junta de Revisión Civil de Boston, que se creó en el punto más alto del movimiento Black Lives Matter para investigar quejas contra el departamento de policía. Dijo que quiere que la junta ponga su atención en la relación del BPD con ICE.
“La pregunta más importante es: ¿Existe comunicación formal o informal entre los oficiales del BPD y los agentes de ICE?”, dijo Dankoff. Señaló que sus esfuerzos por obtener registros públicos de la policía de Boston sobre la relación del departamento con ICE solo han dado como resultado una copia de la Ley de Confianza de la ciudad.
Ni el BPD ni ICE respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En medio de las protestas por el asesinato de un segundo manifestante en Minneapolis a manos de agentes federales, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó recientemente que las muertes fueron el resultado de la negativa de los líderes locales y estatales a cooperar en la aplicación de la ley migratoria.
“La policía local debe ayudar a las fuerzas federales en la aprehensión y detención de extranjeros indocumentados que son buscados por delitos”, dijo Leavitt.
Tanto Wu como la gobernadora Maura Healey han dicho repetidamente que las fuerzas del orden en Massachusetts asisten rutinariamente a ICE en asuntos penales.
ICE y el Departamento de Policía de Boston (BPD) han tenido conflictos anteriormente sobre la comunicación. El informe de Cox de 2024 indicó que el departamento había recibido 15 solicitudes de detención por fax, mientras que ICE dijo que había emitido 198 detenciones. Después de que BPD solicitara que los agentes usaran correo electrónico, el departamento estableció una línea de fax dedicada para evitar discrepancias futuras.
Cox culpó a ICE por no enviar las solicitudes de detención por los canales apropiados: Solo el 28 % de las solicitudes recibidas en 2025 llegaron a través de la línea de fax.
