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Para los inmigrantes detenidos, tener un abogado puede significar la diferencia entre permanecer en Estados Unidos y ser deportados.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) señala que los inmigrantes detenidos tienen 10 veces más probabilidades de obtener protección contra la deportación cuando cuentan con representación legal. Sin embargo, debido a que los procesos migratorios se clasifican como casos civiles, el gobierno federal no garantiza abogados para quienes no pueden costear uno, dejando a miles de personas a enfrentar solas un sistema legal complejo.
Ahora, Massachusetts ha intervenido, proporcionando fondos para el primer programa estatal, con apoyo público, destinado a ofrecer representación legal a inmigrantes que enfrentan la deportación.
En Boston, los arrestos realizados por U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE, por sus siglas en inglés) en tribunales locales han aumentado en los últimos años, particularmente durante la segunda administración de Trump. Según datos de los tribunales reportados por GBH News, al menos 54 arrestos de ICE tuvieron lugar en tribunales municipales de Boston en 2025, con un arresto adicional en el tribunal de East Boston a principios de 2026.
Para el concejal municipal de Boston por elección general, Henry Santana, el clima actual subraya la necesidad urgente de recursos legales, especialmente para apoyar a las comunidades latinas de la ciudad.
“La gente todavía necesita mayor acceso a abogados”, dijo a El Planeta. “Lo veo todas las semanas —a veces incluso todos los días— a través de llamadas de familias que buscan representación legal o información sobre los recursos disponibles".
Para abordar esta brecha, la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts (MIRA, por sus siglas en inglés), la organización de derechos y defensa de inmigrantes más grande de Nueva Inglaterra, lanzó la Iniciativa de Acceso a Asesoría Legal de Massachusetts (MACI), el primer programa estatal de defensa legal de este tipo financiado con fondos públicos, que recibió casi 200 solicitudes iniciales en sus primeras semanas.
“Este programa ayuda a personas que necesitan representación legal y que a menudo no cuentan con los recursos para pagar un abogado”, dijo Stephanie Rosario Rodríguez, directora del programa de MIRA. Rodríguez, originaria de Puerto Rico, ha vivido la mayor parte de su vida en Massachusetts y ha dedicado años a trabajar con comunidades inmigrantes.
Primero de su tipo
La iniciativa está financiada mediante una asignación de 5 millones de dólares en el presupuesto estatal del año fiscal 2026, impulsada por el representante Frank Moran (D-Lawrence), el representante David Rogers (D-Cambridge) y el senador Adam Gómez (D-Springfield).
“Este financiamiento es una señal clara de que Massachusetts está comprometido con la protección de los inmigrantes y con garantizar el debido proceso”, dijo Elizabeth Sweet, directora ejecutiva de MIRA.
La estructura del programa se inspira en la Ley de Defensa Legal para Inmigrantes, presentada a principios de este año en la Legislatura estatal (S.1127 por Gómez y H.1954 por Moran y Rogers), cuyo objetivo es hacer permanente la representación legal para inmigrantes en Massachusetts.
“Una de las principales formas de resistir es asegurar que ningún inmigrante tenga que defender su vida, su libertad o a su familia sin un abogado”, dijo Carol Rose, directora ejecutiva de la ACLU de Massachusetts. El estado trabajará en colaboración con socios, incluida la ACLU, para evaluar cuidadosamente a los solicitantes y asignarlos a abogados calificados.
Cómo funciona el programa
Las personas que buscan asistencia legal pueden llamar a la línea telefónica centralizada de MACI para completar una evaluación inicial, que normalmente dura entre 15 y 30 minutos. Los abogados de MIRA revisan la información y, si el solicitante cumple con los requisitos, lo remiten a un socio legal contratado para una consulta, según disponibilidad.
Si la línea está ocupada, se recomienda a quienes llamen dejar un mensaje de voz con su nombre y número de teléfono, y recibirán una llamada de regreso dentro de un día hábil. Las personas detenidas deben proporcionar la información de contacto de un familiar de confianza que pueda ser contactado en su nombre.
“Después de la llamada inicial, el abogado se comunica con la persona o con su familia para hablar sobre las opciones legales y los próximos pasos”, explicó Rodríguez. “Todo el proceso es gratuito. Las familias no tienen que pagar abogados, lo cual es fundamental cuando algunas personas gastan decenas de miles de dólares tratando de contratar representación legal por su cuenta".
Los organizadores de MIRA enfatizaron que el programa es confidencial y que no se comparte información personal con el gobierno federal. Solo se reportan al estado datos agregados, como el número de llamadas o de casos atendidos, sin nombres ni estatus migratorio.
Las consultas se ofrecen de manera presencial, en línea o por teléfono, según las circunstancias del cliente. Además, los servicios están disponibles en español, francés y otros idiomas, ya sea a través de abogados bilingües o mediante líneas profesionales de interpretación.
Quién es elegible
El programa atiende a inmigrantes que:
- Están detenidos o no detenidos y participan en procesos de deportación.
- Tienen una conexión con Massachusetts a través de residencia, trabajo o un caso vinculado al estado.
- Cumplen con los requisitos de bajos ingresos, generalmente alrededor del 125% del nivel federal de pobreza, es decir, aproximadamente $19,500 para una persona o $40,000 para una familia de cuatro.
Los solicitantes detenidos en otro estado también pueden calificar si tienen una conexión con Massachusetts. La evaluación inicial solo requiere información básica de contacto, ingresos familiares y números de casos migratorios. Los abogados proporcionan una lista completa de los documentos necesarios para la consulta después del proceso inicial.
Un modelo potencial
MIRA considera a MACI como un posible modelo para otros estados que buscan ampliar la representación legal para inmigrantes.
Esa visión más amplia también es compartida por líderes laborales, incluido Dave Foley, presidente del Consejo Estatal del SEIU, que representa a más de 140,000 trabajadores en Massachusetts. Foley enfatizó la importancia de que los estados garanticen el acceso a representación legal.
“Los trabajadores inmigrantes de todos los orígenes —uno de cada cinco de los cuales es trabajador esencial— representan esta esperanza y son vitales para el progreso de nuestra nación”, dijo, subrayando que proteger sus derechos beneficia a todos.
Sobre la autora
Rosanna Marinelli es corresponsal multimedia de The Latino Newsletter y editora de noticias en El Planeta.
