La senadora estatal Cynthia Stone Creem defendió el proyecto de ley S.2246, conocido como “Freedom to Move Act”, que busca que Massachusetts reduzca la contaminación del transporte promoviendo más opciones para moverse sin depender del auto.
En un comunicado, Creem aclaró que la propuesta no impone multas, impuestos ni castigos a los conductores, ni limita las decisiones personales. En cambio, obliga al Departamento de Transporte del estado (MassDOT) a fijar metas para reducir las millas recorridas en autos privados, invirtiendo en mejores alternativas como trenes, autobuses, ciclovías y planificación urbana que facilite vivir y desplazarse sin necesidad de un vehículo.
Según la senadora, el objetivo es dar más opciones a la gente, no restringirla, y enfocar los esfuerzos en la infraestructura pública. El transporte es actualmente la mayor fuente de emisiones de carbono en Massachusetts, representando entre el 37% y 40% de los gases de efecto invernadero del estado, principalmente por el uso de gasolina y diésel en autos, camiones y transporte público; por ello, el proyecto busca alinear la política de transporte con las metas climáticas estatales.
Tras una votación de 4 a 1 en el Comité Conjunto de Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Energía, el proyecto de ley fue enviado al Comité de Medios y Arbitrios del Senado con el objetivo de reducir las millas que los residentes de Massachusetts recorren en sus vehículos personales. El proyecto avanzó en diciembre de 2025 . Aunque no fija un número específico de millas que cada persona deba reducir, se busca definir estrategias y presentar informes anuales sobre los avances.
Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas. Opositores argumentan que la propuesta no toma en cuenta a residentes de zonas rurales y suburbanas que dependen del automóvil por falta de transporte público. También expresan preocupación por posibles impuestos o sistemas de cobro por milla en el futuro.
El proyecto se basa en la Ley de Soluciones Globales al Calentamiento de Massachusetts, que exige reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y 2050. Aunque busca combatir el cambio climático, la medida enfrenta resistencia por el impacto que algunos temen que tenga en la libertad de movilidad de los residentes.
