Por Simón Rios
To read this article in English in WBUR click here.
A medida que el presidente Trump envía tropas de la Guardia Nacional a ciudades de todo el país —y deja entrever dónde podrían ser las próximas—, los líderes políticos de Massachusetts se preparan ante la posibilidad de ver soldados en las calles de Boston.
La mayoría de los funcionarios electos locales están unidos en contra de cualquier presencia de la Guardia Nacional en la ciudad. Sin embargo, a nivel nacional y dentro de Boston, la opinión está dividida: mientras algunos consideran que se trata de un esfuerzo legítimo contra el crimen, otros lo ven como el inicio de un estado policial.
La fiscal general Andrea Campbell y su equipo han estado “reuniéndose constantemente” con líderes estatales y locales, según informó su oficina, y están preparados para impugnar judicialmente cualquier “despliegue ilegal”.
Recientemente, la fiscal general se sumó a un grupo de estados que respaldan la impugnación de Washington D.C. frente a la activación de soldados allí. En un comunicado, Campbell afirmó que el presidente ha dejado claro que D.C. es “solo el comienzo de la ocupación militar de ciudades estadounidenses”.
Trump se ha comprometido a seguir enviando tropas a ciudades que considera dominadas por el crimen. La semana pasada, en la Oficina Oval, firmó una orden ejecutiva para activar la Guardia Nacional de Tennessee en Memphis, una ciudad con una de las tasas de crimen violento más altas del país.
“Quiero que el crimen se detenga, y quiero que la Guardia Nacional entre de inmediato si eso es necesario”, dijo Trump, agregando que Chicago y St. Louis podrían ser las siguientes. “Queremos salvar estos lugares”.
El presidente también ha mencionado a Baltimore, Nueva York y Nueva Orleans como posibles destinos para las tropas. Aunque públicamente no ha señalado a Boston como una ciudad que requiera presencia militar, la ciudad ha estado enfrentando a la administración Trump en otros frentes durante meses. Una posible despliegue aquí sería un “exceso sin precedentes que va más allá de la Constitución”, declaró recientemente la alcaldesa Michelle Wu a WBUR.
“En ciudades de todo el país, todos están haciendo preparativos, por si acaso”, dijo Wu. “No podemos predecir lo que sucederá. Esta no es una administración que actúe con razón, lógica y respeto a la ley”.
Un portavoz de la Casa Blanca calificó las preguntas sobre un despliegue en Boston como especulación.
Pero para Roberto Chao, residente de Jamaica Plain, la posibilidad es demasiado real. Chao salió de Uruguay rumbo a Estados Unidos en 1984, huyendo de una dictadura militar.
“Me ha afectado toda mi vida”, dijo Chao en español.
Ahora con 76 años, Roberto Chao es muralista y pasó su carrera enseñando arte en escuelas públicas del área de Boston. Recuerda cómo creció en Uruguay —un país próspero con profundas tradiciones democráticas— y cómo rápidamente su nación, conocida como la “Suiza de las Américas”, se sumió en un régimen militar brutal.
“Después de las 8 de la noche, no podías caminar por la calle. El ejército lo controlaba todo”, dijo. “En lugar de policías, había soldados con ametralladoras… Aparecían soldados enmascarados, se llevaban a la gente y nunca sabías a dónde iban”.
Chao es ahora ciudadano estadounidense, pero teme que su país adoptivo siga un camino similar al Uruguay del que huyó. Ve señales de que Trump concentra más poder cada día: imponiendo aranceles generalizados, dictando políticas educativas e invocando poderes de emergencia para enviar tropas donde él quiera.
“Ya están poniendo soldados en Los Ángeles y en Washington D.C., y ahora se habla de que podrían traerlos a Boston”, dijo Chao.
Un portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, sin confirmar planes para Boston, afirmó en un correo electrónico: “El presidente Trump quiere hacer que cada ciudad del país sea segura, tal como logró recuperar [la ciudad] con altos índices de crimen en Washington D.C., y por eso llevará estos esfuerzos a Memphis, Tennessee”.
Muchos residentes de Boston respaldan a la alcaldesa Michelle Wu, quien se ha convertido en una crítica prominente de la administración Trump. Pero algunos en la ciudad —incluso seguidores de Wu— dicen que recibirían con agrado la presencia de tropas. Grace Richardson, residente de Dorchester de 52 años, conoce de primera mano la violencia y aseguró que los soldados de la Guardia Nacional podrían marcar la diferencia en las calles de Boston.
En 2017, su hijo de 20 años, Christopher Austin Jr., fue asesinado a plena luz del día en Dorchester.
“Se graduó, consiguió un trabajo en el aeropuerto y estaba camino al trabajo temprano en la mañana… le dispararon en la cara”, dijo Richardson. “Mi bebé, mi hijo”.
Un hombre de 24 años recibió cadena perpetua por el asesinato. Richardson afirmó que siente que Boston es más segura hoy que hace ocho años, cuando su hijo fue asesinado. Aún así, considera que la presencia de soldados podría disuadir a los criminales.
“Necesitamos desplegar la Guardia Nacional”, dijo.
También recuerda con afecto activaciones anteriores de la Guardia, como durante la Tormenta de Nieve de 1978. “La Guardia Nacional son nuestros hijos e hijas”, agregó. “¿Entonces por qué deberíamos temerles?”
Otras activaciones de la Guardia en Massachusetts
Los miembros de la Guardia Nacional de Massachusetts suelen ser activados localmente para responder a incendios y tormentas, así como para eventos de alto perfil, como el Maratón de Boston. En 2020, el gobernador Charlie Baker también llamó a los soldados para ayudar a administrar vacunas durante la pandemia de COVID-19 y mantener el orden durante las protestas de Black Lives Matter. La gobernadora Maura Healey activó a 375 miembros para asistir con el reciente aumento de migrantes en refugios.
Un portavoz de la Guardia señaló que, en sus casi cuatro siglos de existencia, la institución ha respondido a desastres naturales, apoyado a autoridades locales y participado en todos los conflictos mayores de EE. UU. En los últimos cinco años, esto ha implicado unas 61 misiones, según datos de la Guardia, tanto en Massachusetts como en el extranjero y en distintas partes del país.
Este año, bajo la administración Trump, una compañía de policía militar fue enviada desde Massachusetts a la frontera con México. Los miembros de la Guardia también apoyaron la investidura presidencial en enero.
Funcionarios de la Guardia en Massachusetts aseguraron que no han recibido notificación de misiones pendientes en el estado. Pero para el congresista estadounidense Seth Moulton, Boston está en la mira de Trump.
“Va a apuntar a ciudades gobernadas por demócratas, incluyendo Boston, aunque tenga una de las tasas de criminalidad más bajas del país”, dijo Moulton.
Para el demócrata de Salem, los despliegues militares no son un concepto abstracto. Moulton hizo cuatro despliegues como Marine en Irak y afirmó que los demócratas no deberían negar que existe un problema de crimen, pero que debe abordarse a nivel local, no con tropas federales.
“El crimen ha sido un problema en Washington D.C. —dijo—. El problema es que no se puede usar al ejército contra nuestros propios ciudadanos para resolverlo.”
Moulton, que ha visto miembros de la Guardia patrullar sitios turísticos en la capital, cuestiona los motivos de Trump. Señaló que los soldados han sido vistos recogiendo basura alrededor del National Mall: “Y déjenme decirles, nadie se enlistó en la Guardia Nacional para recoger basura”.
El congresista Jake Auchincloss, también exmarine, advirtió que Trump estaría en “un terreno legal muy delicado” si enviara tropas contra la voluntad del gobernador: “Lo que va a descubrir es que Massachusetts no albergó tropas del rey hace 250 años, y no vamos a albergar tropas del presidente ahora”.
Es ilegal usar al ejército para funciones de seguridad civil, salvo que se cumplan ciertos estándares. Los presidentes pueden activar la Guardia Nacional unilateralmente, pero es raro; la última vez fue en 1965, cuando Lyndon Johnson federalizó a la Guardia de Alabama para proteger a manifestantes por los derechos civiles.
Sesenta años después, Trump envió miles de soldados y Marines a Los Ángeles y comunidades vecinas en junio, citando protestas contra las redadas de ICE. El gobernador de California calificó la medida de ilegal y un juez federal le dio la razón; la administración apeló la decisión.
En este contexto, Auchincloss afirmó que Trump coloca a los miembros de la Guardia en un “escenario imposible”. Para los oficiales que podrían recibir órdenes ilegales, Auchincloss aconsejó: “Si puedes demostrar que en ese momento tenías pruebas sólidas de que la orden no era legal, estás obligado a no obedecerla”.
“Los oficiales de la Guardia Nacional juran lealtad a la Constitución, no al presidente”, agregó.
“Deben obedecer órdenes legales, pero en cuanto un juez determine que una orden no es legal, deben acatar al juez y no a la orden”.
