Por Sarah Betancourt
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La Administración Trump está reactivando la práctica de que funcionarios de inmigración realicen inspecciones en vecindarios para evaluar a los inmigrantes que solicitan la ciudadanía.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), la agencia federal que revisa solicitudes y concede la ciudadanía, anunció la semana pasada en un memorando que reanudará las entrevistas a vecinos, empleadores y compañeros de trabajo de los solicitantes de ciudadanía correspondientes a los cinco años previos a su solicitud. Este tipo de investigación ya existía como política, aunque rara vez se realizaba. En 1991, el organismo predecesor de USCIS otorgó a los directores de distrito la autoridad para eximir las investigaciones vecinales, lo que prácticamente puso fin a la práctica.
“Sospecho que esto se trata realmente de ralentizar el proceso, de poner más obstáculos a quienes intentan convertirse en ciudadanos, porque no hay una justificación válida para hacerlo”, dijo Sarang Sekhavat, jefe de personal de la Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition, que ofrece clínicas de naturalización gratuitas en sus oficinas.
Damaris Velásquez, cofundadora de Agencia ALPHA, un grupo de defensa de inmigrantes en Boston que ayuda a los residentes a obtener la ciudadanía, señaló que desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, muchos residentes permanentes acuden a sus oficinas buscando ayuda “por miedo” a ser deportados.
“No me sorprendería si algunas personas simplemente prefieren no solicitar y esperar hasta, con suerte, la próxima Administración”, dijo Velásquez.
Qué cambios vienen
De 1802 a 1981, quienes solicitaban la naturalización debían presentar dos testigos que pudieran dar fe de sus calificaciones para la ciudadanía. En 1981, el Congreso eliminó ese requisito y lo reemplazó por la investigación vecinal. Para 1991, con la llegada de la tecnología de huellas digitales, los chequeos de antecedentes se agilizaron y el gobierno dejó de exigir investigaciones en los vecindarios. Sin embargo, todavía se realizan visitas en persona en casos de sospecha de fraude matrimonial.
Actualmente, USCIS evalúa a los solicitantes mediante biometría (como huellas digitales), recopilación de firmas y verificaciones de antecedentes criminales con el FBI.
Pero eso está a punto de cambiar, reflejando el escrutinio más estricto del presidente hacia los inmigrantes. USCIS indicó que las investigaciones serán una parte importante para determinar si alguien califica para obtener la ciudadanía estadounidense. Aún no está claro cuánto costará al gobierno federal este proceso adicional.
“USCIS está trabajando para garantizar que solo los solicitantes más calificados reciban la ciudadanía estadounidense”, dijo el director de la agencia, Joseph Edlow, en un comunicado escrito. Señaló que la Ley de Inmigración y Nacionalidad ordena a USCIS “realizar investigaciones personales, y la incorporación de investigaciones vecinales ayudará a fortalecer estas indagaciones exigidas por ley para cumplir con la intención del Congreso”.
El memorando de USCIS señaló que los solicitantes de ciudadanía deberían “proactivamente” compartir cartas testimoniales de sus vecinos, empleadores y compañeros de trabajo. No incluir esas cartas en la solicitud podría activar automáticamente una investigación vecinal.
Los agentes aún tendrán la facultad de otorgar una exención tras revisar los materiales de un solicitante. De no hacerlo, los oficiales saldrán a las comunidades para entrevistas en persona.
Aún no está claro cuándo entrarán en vigor los nuevos estándares. USCIS dijo a GBH News que publicará una guía aparte en su “manual de políticas” con la fecha efectiva.
Cómo funciona la ciudadanía
Convertirse en ciudadano estadounidense no es tarea fácil, y siempre requiere primero obtener la residencia permanente.
Solo ciertos inmigrantes tienen acceso a la residencia, incluidos quienes se casan con ciudadanos estadounidenses; aquellos con hijos nacidos en EE. UU. mayores de 21 años que puedan presentar la petición; algunos titulares de visas de estudiante; inmigrantes con visas para víctimas de delitos; y trabajadores con visas de empleo cuyos empleadores estén dispuestos a apoyarlos en el proceso.
Muchos inmigrantes no califican porque están en estatus temporales que no ofrecen un camino a la residencia permanente.
Una vez con la green card y tras esperar el tiempo requerido (tres años si están casados con ciudadanos y cinco para los demás), los solicitantes pasan por la naturalización, donde deben aprobar un examen cívico, una prueba de inglés y no tener antecedentes criminales graves.
Según datos federales, unos 23,600 inmigrantes en Massachusetts se convirtieron en ciudadanos en el año fiscal 2024.
Helena DaSilva Hughes, presidenta del Immigrants’ Assistance Center en New Bedford, que ayuda con solicitudes de ciudadanía, dijo que su organización ha visto un gran aumento de personas interesadas en el proceso. Ahora le preocupa que las investigaciones vecinales desalienten a algunos de aplicar.
“Ya es un proceso muy intimidante”, comentó. Tanto el centro en New Bedford como Agencia ALPHA asisten cada año a cientos de solicitantes de naturalización.
Damaris Velásquez, cofundadora de Agencia ALPHA, estuvo indocumentada 23 años antes de convertirse en residente permanente y luego en ciudadana en 2018. La organización ofrece cursos de ciudadanía de 10 semanas, con dos horas semanales, ayuda con formularios, práctica de entrevistas, citas biométricas y acompañamiento hasta la ceremonia de juramentación. El proceso de solicitud tarda entre 4 y 8 meses, pero en personas con nombres comunes puede extenderse a más de un año.
“Vamos a empezar a decirles a nuestros clientes que existe una gran posibilidad de que si no incluimos estas cartas [testimoniales] al presentar la solicitud, más adelante se las pidan”, señaló Velásquez.
Este cambio es el segundo en agosto que busca imponer restricciones adicionales a la naturalización. El 15 de agosto, la Administración Trump ordenó a los oficiales de USCIS ir más allá de comprobar la “ausencia de irregularidades” en los solicitantes y adoptar un enfoque “holístico” para decidir si son “dignos” de la ciudadanía. Eso incluye evaluar nuevos factores para determinar si cumplen con el requisito de “buen carácter moral”, como su apego a las “normas sociales".
