El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno a testigos. La condena ha generado opiniones divididas especialmente en la comunidad colombiana de Boston, reflejando la profunda polarización que existe en Colombia sobre este tema.
La jueza Sandra Heredia determinó que Uribe pidió a su abogado que ofreciera beneficios a exparamilitares presos para que cambiaran sus testimonios y favorecieran a Uribe, afectando al senador Iván Cepeda. Además, la jueza afirmó que Uribe sabía que esta acción era ilegal.
Esta sentencia es histórica, pues es la primera condena importante contra un expresidente en Colombia. Además de la prisión domiciliaria, Uribe recibió una multa y quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos. Él anunció que apelará la decisión y actualmente está cumpliendo la condena en casa.
El proceso judicial empezó en 2012 y ha generado mucha división en el país. Uribe dice ser víctima de persecución política, mientras que sus críticos ven la condena como un avance en la justicia por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares en Antioquia.
Qué reacciones han generado los sectores políticos colombianos
En el sector político, grupos conservadores y aliados de Uribe, como el Centro Democrático, rechazan la condena, llamándola un ataque político y "dictadura judicial". Líderes como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal la ven como persecución política y han convocado movilizaciones para defender a Uribe.
La oposición y grupos que buscan mayor transparencia y justicia consideran la condena un paso importante en la lucha contra la impunidad en Colombia. Líderes como Iván Cepeda, Claudia López y senadores del Pacto Histórico consideran que la sentencia es un paso crucial que demuestra que la justicia puede llegar a personas poderosas, ayudando a esclarecer graves acusaciones y a defender la verdad y los derechos de las víctimas.
El presidente Gustavo Petro ha expresado respeto a la independencia judicial y rechazó las acusaciones de persecución política. También se ha distanciado de cualquier intento de utilizar la condena con fines electorales.
Opiniones de la comunidad colombiana de Boston
Natalia Aponte, residente de Boston desde hace casi 20 años, por lo que no vivió directamente la presidencia de Álvaro Uribe, considera que "la justicia está haciendo lo que tiene que hacer, es una pequeña victoria, aunque sea entre comillas, para Colombia".
Además, señala que esta condena representa algo para "las mamás de los falsos positivos, esos 6,000 casos y todas las personas que desaparecieron durante ese gobierno".
Con esto, Natalia se refiere a las víctimas del grave escándalo de ejecuciones extrajudiciales conocido en Colombia como los “falsos positivos”, un fenómeno que ocurrió principalmente entre 2002 y 2008, durante el mandato del expresidente Uribe. En este caso, militares mataron a civiles inocentes y los presentaron como guerrilleros para mejorar estadísticas y obtener beneficios. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se estiman alrededor de 6,400 víctimas durante este período, aunque la cifra precisa varía según las fuentes y el grado de investigación. Estas muertes fueron consideradas graves violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.
El gobierno de Uribe rechazó su responsabilidad directa, pero la JEP y otras entidades han señalado que, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tenía una responsabilidad de mando al no haber tomado medidas efectivas para prevenir estas ejecuciones. Uribe comenzó a actuar formalmente contra el problema hacia octubre de 2008, al final de su mandato.
Claudia Sierra nació en Estados Unidos, se crió en Colombia y luego regresó a la nación norteamericana. Desde joven se involucró en política y vivió de cerca la violencia de los años 80 en Colombia, presenciando desapariciones, asesinatos de compañeros y actividades de grupos ilegales cerca de su colegio.
Reconoce que inicialmente simpatizaba con Uribe, pues en el exterior se hablaba de mejoras en seguridad, pero luego cuestionó el costo humano de esa “seguridad”. Mencionó el caso con el senador Iván Cepeda y cómo investigaciones y denuncias le mostraron una cara distinta de Uribe.
“Este proceso es uno de los momentos más importantes en la historia de Colombia, conocido como ‘el juicio del siglo’. No se trata de una pelea entre derecha o izquierda, sino de reafirmar la verdad y la justicia, sin que la gente tenga miedo del poder. Uribe ha sido investigado por muchos crímenes y siempre ha salido impune, por eso este fallo es un logro enorme. La jueza, en especial, merece respeto por dejar el miedo de lado y cumplir con la justicia”, dijo Sierra.
José Luis Tovar, originario de Pitalito, en el sur del Eje Cafetero de Colombia, vive en Boston desde hace seis años, donde ha transitado de estudiar inglés a completar una maestría y trabajar en Estados Unidos.
Tovar recuerda con claridad la presidencia de Álvaro Uribe y cómo su familia vivió en zonas afectadas por grupos armados ilegales. “Cuando él comenzó hasta el final de su período presidencial hubo cambios que realmente se sentían. Muchos recuperamos nuestra libertad y la seguridad mejoró”, explicó.
Las estadísticas del Departamento Nacional de Planeación indican que durante los treinta meses de gestión del presidente Uribe la situación de seguridad en Colombia mejoró de manera notable. En 2004, la tasa de homicidios se redujo a 44,15 por cada 100.000 personas, la cifra más baja desde 1985, lo que aumentó la percepción de seguridad en ciudades como Bogotá y Medellín.
La política también generó críticas por abusos como los “falsos positivos”, el espionaje a opositores y denuncias de violaciones de derechos humanos. Aunque la violencia bajó, la pacificación del país siguió enfrentando obstáculos debido a la vigencia de las guerrillas y a las dificultades en la desmovilización paramilitar.
Aunque Tovar menciona que hubo otros aspectos que “nublan su período de gobierno”, reconoce que el país también tuvo un crecimiento económico notable durante esos años y que, en términos de datos, estos logros son difíciles de refutar. Por ejemplo, la inflación cayó más del 60%, pasando del 5.98% en 2002 al 2.31% en 2010.
Sobre el juicio contra Uribe opina que: “Soy defensor de que la justicia funcione. Si alguien es declarado culpable, debe pagar por ello, independientemente de su investidura. Pero también hay contextos y detalles legales que se deben aclarar, cómo grabaciones que desaparecieron y que son parte de las pruebas”.
El consultor advierte que el caso tiene repercusiones más allá del ámbito judicial: “Las consecuencias son negativas para el país porque genera una polarización gigantesca en la población, sobre todo con un gobierno de izquierda y Uribe representando la derecha. Muchos candidatos van a usar esto en su discurso político para las elecciones de 2026”.
Catherine Torres, inmigrante colombiana que reside en Boston desde 2021 y originaria de Villavicencio, recuerda cómo durante la presidencia de Uribe la seguridad mejoró notablemente en su país, especialmente en zonas afectadas por la violencia de grupos armados: “Cuando entró Uribe a la presidencia, las cosas empezaron a cambiar mucho en temas de seguridad. Podíamos viajar por carretera y movernos con libertad”, comentó.
A pesar de valorar los avances en seguridad y la estabilidad que percibió su familia, Torres reconoce las críticas sobre los métodos utilizados por el gobierno de Uribe: “Nunca he estado de acuerdo con todo lo que pasó, especialmente con las muertes de inocentes. El fin no justifica los medios”, aseguró. Al mismo tiempo, enfatizó la importancia de que la justicia actúe, incluso contra figuras de gran poder: “Creo que la justicia llega, de una manera u otra”.
Torres profundiza en cómo la condena de Uribe intensifica la polarización política y social en Colombia. Explicó que, más allá de la justicia individual, el caso se ha convertido en un símbolo de división, donde los debates sobre culpabilidad y mérito generan tensiones entre ciudadanos. Señaló que el fanatismo, ya sea de derecha o izquierda, distorsiona la percepción de la realidad.
Caso Judicial de Uribe y su impacto en las elecciones presidenciales de Colombia en 2026
El caso judicial de Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno podría tener un impacto significativo en las elecciones presidenciales de Colombia en 2026, dada su continua influencia política y respaldo dentro de sectores de la oposición democrática.
Aunque Uribe ha negado públicamente que se postulará como candidato a la vicepresidencia debido a su proceso judicial, sus seguidores y sus hijos impulsan estrategias para su liberación, considerando que su libertad sería decisiva para consolidar una campaña unificada. Además, el expresidente ha convocado a dirigentes políticos pese a diferencias ideológicas para articular un frente común en temas de seguridad y oposición, lo que podría configurar una coalición estratégica para las elecciones. Aunque no participará directamente, su figura y legado siguen moldeando decisiones, alianzas y la movilización política de su partido, el Centro Democrático, y sectores afines.
