Por Daniel Jackson
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SPRINGFIELD — Mientras el estado planea gastar $5 millones para brindar asistencia legal a inmigrantes que enfrentan la deportación, aún trabaja en los detalles sobre cómo se distribuirán esos fondos y quiénes serán elegibles para recibir ayuda.
El estado asignó ese dinero como parte de su presupuesto para el año fiscal 2026, una medida que fue elogiada la semana pasada por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
Los grupos —entre ellos la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts (MIRA, por sus siglas en inglés) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Massachusetts (ACLU)— señalaron que el estado dará prioridad a brindar asistencia legal a inmigrantes que ya se encuentran bajo custodia federal.
Según el comunicado, la Oficina para Refugiados e Inmigrantes de Massachusetts será la encargada de distribuir los fondos como subvenciones a organizaciones que brindan servicios legales en temas de inmigración.
Esta semana, un portavoz de la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos explicó que, aunque los fondos ya han sido asignados, la Oficina para Refugiados e Inmigrantes aún debe definir sus objetivos y establecer cómo elegirá a los beneficiarios de las subvenciones.
La declaración fue en respuesta a una pregunta del diario The Republican sobre si la asistencia legal estará disponible para los residentes del oeste de Massachusetts cuyos casos migratorios se están procesando al otro lado de la frontera estatal, en Hartford, Connecticut.
Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes recordaron la semana pasada que las personas que enfrentan procesos en tribunales de inmigración tienen resultados mucho mejores si cuentan con un abogado. Sin embargo, el sistema de cortes migratorias no garantiza el derecho a un abogado.
Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes señalaron en su declaración que los inmigrantes detenidos tienen 10 veces más probabilidades de obtener un resultado favorable si cuentan con un abogado, en comparación con quienes enfrentan el sistema solos.
Agregaron que los fondos incluidos en el presupuesto estatal se inspiraron en una legislación propuesta que busca establecer de forma permanente un sistema de asistencia legal para inmigrantes que enfrentan procesos de deportación.
El senador estatal Adam Gómez, demócrata de Springfield y patrocinador del proyecto de ley Immigrant Legal Defense Act (Ley de Defensa Legal para Inmigrantes), celebró que se haya incluido ese lenguaje en el presupuesto estatal.
Pero advirtió que aún queda trabajo por hacer.
"Ante el aumento de los esfuerzos federales de deportación masiva, es fundamental que la representación legal pueda acompañar a los clientes incluso cruzando fronteras estatales", dijo Gómez en una declaración al periódico The Republican. "Sigo comprometido a trabajar con la Legislatura y con la Oficina para Refugiados e Inmigrantes para garantizar que los inmigrantes no violentos que atraviesan procesos migratorios complejos reciban el debido proceso".
La oficina de Gómez explicó que el lenguaje del presupuesto estatal y el del proyecto de ley difieren. El nuevo presupuesto asigna $5 millones para asistencia legal en inmigración, mientras que la legislación propuesta busca establecer un fondo permanente de $10 millones.
Además, el proyecto de ley permitiría que firmas legales de inmigración puedan acceder a los fondos, mientras que el presupuesto estatal limita el acceso únicamente a organizaciones sin fines de lucro.
La propuesta de ley llamada Immigrant Legal Defense Act especifica que los fondos pueden acompañar a los residentes de Massachusetts que enfrenten procesos de deportación, incluso si están detenidos fuera del estado.
Actualmente, la asistencia legal para personas en tribunales de inmigración proviene de redes de ayuda mutua y organizaciones privadas. “Se hace con voluntarios”, dijo Laurie Millman, directora ejecutiva del Center for New Americans en Northampton.
Millman explicó que los residentes del oeste de Massachusetts con casos migratorios a veces son enviados a tribunales en Boston. Otros deben viajar hasta Hartford, Connecticut. Algunos tienen audiencias en línea.
Durante el primer mandato del expresidente Donald Trump, personas del oeste de Massachusetts organizaron un fondo de fianzas y una línea telefónica como parte de un proyecto para proteger a los inmigrantes de la región, contó Millman. Ese fondo, gestionado de manera privada, estaba disponible para residentes de Massachusetts sin importar en qué parte del país se encontraran.
Aunque el Center for New Americans ofrece clases de inglés y asistencia con solicitudes de ciudadanía, no brinda apoyo legal para quienes enfrentan procesos de deportación.
Millman dijo sentirse agradecida de que el estado esté destinando fondos para asistencia legal a inmigrantes. Ese dinero, señaló, ayudará a pagar fianzas y garantizará que los casos reciban el debido proceso, con “acceso a un derecho legal que está escrito en la Constitución”.
¿El resultado? Más familias permanecerán unidas porque será menos probable que las personas sean deportadas y los proveedores del hogar podrán seguir trabajando, dijo Millman.
Claudia Quintero, directora del Central West Justice Center, una filial de Community Legal Aid, afirmó en un comunicado que los $5 millones llegan en un momento en que la asistencia legal accesible para inmigrantes es críticamente necesaria. Dijo que espera con interés saber cómo el estado gestionará esos fondos.
“Este dinero es una inversión en la protección del debido proceso para los inmigrantes, y para cualquier otra persona que interactúe con nuestro sistema legal”, señaló Quintero en el comunicado.
