Por Simón Rios
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A medida que Massachusetts cierra casi todos los hoteles que aún funcionaban como refugios, un programa clave de subsidios de alquiler para quienes salen de estos refugios se ha quedado sin fondos.
Defensores de vivienda advierten que, si los legisladores no financian el programa HomeBASE, algunas de las más de 7,000 familias inscritas podrían enfrentarse a desalojos.
La semana pasada, funcionarios de vivienda del estado cerraron 24 hoteles que se usaban como refugios. Quedan cuatro hoteles en operación que están programados para cerrar antes de fin de mes. En el punto más crítico de la crisis de refugios del estado, Massachusetts llegó a alquilar más de 100 hoteles para albergar a familias migrantes.
El estado continúa operando refugios familiares de emergencia en espacios que no son hoteles, y algunos de los que salgan de los hoteles este mes podrían ser trasladados a esos lugares, según los defensores. Estos incluyen 91 sitios grupales y alrededor de 2,000 apartamentos subsidiados por el estado.
Otros serán ubicados en viviendas del mercado privado, con apoyo de subsidios a través de HomeBASE. Aproximadamente la mitad de las 11,300 familias que han salido de refugios en los últimos dos años y medio han recibido ayuda de este programa, que ofrece hasta $30,000 en dos años para cubrir gastos de renta.
Durante ese período, la participación en HomeBASE se ha multiplicado por cinco, alcanzando casi 7,800 familias, según datos estatales.
El estado sigue aceptando nuevas solicitudes para el programa, a pesar de que se proyecta un déficit de aproximadamente $18 millones. HomeBASE recibió $57.3 millones para el año fiscal que acaba de finalizar esta semana.
Incluso ante esta creciente escasez de fondos, las organizaciones que administran los subsidios aseguran que el programa está funcionando. Sin embargo, Chris Norris, director ejecutivo de Metro Housing Boston, expresó su preocupación por lo que podría pasar si los legisladores no abordan el déficit.
“Si se agota el dinero y termina la ayuda, los propietarios se verán obligados a desalojar a los inquilinos”, dijo Norris.
Para evitar esa situación, los legisladores tendrían que asignar más fondos a HomeBASE mediante un presupuesto suplementario, como lo hicieron el año pasado para financiar el sistema de refugios de Asistencia de Emergencia, cuyos gastos reales superaron por cientos de millones de dólares los presupuestos asignados.
"HomeBASE debería recibir el financiamiento necesario para asegurar que las personas puedan seguir viviendo en sus hogares y no regresen al sistema de refugios", dijo Chris Norris. "Debemos respetar los compromisos asumidos tanto con los propietarios que participan en el programa como con los inquilinos".
Esta semana, el estado anunció nuevos límites para HomeBASE. Se suspendió la expansión que habría permitido a los inquilinos solicitar un tercer año de ayuda, equivalente a $15,000 adicionales.
Además, se implementarán revisiones anuales de ingresos más consistentes y se mejorará la recolección de datos «para entender mejor los resultados de salida», dijo el secretario de Vivienda de Massachusetts, Ed Augustus, en un comunicado.
Los nuevos límites a HomeBASE, reportados por primera vez por el Boston Herald, llegan justo cuando el estado está cerrando dos docenas de refugios en hoteles a lo largo de Massachusetts.
La población en los refugios prácticamente se duplicó a fines de 2023, cuando miles de familias migrantes llegaron al estado. Esto llevó a Massachusetts a establecer un límite de 7,500 familias en refugios, reducir el tiempo de estadía permitido y requerir estatus migratorio legal y residencia previa en el estado.
Según datos estatales, desde que empezó 2025, el porcentaje de migrantes dentro de la población total en refugios ha disminuido considerablemente: en enero, el 53 % eran migrantes; esta semana, ese número bajó al 38 %.
Muchos de ellos podrían perder su estatus migratorio pronto. A fines de junio, la administración Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 500,000 haitianos. Defensores afirman que muchas familias haitianas albergadas en los refugios del estado contaban con TPS.
"Algunas de las personas que hemos estado ayudando... podrían ser deportadas", dijo Jeff Thielman, del Instituto Internacional de Nueva Inglaterra, una organización que ayuda a estas familias a encontrar vivienda y navegar los procesos de permisos de trabajo.
Thielman advirtió que, a partir de septiembre, quienes pierdan el TPS ya no podrán trabajar legalmente.
"El estado invirtió fuertemente en estas personas, y lo que queremos es que puedan devolverle algo a Massachusetts trabajando y pagando impuestos —y eso es lo que ellos también quieren hacer", dijo. "Pero el gobierno federal lo ha puesto muy difícil", agregó.
Los refugios en hoteles fueron gestionados por varias organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Commonwealth Care Alliance (CCA), que administró 10 centros en el área de Boston.
Lauren Easton, vicepresidenta sénior de CCA, indicó que la organización cerró dos de sus refugios en abril y los ocho restantes el lunes. Explicó que el cierre fue gradual en los últimos seis meses, por lo que la mayoría de los hoteles ya estaban vacíos para la fecha límite.
"Cada mes ayudábamos a entre 80 y 125 personas a mudarse a viviendas permanentes", dijo Easton.
Durante casi dos años, CCA albergó a unas 1,400 familias y ayudó a casi 1,000 a conseguir vivienda estable. En cuanto a las otras 400, algunas se mudaron con familiares en la zona, otras salieron del estado, y algunas incluso regresaron "probablemente a sus países de origen".
Easton agradeció a las comunidades anfitrionas: "a los sistemas escolares, a los servicios de emergencia, a los centros de salud", dijo. "Fueron los municipios, los administradores de ciudad… una colaboración y apoyo realmente increíbles".
