Hondureños locales temen el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS)

Jesús Romero está jugando con su hija Jayleen en el porche de su casa en Chelsea. Mientras ella debate si seguir jugando con su muñeca o salir al patio a patear una pelota, Romero hace todo lo posible por estar presente en el momento.

Jayleen tiene síndrome de Down y asiste a una escuela privada que apoya sus necesidades. Romero trabaja desde temprano en un centro de distribución de productos para poder pagar su educación y los demás gastos del hogar. Pero ahora, le preocupa la posible pérdida del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que le ha permitido vivir legalmente en Estados Unidos.

Este estatus legal fue creado para inmigrantes cuyos países de origen no son seguros para regresar. Las personas que desean renovar el TPS y mantener su estatus legal deben volver a registrarse con el gobierno federal, y el periodo de reinscripción más reciente está vigente hasta el 5 de julio de 2025.

La Administración de Trump no ha extendido ni cancelado el estatus, a pesar de que la fecha del 5 de julio se conoce desde hace tiempo. Esto ha dejado a decenas de miles de hondureños con TPS —incluidos al menos 2,500 en Massachusetts— esperando noticias.

“Hasta ahora, si el gobierno no responde antes del 5 de julio, entrará en vigor una extensión automática de seis meses del TPS para Honduras”, dijo Doris Landaverde del Comité de TPS de Massachusetts. “Por otro lado, si el gobierno sí responde, como ocurrió en el caso de Nepal, podrían conceder solo 60 días después de la finalización del TPS”.

Si los beneficiarios del TPS reciben una extensión automática de seis meses, esa extensión está pensada para que se preparen para salir del país, explicó José Uria, coordinador de la misma organización.

“Esos seis meses son para que las personas encuentren otro tipo de alivio migratorio o estatus, o para que salgan del país voluntariamente”, dijo. “Es una situación muy difícil y triste, porque la administración quiere cancelar el programa”.

Durante meses, la organización ha solicitado a legisladores y al Departamento de Seguridad Nacional que extiendan el programa, sin éxito.

El U.S. Citizenship and immigration Services and the Department of Homeland Security (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a la solicitud de comentarios sobre si planean extender el programa.

Romero llegó a Massachusetts en los años 80, después de que intentaran reclutarlo para una pandilla cuando era estudiante, pero él no quiso unirse.

“Aquí en Estados Unidos respetan tus derechos, los derechos humanos, por eso vine”, dijo.

Ha trabajado durante 27 años en el mismo lugar, ha tomado clases de inglés y ha criado junto a su esposa a su hijo de 21 años y a su hija de 12 aquí. Está nervioso por la posibilidad de perder su permiso de trabajo y por la posibilidad de ser separado de su familia.

“Cuando lo pienso, me da un ataque en el corazón”, dijo. “Mi hija está muy apegada a mí. No quiero pensar en la realidad de ser deportado. Una separación así... es como si se llevaran la mitad de ti, como padre”.

Dijo que le preocupa que los hondureños locales sean detenidos por no tener licencias válidas después del 5 de julio.

Los jóvenes hondureños con TPS también están ansiosos por la incertidumbre.

Jackey Baiza tenía 3 años cuando emigró a EE. UU. con su madre en 1998. Huyeron de Honduras después de que un huracán devastara el país. Ha tenido TPS por unos 27 años, dijo, renovándolo cada dos años, con los trámites y tarifas correspondientes. Es parte de Centro Presente, una organización que apoya a mujeres inmigrantes, incluidas las que tienen TPS.

“Pueden decir: ‘Ya tomamos una decisión sobre el TPS y lo vamos a cancelar de inmediato’”, dijo. “Si eso ocurre, entonces sí, inmediatamente —y todos los que tenemos TPS hondureño— pasamos a estar ilegales en este país. Perdemos nuestros permisos de trabajo. Perdemos la capacidad de mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias”.

Baiza trabaja en recursos humanos y está estudiando su licenciatura en administración de empresas en UMass Amherst. También está por obtener una certificación en recursos humanos el próximo mes.

Le preocupa que su identificación no sea válida cuando vaya a presentar el examen para la certificación, y que la pérdida de su permiso de trabajo y estatus legal pongan en riesgo su educación y su empleo.

“Vivo en un apartamento con mi hermana y mi sobrina de 4 años. Yo contribuyo en gran parte al pago del alquiler”, dijo. “Así que si ya no tengo ingresos, la vivienda se convierte en un problema para mi hermana”.

Una opción disponible para los beneficiarios del TPS que tienen hijos ciudadanos estadounidenses es que ellos soliciten la residencia permanente —o tarjeta verde— en nombre de sus padres. Para esto, la persona con TPS no debe tener antecedentes penales ni problemas migratorios.

Uria dijo que tampoco está claro si habrá un enfoque en la deportación después del 5 de julio para personas que técnicamente ya no tengan documentos válidos.

“ICE está haciendo cosas que no tienen precedentes”, dijo. “No sabemos qué va a pasar”.