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Los rumores se esparcieron rápidamente en Revere cuando la policía respondió a un accidente automovilístico en Shirley Avenue a principios de este año.
“¿Se trata de una redada?”, preguntó una mujer al entrar en Chocolaffee, una cafetería cercana. Ante la incertidumbre, la mujer decidió desviarse una milla en dirección opuesta camino a su trabajo ese día, contó Diana Cardona, quien es dueña del negocio junto a su hermana Angélica.
El estado de ánimo entre los inmigrantes en la vecina Chelsea no es menos inquieto.
Niños se agrupan después de clases en la cafetería de Tanairi García, Aloe Natural, susurrando angustiados sobre rumores de que agentes de ICE fueron vistos en vecindarios donde viven o trabajan sus padres. Algunos se encierran en el baño y salen llorando, dijo García, quien también es concejal en Chelsea.
A cuatro meses del segundo mandato de Donald Trump, el temor se ha instalado en las comunidades inmigrantes. Lo comparten tanto quienes no tienen papeles como quienes cuentan con TPS, visas de trabajo o estudio, u otros permisos legales para residir en Estados Unidos.
Aunque ciudades como Chelsea se han declarado “ciudades santuario”, comprometiéndose a no colaborar con acciones de inmigración del gobierno federal, estas promesas no alivian el miedo a la deportación entre sus residentes.
“El miedo no termina en los límites de la ciudad”, señaló el senador estatal Sal DiDomenico, quien representa a Chelsea y comunidades cercanas. Y los inmigrantes no son los únicos que viven con ansiedad.
Chelsea es una de varias ciudades de Massachusetts en la mira del gobierno federal, que busca retirar fondos a las llamadas “jurisdicciones santuario”, lo que afectaría servicios y proyectos que benefician tanto a ciudadanos como a inmigrantes.
De acuerdo con una demanda interpuesta por la ciudad para proteger su financiamiento, Chelsea recibió $14.5 millones directamente del gobierno federal en el último año fiscal, y anticipa recibir $8.5 millones este año. El presupuesto municipal es de $245 millones, de los cuales más de la mitad se destina a las escuelas.
De los 38,000 habitantes de Chelsea, el 45% nació en otro país —el mayor porcentaje de inmigrantes en el estado— y el 70% habla otro idioma además del inglés en casa. Uno de cada cinco residentes vive bajo el umbral de la pobreza. En esta comunidad obrera densamente poblada al norte de Boston, cada dólar cuenta.
En Revere, ciudad vecina al noreste de Chelsea, también se sienten estos temores. Allí, aproximadamente el 43% de sus 58,000 residentes nacieron fuera de EE. UU.
Aunque Revere no se ha declarado ciudad santuario, también corre el riesgo de perder fondos federales. Y sus residentes viven bajo la misma amenaza, mientras Trump busca cumplir su promesa de campaña de implementar deportaciones masivas.
“No importa la ciudad, el miedo es el mismo”, dijo Angélica Cardona, residente de Revere, quien llegó sin documentos en 1993 y hoy es ciudadana estadounidense.
Una situación financiera frágil
En Chelsea, las autoridades dicen que la política santuario permite que todas las personas se sientan cómodas interactuando con la policía y otros funcionarios en emergencias, temas de salud o situaciones cotidianas. Defensores de estas políticas argumentan que si los residentes, incluidos los indocumentados, no temen ser deportados al hablar con la policía o dar información, eso hace que la ciudad sea más segura.
Chelsea tiene la responsabilidad moral de proteger y atender a todos sus residentes, sin importar su estatus migratorio, dice la Concejal García.
“¿Por qué deberían tener miedo de llevar a sus hijos a la escuela?”, preguntó.
Sin embargo, le preocupa el impacto que tendría la pérdida de fondos federales si la ciudad mantiene su política santuario. Algunos recortes afectarían al Departamento de Policía de Chelsea, que regularmente recibe fondos federales para compra de equipos como chalecos antibalas. Otros impactarían programas de tratamiento de adicciones, apoyo a víctimas de delitos y testigos.
Un proyecto de revitalización del centro de la ciudad, el mayor en décadas, corre el riesgo de perder una subvención federal de $2 millones. Más de $4 millones destinados a distritos escolares de bajos ingresos también podrían desaparecer. “Ya somos una ciudad con aulas superpobladas”, dijo García. Aun así, si tuviera que votar hoy sobre la política santuario de Chelsea, ella volvería a respaldarla. “Todo tiene un efecto dominó, bueno y malo”, dijo. “Con o sin los fondos federales, como comunidad saldremos adelante”.
Todd Taylor, también concejal en Chelsea, no comparte ese optimismo. Cree que la demanda de la ciudad contra el gobierno federal “pone una espada enorme en la espalda de Chelsea”.
Taylor siempre se ha opuesto a que Chelsea sea ciudad santuario. Asegura que simpatiza con los inmigrantes, como su esposa y su madre, quienes llegaron al país buscando libertad y oportunidades. Según dijo en un comunicado tras la demanda, el país “siempre ha necesitado inmigración”, pero “en un sistema ordenado y medido” que no implique “costos sin precedentes para nuestros presupuestos estatales y locales”.
“Ya estamos en una situación financiera frágil”, afirmó. “No deberíamos arriesgar nuestra capacidad para proteger a los residentes, reparar las calles o educar a nuestros hijos solo para hacer una declaración política”.
Ninguna ciudad está exenta de recortes financieros
Las ciudades que no tienen políticas santuario tampoco están a salvo de los recortes masivos al gasto federal.
El mes pasado, la administración Trump retiró $106 millones en fondos educativos relacionados con la pandemia a más de 20 distritos escolares de Massachusetts, incluido Revere, a pesar de que tenían hasta el próximo año para gastar esos recursos.
Revere podría perder más de $4.6 millones, gran parte de los cuales estaban destinados a mejorar la calidad del aire en las escuelas, indicó el concejal Juan Pablo Jaramillo.
“No hay razón para que la ciudad sea blanco de esto”, dijo. “No se trata de inmigrantes, con o sin papeles”. Y agregó: “Eso sin siquiera ser ciudad santuario”. Jaramillo advierte que las redadas masivas pueden destruir años de trabajo por parte de las autoridades locales para construir confianza entre los residentes indocumentados, generando desconfianza hacia las instituciones públicas. “La gente dejará de llamar a la policía”, teme. “Personas enfermas que necesitan atención… tal vez no irán al hospital”. “En este país no habrá una sola ciudad que no sufra las consecuencias de la desconfianza que esta administración ha sembrado en comunidades trabajadoras como Revere”, dijo.
Jaramillo llegó desde Colombia en el año 2000, cuando tenía 7 años, sin estatus legal. Hoy, él y sus padres son ciudadanos estadounidenses. Pero recuerda una vez, cuando era niño, que su casa fue robada. Quiso llamar a la policía, pero sus padres se negaron. En ese momento, no entendía por qué. “El miedo real venía de sentirse inseguros frente al aparato de seguridad pública”, explicó. “¿A quién acudes cuando entran a tu casa?”
Esa desconfianza hacia las autoridades puede poner en riesgo a cualquier ciudad, santuario o no. En cinco años, cuando se realice el próximo Censo, los inmigrantes sin papeles necesitarán confiar en que hablar con los encuestadores no los pondrá en riesgo de deportación, dijo. Si no lo hacen, ciudades como Revere podrían terminar con menos bomberos, policías y fondos de los que realmente necesitan.
Tradición migratoria
Chelsea y Revere tienen una larga tradición como puntos de llegada para inmigrantes que buscan una vida mejor en Estados Unidos.
Chris Giannino, concejal en Revere y exoficial de policía, contó que su familia llegó a la zona a fines del siglo XIX y principios del XX, en una ola de inmigración italiana. Luego llegaron irlandeses, judíos europeos, camboyanos, laosianos, norteafricanos y latinos.
Hoy, Revere sigue siendo una ciudad diversa. Durante las fiestas, dice Giannino, su calle se llena de los sonidos, sabores y colores de diferentes culturas. “Revere siempre ha sido una puerta de entrada para distintas comunidades”, dijo.
Lo mismo ocurre con Chelsea, señaló Gladys Vega, directora de La Colaborativa y tía de la Concejal García. “Chelsea siempre ha sido una ciudad que recibe inmigrantes polacos, italianos, alemanes, judíos y ahora latinos”, dijo. “Siempre hemos sido una ciudad pequeña que abre sus puertas a los recién llegados”.
Una de esas personas es Lesly, una joven madre que llegó hace dos años desde Guatemala sin documentos. Para ella, Chelsea se siente mucho más segura que su país de origen, donde pandilleros amenazaron con matar a su hijo por un conflicto con el padre del niño.
Cuando necesitó llamar a la policía de Chelsea por una amenaza, el oficial que la atendió hablaba español. No le preguntó por su estatus migratorio, pero le explicó sus derechos como inmigrante y la ayudó a presentar una denuncia. Cuando le dio miedo salir de casa, el departamento se ofreció a patrullar cerca. “La confianza con la policía da protección a los residentes”, dijo Lesly.
El jefe de policía de Chelsea, Keith Houghton, escribió en un comunicado que el departamento se enfoca en desarrollar relaciones de confianza a través de un modelo de policía comunitaria que promueve la seguridad pública para todos los residentes, independientemente de su estatus.
Ciudad santuario o no, la ley es la misma
Todas las ciudades de Massachusetts, santuario o no, están sujetas a precedentes legales que limitan la cooperación entre policías locales y autoridades federales de inmigración (ICE). En 2017, la Corte Suprema Judicial del estado determinó que la policía no puede detener a una persona solo por petición del gobierno federal, a menos que exista una orden judicial.
En Chelsea, la policía tampoco tiene permitido preguntar por el estatus migratorio de alguien. A menos que exista una amenaza a la seguridad pública, el departamento no se involucra en temas migratorios.
Algunas personas creen erróneamente que las ciudades santuario protegen a los delincuentes, dijo Vega. Pero eso es un mito.
Vivir en una ciudad santuario no brinda inmunidad frente a la jurisdicción del gobierno federal. Arrestos por parte de ICE en lugares como Chelsea, Somerville y Boston lo demuestran.
La policía de Chelsea no interfiere con detenciones migratorias federales, ni la política municipal impide colaborar con el gobierno federal en casos graves como tráfico de drogas o crímenes violentos.
“Si hay un criminal, queremos que salga de la comunidad como cualquier otro”, dijo Vega. “Ser ciudad santuario nunca significó proteger a quienes violan la ley. Queremos comunidades seguras”.
En enero, Fox News transmitió imágenes de una serie de redadas de ICE que comenzaron frente al Market Basket de Chelsea. La operación se enfocó en personas que representaban una amenaza a la seguridad pública, dijo un vocero de ICE. Sin embargo, en uno de los departamentos visitados, los agentes detuvieron a un hombre que no era su objetivo, pero que estaba en el país sin autorización.
Los arrestos generaron un “profundo temor” en Chelsea y alrededores, señala la demanda de la ciudad, pues muchos residentes evitaron ir al trabajo, la escuela, la iglesia o incluso al supermercado.
“Me entristece que se sientan así, que se sientan perseguidos”, dijo Angélica Cardona. La mayoría de los inmigrantes indocumentados “son personas trabajadoras tratando de sobrevivir día a día”.
