En una escalada sin precedentes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) de la Universidad de Harvard que aplica a todos los estudiantes con visa F y J. Esta medida impide que la institución inscriba a estudiantes internacionales y afecta a aproximadamente 6,800 alumnos extranjeros, quienes deben transferirse a otras universidades o enfrentar la pérdida de su estatus legal en el país.
La administración Trump justifica esta acción alegando que Harvard ha promovido un ambiente inseguro en el campus, permitiendo actos de antisemitismo y colaboraciones con el Partido Comunista Chino. La universidad ha calificado estas acusaciones como infundadas y ha iniciado acciones legales para impugnar la decisión.
En respuesta, el juez federal Jeffrey S. White emitió una orden judicial que impide al gobierno federal deportar o revocar el estatus legal de los estudiantes internacionales afectados mientras se resuelve el litigio en curso.
Harvard, que cuenta con una población estudiantil internacional que representa el 27.2% de su matrícula total, enfrenta no solo desafíos legales y reputacionales, sino también implicaciones financieras significativas, ya que muchos de estos estudiantes pagan la matrícula completa sin ayudas financieras.
La comunidad académica internacional observa con preocupación este conflicto, que podría sentar precedentes sobre la autonomía universitaria y los derechos de los estudiantes internacionales en Estados Unidos.
