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Una jueza federal de Boston emitió una orden el lunes suspendiendo la decisión del gobierno federal de revocar el estatus migratorio legal de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El programa de libertad condicional humanitaria, a veces conocido como CHNV o “parole humanitario”, fue cancelado por el gobierno federal en marzo, poniendo a más de medio millón de inmigrantes que entraron legalmente en el país a riesgo de deportación el 24 de abril.
La orden de la jueza Indira Talwani pone en pausa esa cancelación de estatus sin revisión caso por caso. Abogados del gobierno federal han indicado su intención de apelar.
La presidenta del Concejo Municipal de Boston, Ruthzee Louijeune, hija de inmigrantes haitianos, asistió a la audiencia el 10 de abril. En declaraciones a los periodistas fuera de la corte, criticó a la administración Trump por ir tras "personas que se han convertido en parte de nuestras ciudades y parte de nuestras comunidades”.
Los abogados del gobierno federal habían argumentado que tal orden sería “una intromisión en el ejercicio de la autoridad discrecional de inmigración del ejecutivo”.
También dijeron que, dado al carácter temporal de la libertad condicional humanitaria, los daños contra los inmigrantes "son superados por los daños para el público" y que la secretaria de Seguridad Nacional debería poder "interrumpir un programa que ha determinado que no sirve al interés público".
En el juicio de la semana pasada, la jueza pareció ponerse del lado de los demandantes, interrogando en ocasiones intensamente a un abogado del gobierno. En un momento dado, preguntó si querían cancelar el programa porque era una iniciativa de la administración Biden.
Talwani dijo que los inmigrantes se enfrentarían “esencialmente a una opción de rehenes” el 24 de abril si no suspendía la orden de la administración: regresar al país del que huyeron o permanecer ilegalmente en Estados Unidos.
La Administración de Biden creó el programa en 2022 como una vía legal simplificada para los inmigrantes huyendo de la inestabilidad económica y política, la persecución y los desastres medioambientales en sus países de origen. Su objetivo era reducir el número de migrantes que atraviesan la frontera suroeste, donde, según las autoridades, se registró un número "sin precedentes" de intentos de cruzar sin autorización en 2022. Los cruces fronterizos se redujeron drásticamente en 2024.
Al anunciar la terminación del programa, el DHS dijo que era tanto "inconsistente con los objetivos de política exterior de la Administración [Trump]" como innecesario ahora que los encuentros en la frontera son considerablemente más bajos.
"Cualquiera que haya sido la necesidad de estos programas a finales de 2022, la situación en la frontera suroeste ahora, y el conjunto de herramientas implementadas por el DHS para disuadir la inmigración ilegal, son muy diferentes", dijo la agencia.
Durante su campaña, Trump prometió deportar a millones de personas, y como presidente ha ido estrechando las vías legales para que los inmigrantes vengan y se queden en Estados Unidos.
Guerline Jozef, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Haitian Bridge Alliance, uno de los demandantes en el caso, dijo que la narrativa de que la Administración Trump está tomando medidas drásticas solo contra criminales y personas en el país ilegalmente no se sostiene.
"Incluso las personas que tienen estatus legal, que están aquí trabajando, pagando sus impuestos, están bajo ataque", dijo.
Ciro Valiente, portavoz de la Asociación Venezolana de Massachusetts, dijo que el gobierno venezolano “encarcela, tortura y mata” a cualquiera que se le opone, y agregó que las deportaciones pondrían en riesgo a más de 117,000 venezolanos que llegaron a Estados Unidos bajo el programa.
" Si tienen que volver, podríamos entregárselos a quienes los están buscando y ellos podrían terminar o en la cárcel o en un cementerio", Valiente dijo.
