Este 24 de febrero, Chelsea y Somerville, presentaron una demanda federal desafiando los esfuerzos de la Administración Trump por obligarlas a participar en las deportaciones masivas.
“El presidente no puede usar los fondos federales como un arma para forzar a los gobiernos locales a socavar la seguridad pública y sus valores, y a participar en sus esfuerzos masivos de deportación. La demanda de hoy busca proteger a las ciudades santuario para que puedan continuar tomando decisiones sobre la seguridad pública en el mejor interés de sus residentes”, declaró Oren Sellstrom, director de litigios de Lawyers for Civil Rights.
Las dos ciudades de Massachusetts están representadas por Lawyers for Civil Rights y argumentan que las tácticas agresivas de la administración incluyen amenazar con cortar los fondos federales y procesarlas por no ceder ante la voluntad del presidente, violando sus derechos constitucionales.
Ciudades santuario en Massachusetts
Somerville y Chelsea se han identificado como ciudades santuario desde 1987 y 2007, respectivamente, adoptando políticas para proteger a los inmigrantes. Estas políticas buscan asegurar que las víctimas y testigos de delitos se sientan seguras al reportar crímenes, sin temor a que la policía local colabore con las autoridades federales de inmigración.
La alcaldesa de Somerville, Katjana Ballantyne, afirmó que los intentos del gobierno federal de presionar a las ciudades santuario no solo son un ataque a los inmigrantes, sino también a los derechos locales, la economía y la constitución. “Nuestros residentes saben que nuestra comunidad es más segura cuando la policía se enfoca en prevenir delitos y deja la aplicación de la ley de inmigración a las autoridades federales”, dijo.
Sin embargo, desde su inauguración, Trump ha emitido órdenes ejecutivas que amenazan con cortar los fondos federales a las ciudades santuario que se nieguen a utilizar recursos municipales para cumplir con las responsabilidades federales. El Department of Justice (DOJ) ha advertido sobre procesos civiles y penales en su contra mientras congela todos los fondos del DOJ; y el Department of Transportation (DOT) ha señalado que reducirá las prioridades de financiamiento en transporte para las ciudades santuario.
Reacción de los líderes Locales ante la amenaza federal
“La seguridad pública es la principal prioridad de la Ciudad de Chelsea—no podemos permitir que nuestros residentes tengan miedo de reportar delitos o interactuar con la policía local, ya que esto socava la seguridad de todos en nuestra comunidad”, dijo Fidel Maltez, City Manager de Chelsea. “La Ciudad de Chelsea ha estado firmemente comprometida con ser una Ciudad Santuario desde 2007. Somos más fuertes gracias a nuestra población inmigrante, y no permitiremos que el miedo o la desinformación nos dividan. Chelsea es una ciudad para todos, y eso nunca cambiará”, añadió.
En Chelsea, la presidenta del Concejo Municipal, Norieliz DeJesus, destacó que es vital mantener la confianza entre la comunidad y la policía local. “Nuestros residentes no deberían temer que al buscar ayuda de la policía local sus familias corran el riesgo de ser sometidas a la aplicación de la ley de inmigración”, expresó, subrayando que la demanda busca proteger este derecho.
Reacción federal a las políticas de ciudades santuario
La postura de las ciudades santuario de Chelsea y Somerville ha generado fuertes reacciones desde la administración federal. Tom Homan, exasesor de inmigración de Trump, lanzó una amenaza al comisionado de policía de Boston, Michael Cox, durante su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Homan advirtió: “Voy a ir a Boston y traeré el infierno conmigo”, en referencia a la negativa de Boston a cooperar con ICE, respaldada por la alcaldesa Michelle Wu, quien ha defendido la política santuario de la ciudad.
Wu se ha mantenido firme en su postura de no colaborar con las autoridades federales de inmigración, lo que ha generado fricciones con funcionarios como Homan. Por su parte, Cox defendió la posición de la ciudad, indicando que el Departamento de Policía de Boston actúa conforme a las leyes estatales de Massachusetts, que no exigen colaboración con ICE.
Fondos federales para Somerville y Chelsea
Chelsea recibió $14.5 millones en fondos federales para el año fiscal 2024, destinados a educación y la reconstrucción del centro de la ciudad.
Por su parte, Somerville recibió $19.4 millones en el mismo período para financiar servicios comunitarios y de seguridad pública. Estos fondos apoyan programas de seguridad vial, prevención de la falta de vivienda y campañas para reducir el consumo de tabaco y alcohol en jóvenes.
Judy Pineda Neufeld, presidenta del Concejo Municipal de Somerville, reafirmó el compromiso de la ciudad con la protección de todos sus residentes, sin importar su estatus migratorio. “Los intentos del gobierno federal de coaccionarnos a traicionar a nuestros vecinos inmigrantes son inconstitucionales, moralmente inaceptables y peligrosos para toda nuestra comunidad”, conluyó.
