Por Simón Rios y Lynn Jolicoeur
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Aproximadamente 350.000 venezolanos en EEUU se enteraron en los últimos días de que su estatus legal de inmigración está programado para expirar en dos meses. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió no renovar el Estatus de Protección Temporal para este grupo de venezolanos, afirmando que no es del interés de Estados Unidos.
El TPS está destinado a personas que huyeron de sus países debido a la violencia y otros riesgos para su seguridad.
Una inmigrante venezolana que vive en Boston y tiene TPS y es una profesora de música llamada Andreina que está luchando por obtener un nuevo estatus legal antes de la fecha límite de abril.
“Los que pagamos impuestos, los que trabajamos honestamente, los que tenemos y que gracias a eso pudimos construirnos una vida aquí es el venezolano. Es el venezolano honesto. Es el que vino escapando de una situación que poco se pueden imaginar, una dictadura de tal calibre para entenderla, solo se puede entenderlo es viviéndola”, dijo Andreina.
WBUR acordó usar solo el primer nombre de Andreina debido a su estatus migratorio.
La terminación del TPS se produce mientras el presidente Trump continúa etiquetando a los venezolanos como una amenaza. Andreina dice que eso es un estereotipo falso.
«Al ser el presidente el que utiliza esta narrativa, le da derecho al ciudadano a pie de ofendernos, de vernos como subhumanos o algo por el estilo. La diferencia entre la persona que nació aquí, y yo que nací allá, es la aleatoria de la vida”, dijo.
Julio Henríquez, abogado de inmigración y derechos humanos en Boston, dijo que la Casa Blanca está confundiendo la ley de inmigración con la ley penal, dos ramas distintas diseñadas para diferentes propósitos.
«Los inmigrantes deben ser tratados con la ley de inmigración, los criminales deben ser tratados con la ley penal», dijo. «Y la confusión de ambas es absurda y solo una excusa para criminalizar a los migrantes».
Henríquez dijo que el fin del TPS tendrá grandes repercusiones para la comunidad aquí, donde miles de venezolanos se han asentado en la última década. Calificó la decisión de «arbitraria y caprichosa».
