¿Para qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? En Texas, no hay tiempo que perder, especialmente si es para aplicar agresivas medidas antiinmigrantes. Para el gobernador Greg Abbott, el mandato de Donald Trump ya comenzó: el estado republicano (de los pies a la cabeza) está implementando políticas migratorias sacadas del mejor manual del GOP y se perfila como el “modelo a seguir” para todos los estados en la administración Trump 2.0. Sí, porque parece que si “vamos todos contra los inmigrantes” se solucionan los problemas de Estados Unidos…
Greg Abbott se pone a las órdenes de Trump
Abbott quiere tomar protagonismo en el segundo mandato de Trump y sus medidas contra los inmigrantes son la demostración más pura de lealtad y verdadera amistad. Já.
- Aunque falta más de un mes para que Trump asuma –oficialmente– su mandato, en Texas parece haber arrancado. Más muros en la frontera, instalación de boyas con alambres de púas sobre el río Bravo, terrenos para la construcción de centros de detención de inmigrantes y amenazas a los hospitales. Abbott sacó toda su artillería para aplicar unas duras políticas antiinmigrantes que podrían ser el espejo para todo el país, o eso es lo que pretende Tom Homan, el nuevo zar de la frontera de Trump. “Texas es un modelo que se puede llevar a Estados Unidos, con un éxito sin precedentes”.
Las boyas abren el camino a las agresivas medidas de la nueva administración
La semana pasada, Texas instaló boyas similares a barricadas armadas con alambre de espino en el Río Grande en Eagle Pass. Esta medida pretende establecer una frontera impermeable.
Aunque un juez ordenó su retirada con anterioridad por cuestiones legales, un tribunal de apelación permitió recientemente su reinstauración y ampliación. Las boyas se extienden a lo largo de 300 metros y plantean graves peligros humanitarios y medioambientales.
Un peligro para los inmigrantes. Los descubrimientos de cadáveres cerca de estas boyas han aumentado los temores sobre los riesgos a los que podrían enfrentarse los migrantes, haciéndose eco de las preocupaciones de los grupos de derechos humanos.
Por otro lado, las amenazas medioambientales acompañan a estas barreras, con pruebas que indican un descenso del nivel del agua y un aumento de la erosión.
Más allá del río, Eagle Pass presenta extensos tramos de alambre de espino, con Texas haciendo valer su jurisdicción frente a las reclamaciones federales. Cuando la Patrulla Fronteriza nacional retiró partes de esta barricada, Texas se impuso legalmente, poniendo de relieve las continuas tensiones con las autoridades federales.
¿Objetivos en Texas? Hacer de la frontera sur una barrera impenetrable, especialmente por ese estado, uno de los más transitados por los inmigrantes para entrar de manera ilegal al país.
Centro de operaciones de las deportaciones
Hace una semana, Abbott ofreció a Trump grandes terrenos en su estado para los centros de detenciones masivas de inmigrantes. Según explicó el gobernador, esto serviría para que los indocumentados esperen su proceso de expulsión. Además, también se puso a disposición para que su estado fuese el centro de operaciones de las deportaciones masivas.
La oficina territorial del estado, bajo la dirección de la comisaria Dawn Buckingham, identificó grandes zonas para posibles centros de detención destinados a delincuentes violentos. Esta estrategia incluye la «Iniciativa Jocelyn», llamada así por un caso local de homicidio en el que estuvo implicada una inmigrante indocumentada.
Lo peor está por venir. El 1 de noviembre, entró en vigor una orden ejecutiva que obliga a los hospitales en Texas a preguntar a las personas si son ciudadanos o indocumentados. Una política que podría expandirse más allá y que aterra a millones de inmigrantes.
Abbott ya está amenazando con quitar fondos a los hospitales que no tengan la pregunta de la ciudadanía en sus formularios de admisión. ¿Qué hay detrás de su reciente amenaza? Un video viral en TikTok en el que un doctor del Texas Children’s Hospital decía a sus pacientes que no estaban obligados a responder la pregunta. Esto deja un abreboca de cómo será la nueva administración buscará intimidar a los gobiernos locales y a las ciudades santuario con amenazas económicas y penales si no cumplen sus mandatos.
