El jueves en la noche, solo un día después de conocerse la victoria de Donald Trump, un juez federal bloqueó la política migratoria del presidente Joe Biden “parole in place” que iba a beneficiar a miles de inmigrantes.
Siguiendo la noticia. Esta medida, conocida como «parole in place» o «libertad condicional en el lugar», fue implementada por el gobierno para brindarles estatus legal y una autorización de trabajo a cónyuges de ciudadanos estadounidenses y dreamers mientras intentaban regularizar su situación migratoria.
La medida se bloqueó temporalmente tras una demanda presentada por el estado de Texas y otros 15 estados que argumentaron que esta política excede los límites de la autoridad ejecutiva.
La decisión judicial de bloquear el parole in place
El juez J. Campbell Barker, designado durante el mandato de Donald Trump, fue quien anuló la medida. Argumentó que el Congreso no otorgó al presidente Biden la autoridad para implementar tal política y que la interpretación de la ley migratoria por parte de la administración actual va más allá de lo permitido.
Entre líneas. En su fallo, el juez explicó que el propósito de la ley no admite la amplitud que la administración Biden estaba otorgando, pues otorga poderes exclusivos al Congreso para definir el alcance de las políticas migratorias.
La política beneficiaba tanto a los cónyuges como a los hijos de ciudadanos estadounidenses que habían residido en el país por al menos una década al ofrecerles protección de la deportación y la posibilidad de trabajar.
El objetivo del programa migratorio de Biden
El programa apuntaba a integrar a las familias de ciudadanos estadounidenses y a evitar la disolución de estos núcleos familiares.
Este programa, de acuerdo con estimaciones de la administración citadas por CNN, podría haber beneficiado a aproximadamente 750,000 y 800,000 personas, convirtiéndose en una de las políticas de ayuda migratoria más amplias desde la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), implementada en 2012.
La resistencia de los estados y el futuro de la política migratoria
El fallo en contra del «parole in place» refleja una tendencia en la que varios estados, liderados por Texas, buscan frenar iniciativas migratorias progresistas de la administración Biden.
La decisión judicial también subraya un panorama incierto en el que la administración de Biden enfrenta múltiples desafíos legales contra sus políticas migratorias, que algunos consideran como una flexibilización indebida de la normativa migratoria.
